Oficio Ciudadano

Este lunes, nueve de los once ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron la invalidez  de dos de las reformas legales: la de la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, las primeras por cierto, de las conocidas como el Plan B del Presidente López Obrador. Estas habían sido aprobadas antes de cuatro reformas más, que se presentaron al no lograr la mayoría calificada de legisladores para modificar la Constitución, como era la pretensión presidencial en el afán de afectar al INE.

Es de aclarar que la invalidez que la corte resolvió fue resultado de la revisión a las acciones de inconstitucionalidad que presentaron los legisladores de oposición,  al haberse violentado el proceso legislativo y omitido el principio deliberativo por la mayoría morenista, en la aprobación de las mencionadas reformas. 

Al resolver, los ministros en su mayoría actuaron de conformidad a su responsabilidad, con un sentido estrictamente jurídico y como lo reconoció el Senador Monreal, con este ejercicio se confirma la división de poderes y los contrapesos entre los mismos, reconociendo que le habían enmendado la plana al Poder Legislativo  porque éste no se apegó a las disposiciones constitucionales. 

Sin embargo, la respuesta presidencial –  magnificada por la propaganda gubernamental en los diferentes medios de comunicación-  ha sido perversa, mintiendo y manipulando la confianza de los mexicanos de buena fe que creen todo lo que su presidente les dice en las mañanas. Tanto la Consejería Jurídica como el  Secretario de Gobernación y algunos Gobernadores, así como el dirigente partidista y los legisladores morenistas, han insistido de una forma u otra en que la corte “es un poder derivado, sin legitimación popular, por lo que no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas”, o incluso, han dicho que con esta acción los ministros agreden la voluntad popular.

El presidente y su burocracia mienten a sabiendas de que la SCJN ha resuelto conforme le ordena la propia Constitución. Los ministros no actúan políticamente, como sí sucede en los otros dos poderes que han sido electos con el voto popular. Los ministros son electos por una mayoría senatorial  y su perfil y experiencia es de constitucionalistas, no de políticos. 

Pero la andanada de críticas y comentarios de mala fe se están vertiendo a diestra y siniestra, sin ton ni son, exhibiendo sus sueldos y prestaciones como una forma de estigmatizar a los ministros, promoviendo y exaltando el rechazo a las altas percepciones y prerrogativas que se encuentran muy alejadas del común de los trabajadores, aunque no de los de los senadores, diputados y secretarios de estado.

Y ahora viene el plan C anunciado por el propio Presidente. Ya ocupa las mañaneras para anunciar que va por la mayoría legislativa en las elecciones del próximo año. Sin ningún rubor, ha iniciado precampaña buscando convencer al electorado que debe darle la mayoría de los escaños a fin de que continúe su movimiento de transformación. Así que estaremos viendo y oyendo al presidente en funciones de jefe de su partido político, ignorando la investidura presidencial y promoviendo a sus candidatos, con los que espera tener mayoría calificada en el próximo Congreso de la Unión, a fin de modificar la constitución como bien le plazca.

Terrible sería que eso llegara a suceder. No debemos olvidar que el sistema de pesos y contrapesos es indispensable para no dar el poder total a una sola persona o grupo. Es fundamental conservar la división de poderes para que el poder no sea absoluto. La democracia requiere de esa división y de esos contrapesos.

Por eso insistiré en que el presidente y sus acólitos mienten falazmente al intentar desvirtuar ante la opinión pública la función de los ministros de la corte. Seguramente que el poder judicial puede requerir de una reforma de fondo y que la mejora regulatoria siempre será necesaria en las instituciones, pero no satanizando a sus integrantes ni exacerbando el ánimo ciudadano en su contra. La destrucción de las instituciones solo conviene a quien tiene afanes dictatoriales, no al pueblo, no a los ciudadanos, que requieren contar con instituciones fuertes que velen por el estado de Derecho.