Colima: la fábrica de muertos

La necropolítica es un concepto desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe en su ensayo “Necropolitics” (2003), en el cual explora la relación entre el poder y la muerte. Mbembe argumenta que los Estados y otras estructuras de poder ejercen control sobre las vidas de las personas al decidir quién debe vivir y quién debe morir. A través de esta capacidad de determinar la muerte o el abandono, los poderes políticos manifiestan su soberanía.

La necropolítica se refiere a las prácticas y decisiones políticas que regulan la exposición de ciertos grupos humanos a la muerte, el sufrimiento o la deshumanización, ya sea de manera directa o indirecta. Este concepto abarca fenómenos como la guerra, la violencia estatal, el racismo, la migración forzada y las zonas de exclusión o abandono, donde la vida es menospreciada o considerada prescindible.

Mbembe conecta su análisis con el colonialismo, la esclavitud y las políticas contemporáneas de securitización, argumentando que ciertos cuerpos o poblaciones —a menudo racializadas o marginadas— son sistemáticamente excluidos o eliminados bajo estas formas de poder.

En nuestro estado, la aplicación conceptual de la necropolítica es clara, el abandono en áreas sensibles para la vida humana es más que evidente, y mencionaré tres rubros: salud y tránsito vehicular, para profundizar en uno, la seguridad pública.

Los administradores de la muerte, a quienes en lo sucesivo denominaremos “narco” y “Estado”, disputan ferozmente su “soberanía” entendiendo esta como el medio de subsistencia política y vital, cifrada en la cuantía de cadáveres. Los narcos viven hasta que sus enemigos le permiten, de tal forma que siembran terror en el territorio marcando así los límites intransgredibles de sus adversarios criminales, además, sirve como instrumento para dominar a las masas y evitar ser molestados por el gobierno.

El Estado son los otros administradores la muerte. Convertidos en contadores de cadáveres, su labor se limita a encarcelar a unos cuantos criminales, dejando el terreno libre para que otros se empoderen y el ciclo se repite. Su permanencia en el poder (cargo burocrático) dependerá de dos factores: librar procesos electorales plagados de vicios de origen y uno que otro logro, muy menores en su mayoría.

Ahora bien, desde hace varios lustros, el narco ha permeado las estructuras de poder en Colima, los múltiples atentados y homicidios de exgobernadores, presidentes municipales, delegados federales, ombudsperson, diputados, regidores y “n” cantidad de servidores públicos, que, coludidos o en resistencia, evidencian la competencia por el gobierno que las estructuras criminales han peleado a muerte.

Es interesante reflexionar sobre el pasado proceso electoral, las personas aspirantes a candidaturas asesinados, pertenecían a partidos políticos opositores al régimen actual en Colima: Morena. Disponer de la vida de los “enemigos del Estado” fue una costumbre en épocas pasadas, por lo que dejaremos esta premisa como una asignatura pendiente de análisis.

La necropolítica en Colima disecciona vertientes olvidadas a voluntad, con la finalidad de sembrar terror en el gobernado e inmovilizar a una sociedad, para que su existencia se limite a ser contemplativa, jamás reactiva; lo hacen bien.

“El derecho soberano de matar” domina el panorama y perpetúa su estancia, afianzando sus raíces en la entidad bajo la mirada expectante de los contadores de cadáveres, pues en los hechos, el pensamiento ontológico del narco es: el Estado soy yo.

*En la fotografía: la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva en el Congreso del Estado, con motivo de las honras fúnebres del Ombudsperson, Roberto Chapula de la Mora, asesinado por un sicario frente a su domicilio.