Colima, territorio fértil para la impunidad en materia de corrupción

Cinco años después del arribo de la autodenominada Cuarta Transformación al poder, Colima continúa siendo un territorio fértil para la impunidad. La caída del PRI en 2021, después de 90 años de hegemonía, no significó el fin del viejo régimen, sino su reciclaje. Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, llegaron bajo la promesa de sanear el aparato público; sin embargo, lo que siguió fue la continuidad de la parálisis institucional, particularmente en el combate a la corrupción.

Desde el 1 de julio de 2021 —cuatro meses antes de que Morena asumiera el gobierno estatal— y hasta el 30 de junio de 2025, se presentaron mil 28 denuncias por delitos relacionados con actos de corrupción. La respuesta del aparato de justicia ha sido desoladora: solo 14 carpetas fueron judicializadas y no existe una sola sentencia condenatoria. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, lejos de ser un órgano eficaz, se ha convertido en un muro de contención para la rendición de cuentas.

La situación se agrava con la reciente discusión en el Congreso del Estado para ampliar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción. Durante el análisis, la propia Fiscalía reconoció que prescribió el 22 por ciento de las denuncias presentadas entre 2019 y 2025; es decir, alrededor de 412 carpetas quedaron en la impunidad.

Una fiscalía sin dientes

Con apenas siete agentes del Ministerio Público a su cargo, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información TRANS-0445/2025, y sin autonomía presupuestaria, la Fiscalía opera como un símbolo de la simulación institucional. Esta dependencia, creada para perseguir a quienes saquearon al estado durante los gobiernos priistas y ahora los morenistas, ha sido desactivada desde dentro. Lejos de representar un avance en la impartición de justicia, su funcionamiento evidencia una estrategia de impunidad por omisión.

Los datos muestran el nivel de tolerancia hacia la corrupción: entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 se presentaron 381 denuncias. De estas, 313 permanecieron en investigación inicial, 24 fueron archivadas temporalmente, en 16 se determinó la abstención de investigar y solo cinco llegaron ante un juez. Ninguna terminó en castigo. La impunidad fue total.

Durante ese periodo, el delito más frecuente fue el abuso de autoridad, con 158 carpetas; le siguieron los delitos relacionados con irregularidades en la procuración de justicia, con 94 denuncias, y el peculado, con 67. A pesar del volumen de señalamientos, el Estado fue incapaz —o renuente— a llevar ante la justicia a los responsables.

El patrón se repitió en 2023, cuando se abrieron 279 nuevas carpetas de investigación. Más de 220 quedaron detenidas en etapas previas; 146 fueron enviadas al archivo y otras fueron cerradas sin posibilidad de reabrirse. Nuevamente, solo cinco carpetas fueron judicializadas y ninguna obtuvo sentencia.

El abuso de autoridad continuó a la cabeza, con 128 investigaciones; le siguieron los delitos cometidos por servidores públicos encargados de procurar o impartir justicia, con 63, y el peculado, con 44. La Fiscalía también reportó un aumento en las denuncias por enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones, cohecho y tráfico de influencias. Pese a ello, no obtuvo ninguna sentencia condenatoria.

Uno de los casos que mejor ilustra el fracaso del sistema es el del exsecretario de Planeación y Finanzas Carlos Arturo Noriega García. Como titular de la dependencia durante el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, fue señalado por su posible participación en desvíos millonarios y por presuntas irregularidades en la compra, por 200 millones de pesos, de los terrenos de la antigua Zona Militar, ubicada en la calzada Galván, pese a que el predio había sido donado a la Federación.

Sin embargo, la vinculación a proceso en su contra no pasó de un trámite formal. La sanción que recibió, lejos de representar una justicia reparadora, mostró que en Colima el castigo penal es selectivo, cuando no meramente simbólico: no hubo prisión ni inhabilitación, únicamente una reparación del daño.

La narrativa oficial sobre el combate a la corrupción sufrió otro golpe en 2024, cuando el fiscal especializado Mario Ochoa García renunció al cargo el 4 de septiembre. Fue el segundo titular de esa institución que dejó el puesto en menos de cuatro años. Ochoa apenas llevaba dos años en funciones, después de haber sido designado por el Congreso a propuesta de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

Su salida abrupta pasó sin pena ni gloria en Colima. Su lugar fue ocupado por Esperanza Ramírez Vela, quien hasta ahora ha continuado con la misma lógica de parálisis institucional.

Durante 2024 se abrieron 260 carpetas. La mayoría, 190, permanece en investigación inicial, mientras que el resto fue descartado o se encuentra en pausa: 44 están en archivo temporal, en nueve se determinó no iniciar una investigación, 10 fueron canceladas y seis se remitieron a otras instancias por incompetencia. Las cifras revelan que el aparato anticorrupción está diseñado para simular que investiga mientras, en la práctica, garantiza impunidad.

En el primer semestre de 2025 se sumaron otras 108 denuncias. De ellas, solo cuatro fueron judicializadas por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades. ¿El resultado? Nuevamente, ninguna sentencia. La ineficiencia es estructural y en ella tienen responsabilidad los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción opera sin dientes ni recursos. No tiene presupuesto propio y funciona bajo el control administrativo de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Bryan Alejandro García Ramírez, señalado por su cercanía con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Según la Ley Orgánica de la Fiscalía, la institución anticorrupción no goza de autonomía financiera ni tiene capacidad propia para fortalecer su plantilla.

Sus investigaciones son realizadas por un equipo reducido y sin garantías técnicas suficientes para confrontar las redes de corrupción enquistadas en el poder político y administrativo.

Este diseño institucional no es accidental. La ausencia de resultados no se debe a la falta de denuncias ciudadanas, sino al encubrimiento sistemático desde el poder. En Colima no existe voluntad política para castigar la corrupción.

A cinco años de que Morena y sus aliados desplazaron al PRI del gobierno estatal, los compromisos de transformación se han convertido en un archivo muerto. Los números son irrefutables: mil 28 denuncias, 14 judicializaciones y cero sentencias. El mensaje para quienes abusan del poder público es evidente: en este estado, robar no tiene consecuencias.