En un entorno tan hostil como el de Colima, cualquiera puede morir. La frase del secretario de Seguridad Pública, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo —“les vamos a rajar la madre”—, dicha tras el asesinato de un policía en Coquimatlán, no suena a desahogo momentáneo. Más bien retrata a una autoridad bajo presión, reactiva, tensa. La presunción de inocencia queda, por ahora, en segundo plano.
El deterioro del tejido social ya no es una idea abstracta. Se vive todos los días. No hay colonia a salvo, ni rincón ajeno. Los grupos criminales se han asentado con facilidad en un terreno que, por acción u omisión, lo permitió. Y cuando el Estado no alcanza, se nota.
Con el tiempo, esa violencia dejó de sorprender. Se volvió paisaje. Muchos la han asumido —quizá por cansancio, quizá por resignación— como parte de la rutina. Así, casi sin advertirlo, lo anormal terminó por volverse cotidiano.
En ese contexto llega el proceso electoral. Para la mayoría, una contienda que ofrece poco, pero expone mucho. Porque el riesgo ya no está solo en las calles: empieza a colarse en la política.
Ahí están los episodios recientes en torno a la alcaldesa de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera. En más de una ocasión, personas que intentaron acercarse fueron rodeadas por grupos numerosos que, de forma organizada, terminaron por orillarlas a retirarse. No es solo una escena incómoda; es una dinámica que puede escalar.
Y lo preocupante no es únicamente que ocurra, sino que se tolere. Quien busca gobernar un estado tendría que ser el primero en evitar cualquier escenario de confrontación. No hacerlo también tiene consecuencias.
Si las tendencias no cambian, Bayardo Cabrera podría llegar a la gubernatura. Eso, en sí mismo, no es lo central. Lo que importa es el camino. Porque la forma de llegar al poder suele anticipar la forma de ejercerlo.
Colima ya vive una violencia constante como para sumar la política a ese desgaste. No sería la primera vez. En el proceso en el que José Ignacio Peralta Sánchez buscaba la gubernatura, un chofer perdió la vida el día de la elección. Detrás de ese hecho hay algo más que una cifra: una familia marcada para siempre.
Y si se mira más atrás, el país arrastra episodios aún más graves. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas sigue siendo un recordatorio de hasta dónde puede llegar la violencia política. Que su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, participe hoy en la vida pública responde a una convicción personal, no a una normalización del riesgo.
Hoy, la posible injerencia del crimen organizado en los procesos electorales ya no se susurra: se comenta abiertamente. La presencia anticipada y extendida de propaganda política en el estado deja preguntas en el aire. Negarlas, a estas alturas, resulta difícil de sostener.
Ante este panorama, la responsabilidad recae también en los partidos. Bajar el tono no es una concesión, es una obligación. El lenguaje agresivo, las descalificaciones constantes, la polarización… todo eso encuentra eco. Y a veces, ese eco se traduce en acciones que nadie controla.
Vale la pena no perder de vista lo esencial: la elección pasa, la vida sigue. No debería costarle la vida a nadie.
Mesura. Esa tendría que ser la regla.
Y para quienes buscan el poder, una idea simple: no utilicen a la gente como escudo ni como instrumento. Ningún proyecto político merece construirse sobre la violencia. Porque cuando se empieza así, difícilmente se gobierna de otra forma.
*Imagen ilustrativa.