Malas compañías
Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.
En días pasados, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva afirmó de manera sorpresiva que ya no realizará nuevas gestiones de obras o acciones de gobierno ante la Federación. Sorprende que más allá de la literalidad de la afirmación, la mandataria ya piense en el final de su gestión, cuando hay temas que registran un nulo avance respecto a noviembre de 2021, cuando inició su periodo.
Resulta muy probable que en la burbuja en que siempre se mueven los funcionarios más encumbrados, estén pensando en que realmente la Cuarta Transformación cambió por completo el rostro del estado. Es muy factible que la titular del Poder Ejecutivo en realidad considere que modificó por completo la realidad colimense.
La declaración de la mandataria colimense parece más cercana a la indolencia que a la realidad local, pues a un año de la finalización de su gobierno, más que anticipar el final de su periodo, Indira Vizcaíno tendría que pensar en cómo atenderá los enormes pendientes que todavía su gobierno no ha logrado resolver, sobre todo en materia de seguridad, salud y combate a la corrupción.
En el primero de esos rubros es claro que el autodenominado gobierno de la transformación no ha podido revertir el contexto de violencia e inseguridad que heredó de los sexenios priistas. Los más de 3 mil asesinatos cometidos durante la presente administración evidencian un fracaso del que nadie quiere hablar en el oficialismo.
Quizá por eso y por la incapacidad para encontrar soluciones, el gobierno morenista de Colima ha borrado de las prioridades en su agenda el tema de la seguridad. Ya no hay propuestas, ni soluciones y menos políticas públicas que atiendan la criminalidad. Por la complejidad que entraña, el primer gobierno de izquierda en la entidad parece haberse rendido en este tema.
Mientras que, en el rubro de la salud, Indira Vizcaíno Silva cedió por completo la responsabilidad al gobierno federal, tampoco pudo mejorar las terribles condiciones del sistema sanitario local, expoliado durante años por sus antecesores, particularmente durante la gestión de Mario Anguiano Moreno.
Con un sector en ruinas, la mandataria colimense no tuvo objeción para entregar todas las atribuciones en materia de salud al gobierno federal, aun cuando esa centralización traerá una mayor precarización de los servicios, como ya está sucediendo en el Hospital Regional Universitario, donde los pacientes tienen que esperar un turno de operación durante semanas.
Como en seguridad, en salud la mandataria colimense renunció a la posibilidad de buscar una verdadera transformación. Prefirió entregar el sector al gobierno federal y deslindarse por completo de las carencias que todos los días padecen miles de colimenses.
En materia de combate a la corrupción el escenario no es muy diferente. El primer gobierno de izquierda pasará a la historia por perpetuar y garantizar la continuidad del esquema de abusos que patentaron los gobernantes priistas. La llegada de la oposición al gobierno solo fortaleció los pactos de impunidad que protegen a los funcionarios deshonestos.
Todavía más grave, el oficialismo en Colima desmanteló el Sistema Anticorrupción, promovió la desaparición del Instituto de Transparencia y debilitó los órganos de fiscalización al colocar a incondicionales en cargos que deberían ser independientes. Como nunca se promovió la opacidad, hasta convertirse en norma gubernamental.
A pesar de que fue parte central de sus discursos de campaña, la mandataria estatal poco hizo para llevar ante los tribunales a Ignacio Peralta Sánchez, Carlos Noriega García y otros responsables del quebranto gubernamental de 2021. A lo mucho esos personajes fueron imputados por cargos menores, cifras irrisorias, cuando desaparecieron cientos de millones de pesos.
De estos y otros muchos pendientes nada habló la gobernadora Indira Vizcaíno Silva en esa entrevista donde luce satisfecha de su gestión.
Ni una palabra de los cientos de desaparecidos, ni de la descomposición institucional y social que ha promovido su gobierno asistencialista; nada del puerto de Manzanillo y la destrucción que se anticipa en beneficio de unos cuantos.
Si la gobernadora considera terminada su obra gubernamental, está en su derecho, pero con un año todavía por transcurrir en el actual periodo, no sería absurdo pensar en un mando interino que sí entienda que las necesidades y urgencias de la entidad no pueden esperar hasta que lleguen los próximos gobernantes.