Índice del estado de derecho en Colima

Columna

El puercoespín 

El estado de derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente; es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros; es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz.

Así lo definió el estado de derecho Alejandro Ponce quien realizó el estudio en México para World Justice Project. En dicho estudio se confirman las percepciones que las encuestadoras han publicado del estado de Colima. Y que se siente y respira en Colima.

En los ocho factores que se evaluaron, el estado de Colima, en dos sale mal, en tres muy mal y en tres más catastrófico. 

De acuerdo con el estudio, Colima perdió .02 puntos en relación al periodo 2020-2021 lo que lo ubica en el lugar 17 de todos los estados con un puntaje de .40 puntos cuando el promedio es de .41 puntos. Esto significa que el estado de derecho se deterioró en el actual periodo de 2021-2022.

El Índice ofrece nuevos datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de estado de derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos factores se desagregan en 42 sub-factores. Los puntajes de esta edición reflejan las perspectivas y experiencias de más de 12,800 personas en todo el país y de 2,100 especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas y bases de datos sobre estos temas (fuentes terciarias).

Los puntajes generales cayeron en 14 entidades (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), subieron en seis (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas), y permanecieron sin cambio en 12 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).

El puntaje de los límites al poder gubernamental bajó en 17 estados del país (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas) y permaneció sin cambios en 9 (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala). Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del Poder Legislativo local y del Poder Judicial para actuar como contrapesos eficaces al Ejecutivo estatal. En Colima todos hemos visto como Viridiana Valencia, en su momento, y en la actualidad Armando Reyna Magaña y sus compañeros de Morena han convertido el Congreso en un grupo de subordinados al Ejecutivo que nada hacen para mejorar los asuntos de la actividad pública. El Poder Judicial está lleno de corrupción donde los acosos hacia las mujeres y el sexo como moneda de cambio son un escándalo, el sometimiento del Poder Judicial es la lógica consecuente para que las cosas sigan igual. Lo cual deteriora el equilibrio de poderes y, básicamente, ponerle límites al Poder Ejecutivo.

Colima, particularmente en el factor de orden y seguridad, apenas si alcanza un puntaje de 0.32 puntos los que lo ubica dentro el lugar número 24 de todos los estados, lo que confirma que en Colima las policías estatales, municipales y la Fiscalía son un desastre y los números  lo confirman, no se trata ya una medición de percepción, sino también de eficiencia y logros. Colima en el factor de seguridad y orden es un desastre. Por otro lado, la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de Justicia Penal, muestra de ello es la cifra negra –los delitos que no se denuncian– la cual llegó al 93.3 % en el país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI.

En el área de la Justicia Penal cayeron los índices en 14 estados del país (Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco). Otro punto negativo del gobierno actual de Colima.

Colima se encuentra entre los estados que están deteriorando su estado de derecho y los factores más importantes que contribuyeron a ello son: un deterioro en el equilibrio de poderes, empeoramiento de la aplicaciones de planes del orden y seguridad, o sea, de los aparatos de seguridad locales y la corrupción.

Por eso en Colima el gobierno sigue en su escape constante de la existencia para no enfrentar los problemas reales. 

Las cifras y los estudios ya están demostrando lo que los colimenses vivimos a diario: descomposición de los Poderes Públicos; ineficacia se los aparatos de seguridad y el nulo combate a la corrupción.

El crecimiento de la cifra negra de los delitos –crímenes no denunciados– y la bajísima efectividad para resolver los denunciados (apenas resuelven el uno por ciento) tienen a Colima en jaque y a los colimenses al borde de un ataque de nervios.