Segob alerta reclutamiento de menores por el crimen organizado en Colima

Colima, México, Avanzada (31/01/2026).— Colima se encuentra entre las entidades del país con mayor riesgo de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, de acuerdo con el documento oficial “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México”, elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El diagnóstico federal advierte que la presencia sostenida del crimen organizado, sumada a condiciones de alta violencia, precariedad social y debilitamiento del tejido comunitario, coloca a la niñez colimense en una situación de especial vulnerabilidad.

El informe señala que el reclutamiento de menores no es un fenómeno aislado ni espontáneo, sino un proceso sistemático que responde a “estrategias diferenciadas de captación, control y utilización de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia criminal”. En el caso de Colima, el análisis identifica al municipio de Manzanillo como un punto crítico debido a su importancia estratégica y a la disputa territorial entre organizaciones delictivas. “En los territorios donde existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada, el riesgo de reclutamiento de NNA se incrementa de manera significativa”, advierte el documento.

De acuerdo con la investigación, los grupos criminales que operan en la entidad recurren tanto a mecanismos directos como indirectos para incorporar a menores de edad. Entre ellos se encuentran el ofrecimiento de dinero, empleo o protección, así como la coacción, las amenazas y el uso de la violencia contra las propias familias. El texto subraya que, en los últimos años, estas prácticas se han extendido al ámbito digital: “las redes sociales, plataformas de mensajería y espacios virtuales se han convertido en canales clave para el acercamiento, seducción y control de niñas, niños y adolescentes”.

El documento oficial detalla que el rango de edad de las víctimas va desde los 6 hasta los 17 años y que las funciones asignadas varían según la edad. En los casos más tempranos, los menores son utilizados como vigilantes, mensajeros o intermediarios, mientras que en la adolescencia se les involucra en actividades de mayor riesgo como el narcomenudeo, la extorsión, el traslado de armas o incluso la comisión de homicidios. Esta dinámica, advierte la Segob, “implica graves violaciones a los derechos humanos de NNA, afectando su integridad física, psicológica y su proyecto de vida”.

El impacto social de este fenómeno en Colima es profundo. El informe alerta que el reclutamiento de menores “contribuye a la normalización de la violencia, a la reproducción intergeneracional del crimen y a la descomposición del tejido social”, además de estar vinculado con desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y muertes de adolescentes. En ese sentido, el documento reconoce que muchos de los menores reclutados terminan siendo víctimas invisibles, ya que no existen registros completos ni mecanismos adecuados de identificación y atención.

Otro de los puntos críticos señalados en el análisis es la debilidad del marco jurídico. El estudio expone que, a nivel federal, el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado no se encuentra tipificado de manera específica como delito, lo que dificulta su persecución penal. “La ausencia de una figura jurídica clara limita la capacidad del Estado para prevenir, sancionar y erradicar esta práctica”, sostiene el documento, que plantea la necesidad de reformas legales urgentes.

Finalmente, la Secretaría de Gobernación advierte que enfrentar esta problemática en estados como Colima requiere una estrategia integral que vaya más allá del enfoque punitivo. El informe llama a fortalecer las políticas de prevención, ampliar el acceso a educación, salud y empleo digno, y garantizar mecanismos de protección y restitución de derechos para los menores afectados. “La atención al reclutamiento de NNA debe centrarse en su reconocimiento como víctimas y en la obligación del Estado de garantizar su interés superior”, concluye el diagnóstico.