Pretenden impulsar la inclusión de personas con discapacidad presupuestando 55 pesos al día

Colima, México, Avanzada (28/01/2026).- En Colima, la inclusión de las personas con discapacidad carece de una política pública sólida y de un respaldo presupuestal acorde a la dimensión del problema. El Presupuesto de Egresos 2026 refleja una asignación limitada de recursos para eliminar barreras que impiden a este sector ejercer plenamente sus derechos.

Para la realización de programas de capacitación sobre accesibilidad, que incluyen enseñanza de Lengua de Señas Mexicana, atención a personas con discapacidad, sistema de lectoescritura Braille y accesibilidad digital, el Gobierno del Estado destinó 20 mil pesos para todo el año. El monto equivale a 1 mil 667 pesos mensuales o aproximadamente 55 pesos diarios, una cifra insuficiente para implementar acciones con impacto real.

En el mismo rubro, la ejecución de programas de capacitación y divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con una asignación anual de apenas 7 mil 520 pesos, mientras que para la instalación de cajones de estacionamiento para personas con discapacidad motriz se etiquetaron únicamente mil pesos en todo el año.

Aunque el presupuesto contempla 4 millones 885 mil 869 pesos para el programa de Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad, este monto es inferior a los 5 millones de pesos que el Gobierno del Estado otorgará a la Universidad privada José Martí, una institución de carácter particular.

La escasez de recursos contrasta con la magnitud del problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del INEGI, alrededor de una de cada tres personas con discapacidad en México reportó haber sido discriminada, lo que coloca a este grupo entre los más vulnerables a la exclusión social. La discapacidad se mantiene como una de las principales causas de trato desigual en el país.

En el caso de Colima, la ausencia de presupuesto para infraestructura accesible, capacitación permanente y eliminación de barreras institucionales limita cualquier avance en materia de inclusión, aun cuando la discriminación es una realidad persistente.