Violencia sin explicación, autoridad sin respuesta

Editorial

El asesinato de dos mujeres en su domicilio, familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo ha tenido resonancia nacional por el vínculo con un funcionario federal. Sin embargo, su significado rebasa ese elemento circunstancial. El hecho se inscribe en un contexto local donde la violencia letal ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en una condición persistente. Lo que conmociona no es solo quiénes eran las víctimas, sino la evidencia de que una vida ordinaria —trabajo, familia, rutina— no constituye hoy una barrera frente al crimen.

El mensaje difundido por el secretario tuvo un tono personal, no político. Al describir a su tía como una mujer que se ganaba la vida preparando pasteles y comida, aportó un dato relevante en términos públicos: se trataba de personas dedicadas a actividades lícitas, insertas en la economía cotidiana, ajenas a escenarios de confrontación criminal. Esa precisión resulta significativa en un entorno donde la violencia suele venir acompañada de interpretaciones apresuradas que desplazan la atención del fenómeno estructural hacia las biografías de las víctimas. El centro del problema, sin embargo, no es quiénes eran ellas, sino por qué murieron en un entorno donde el Estado tiene la obligación de resguardar la vida.

Horas después, la autoridad informó que tres presuntos implicados fueron abatidos tras un enfrentamiento. El comunicado describe capacidades operativas: seguimiento mediante sistemas de videovigilancia, localización de un vehículo, aseguramiento de armas e indicios. Es la dimensión reactiva del Estado. No obstante, la eficacia de una política de seguridad no se mide únicamente por su respuesta posterior al delito, sino por su capacidad de reducir la probabilidad de que estos hechos ocurran. La reacción puede cerrar una línea de investigación; la prevención es la que modifica el entorno de riesgo.

El móvil del crimen permanece sin esclarecer públicamente. Esa ausencia de claridad no es un detalle menor. Cuando no se conoce la lógica que explica la violencia, se amplía la percepción de vulnerabilidad generalizada. No se trata solo del temor a un delito específico, sino de la idea de que cualquier hogar puede convertirse en escenario de agresión. En esas condiciones, la seguridad deja de entenderse como un derecho garantizado y pasa a vivirse como una contingencia.

En este marco, la comunicación política adquiere relevancia. La palabra de quien gobierna no es un gesto accesorio, sino parte de la conducción institucional frente a hechos que impactan a la sociedad en su conjunto. Reconocer la gravedad del contexto, ofrecer información clara y asumir la dimensión pública del problema forma parte de la responsabilidad política en materia de seguridad.

Lo ocurrido no debe analizarse exclusivamente como un caso policial con presuntos responsables identificados. Es un indicador más de un entorno donde la violencia ha penetrado la vida civil sin distinciones visibles. Cuando el trabajo honesto, la vida familiar y la cotidianidad no bastan para reducir el riesgo, la discusión deja de ser individual y se vuelve estructural.

La cuestión de fondo es si las políticas vigentes están modificando de manera verificable las condiciones que permiten esta recurrencia. Mientras la violencia mantenga esta presencia constante, la percepción social será que la protección pública es insuficiente. Y esa percepción, sostenida en hechos repetidos, termina por erosionar uno de los pilares básicos de la vida colectiva: la confianza en que el Estado puede y debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos.