¿Por qué blindar la escuela contra el narco?

Columna

El puercoespín

Históricamente, los maestros, hemos sido usados para realizar múltiples funciones por ser un sistema muy bien organizado y contar con vínculos directos y eficientes con la sociedad y, particularmente, con los núcleos familiares.

Los maestros, por mucho tiempo, formamos parte de la bien aceitada maquinaria electoral del PRI, éramos, prácticamente, la organización territorial del partido, vasos comunicantes que no se sabía, a ciencia cierta, dónde terminaban los límites entre, el mundo escolar, la organización sindical y el partido.

También fuimos, o seguimos siendo, la estructura multiusos que cobra cuotas para la Cruz Roja, auxiliar de las asociaciones civiles de la iniciativa privada, brazo socializador de los programas de salud, extensión socializadora de las comisiones de protección civil, vínculo directo de los proyectos y programas de los gobiernos federal, de los estados, los municipios y cualquier cosa que se le ocurriera a las autoridades educativa en turno. Sin olvidar las propias de la organización sindical. Por lo anterior, los maestros estamos reacios a cualquier actividad u obligación que vaya más allá de nuestras responsabilidades profesionales, docentes y académicas establecidas en nuestras obligaciones formales.

Una nueva tarea

En breve, en comisiones, el Congreso deberá discutir una iniciativa de ley para tipificar como delito el encubrimiento por parte de las autoridades educativas cuando no denuncien posibles delitos cometidos dentro del entorno escolar contra niñas, niños y adolescentes. La propuesta busca castigar con hasta ocho años de prisión a los directivos escolares y autoridades educativas que tengan conocimiento de actividades delictivas y no tomen medidas al respecto.

La reforma propuesta incluye la creación de un artículo 285 Bis que establece que aquel personal directivo y autoridades educativas que tengan conocimiento de conductas delictivas en el entorno escolar y no las reporten a la autoridad competente en un plazo de 72 horas, podrían enfrentar penas de prisión de dos a ocho años.

Además, los docentes que sean omisos en la denuncia de estos casos podrían ser sancionados con multas de hasta 51 mil 870 pesos. Se establece que se considera que las autoridades tienen conocimiento de estas conductas cuando se presente una denuncia, queja o cualquier otro mecanismo similar que informe sobre las mismas.

La iniciativa también propone la creación del artículo 285 (Código Penal), que sancionaría a quienes intimiden al denunciante o a la autoridad educativa para que no denuncie, así como a aquellos que rechacen recibir denuncias o quejas debidamente acreditadas, con penas de prisión de seis meses a tres años.

Las anteriores modificaciones al Código Penal de Colima deben establecer, con mucha precisión, que las responsabilidades deben ser principalmente de las autoridades educativas y no cargarles la responsabilidad a los trabajadores de la educación. Insisto, las responsabilidades deben de ser de las autoridades educativas, de los funcionarios de confianza, porque cargar la responsabilidad en los maestros de base sería convertirlos en delatores que quedarían en la vulnerabilidad porque, hasta donde se conoce, las autoridades educativas son las más timoratas y omisas para asumir las responsabilidades y la toma de decisiones.

Colima está transitando por casos públicos de injerencia de comerciantes de drogas en las escuelas del sistema educativo público y la autoridad local, -el pazguato secretario de Educación en los resientes casos de injerencia de los criminales en las escuelas- no ha lanzado ningún mensaje que brinde seguridad y confianza a los trabajadores de la educación y a los padres de familia de que los niños están seguros y a salvo de las drogas en los espacios educativos.

El narco en las escuelas

Michoacán nos da luz de la importancia de mantener blindadas las escuelas de los negociantes de drogas en las escuelas. Que los narcos no entren a las escuelas.

La Familia Michoacana fue un cártel que logró la hegemonía en ese estado purépecha infiltrándose en la sociedad, inicialmente, aparentando que sus intenciones eran proteger a las familias de los azotes de las drogas y la violencia de los cárteles de Sinaloa y del Golfo.

La Familia Michoacana terminó siendo el cártel hegemónico en el estado, monopolizando el mercado de las drogas, derecho de piso y secuestros.

Un caso paradigmático fue la de Servando Gómez, apodado la Tuta -preso actualmente-, quien fue maestro e inició y desarrolló sus actividades ilícitas desde su escuela.

En su libro Mirando a los ojos de la muerte, José Reveles, relata lo siguiente: “Maestro de escuela primaria, la Tuta conservaba su plaza y cobraba salario oficial de la Secretaría de Educación Pública aun cuando ya su fama pública de narcotraficante había corrido por los medios de comunicación. Cosa del surrealismo mexicano y sus usos y costumbres en materia de corrupción.”

En Colima existen claros síntomas de personal operando para el narco y las autoridades no parecen darse por enterados y los maestros y niños siguen en peligro. Nada parece conmoverlos ni ocuparlos para defender las escuelas como espacios libres del narco, sus drogas y su violencia.

Blindar las escuelas sí, pero cómo

Los maestros han externado sus preocupaciones y sus demandas. Yo estoy seguro que tanto la organización sindical y los maestros comparten la preocupación por blindar las escuelas, pero: este blindaje debe primero considerar la opinión de los docentes, pues éstos están perfectamente dispuestos a colaborar y participar; que no sea una nueva carga para los docentes; que las responsabilidades y acciones recaigan en las autoridades educativas y sea en las autoridades, precisamente, en quienes recaiga las responsabilidad de coadyuvar con los funcionarios y áreas competentes para darle protección y seguridad a los niños y trabajadores de la educación.

En síntesis, que sean los niños y los trabajadores de la educación los sujetos de la protección y el blindaje.

No deben entenderse el blindaje como considerar a los trabajadores como simples soplones y las autoridades educativas y judiciales una amenaza más para la escuela.

Iniciar la discusión seria muy sano y pondría en el centro del debate la necesidad de instrumentar políticas públicas de seguridad que pongan en el centro de las preocupaciones a los niños, sus espacios vitales y a los ciudadanos.