La jubilación fue, durante mucho tiempo, una promesa básica del Estado mexicano: trabajar toda una vida para llegar a la vejez sin miedo. Ese acuerdo se quebró en 2007, cuando el gobierno de Felipe Calderón reformó la Ley del ISSSTE y convirtió el retiro en un asunto individual, casi financiero. Pero el problema no es sólo quién tomó esa decisión, sino quién ha optado por sostenerla.
La llamada Cuarta Transformación llegó con la bandera de desmontar el modelo neoliberal. Habló de revertir injusticias, de recuperar derechos laborales, de poner al Estado del lado de los trabajadores. Sin embargo, casi veinte años después, la reforma más dura de ese modelo sigue ahí, intacta. Y pocas hay tan representativas como la que empuja a millones hacia una vejez precaria.
Con ese cambio desapareció la jubilación como derecho colectivo. En su lugar aparecieron las cuentas individuales. Cada trabajador quedó, en los hechos, solo frente a su futuro. El Estado se retiró de su papel de garante y trasladó el riesgo a cada persona.
Incluso el lenguaje cambió. Ya no se habla de jubilación, sino de “renta vitalicia”. Suena técnico, distante, pero en el fondo es simple: vivir de lo que se logró ahorrar, alcance o no. Y casi nunca alcanza. Las cifras son frías. Un docente que, tras tres décadas de trabajo, acumule un millón y medio de pesos tendrá que estirar ese dinero durante años. Si vive más de lo previsto, el fondo se agota. Y entonces queda una pensión cercana a ocho mil pesos mensuales. Ocho mil pesos para sostener medicinas, comida, vivienda, cuidados. No es retiro digno; es sobrevivencia administrada.
Lo que antes descansaba en la solidaridad ahora depende del mercado. A trabajadores con ingresos limitados se les exige actuar como inversionistas. El riesgo dejó de ser compartido: ahora es personal. Si algo falla, ya no es un problema público, sino individual.
Las consecuencias están a la vista. Muchos trabajadores, incluso aquellos que pudieron permanecer en otro régimen, eligieron —a veces mal informados— el sistema de cuentas individuales. Hoy no quieren retirarse. No por vocación, sino por miedo. Jubilarse implica empobrecerse. Así, el sistema educativo y otras instituciones envejecen sin renovación: el retiro dejó de ser meta y se volvió amenaza.
Ahí aparece la contradicción. Desde el poder se critica el neoliberalismo, pero en los hechos se administra una de sus herencias más severas. En el Congreso, en los gobiernos locales, donde predominan aliados del proyecto en turno, el discurso de justicia social convive con la permanencia de una reforma que eliminó, en la práctica, la pensión digna.
No se trata sólo de ajustar la edad de retiro. El fondo es otro: devolver certidumbre. Que trabajar para el Estado no termine en incertidumbre económica. Porque cuando un país obliga a sus maestros a temerle a la vejez, hay algo que ya se rompió.
Se habla mucho de transformación. Pero las verdaderas se miden en lo cotidiano, en lo que afecta directamente la vida de las personas. Y hoy, para millones de trabajadores del ISSSTE, envejecer ya no es descanso. Es una cuenta regresiva. Es, también, la antesala de una pobreza casi inevitable. Porque en un país como este, el dinero rara vez alcanza… y mucho menos cuando no se pertenece a la política ni a sus privilegios.