Autor: Martha María Zepeda del Toro.
En este 2026, el último año de su sexenio y en la antesala de un proceso electoral donde el poder ya no le alcanzará para definir un nuevo rumbo, la gobernadora Indira Vizcaíno ha terminado de pintar su propio retrato. No lo hizo con pinceles, sino con el acero de las vallas, el químico del gas lacrimógeno y pimienta, el rojo de la sangre derramada, el purplewashing de una realidad maquillada y el legado estético de los cuerpos intervenidos de la élite femenina gobernante.
Si su gobierno se autodefine como “feminista”, ¿por qué su primera respuesta ante la movilización de las mujeres —antes siquiera de que se griten las primeras consignas— es el blindaje con vallas metálicas? ¿De quién se protege: de las manifestantes o de la verdad que cargan sus pancartas?
Las preguntas nacen de la herida abierta: ¿Por qué Colima cerró el 2025 con la tasa más alta de feminicidios y violencia familiar en el país? ¿Por qué manzanillo es hoy el epicentro de la desaparición forzada y el homicidio doloso? ¿Por qué se invierte más en campañas de comunicación que en refugios para mujeres? ¿Por qué 7 de cada 10 personas nos sentimos inseguras en las calles? ¿Por qué los presupuestos no se destinan a mejorar el transporte público en el que nos movemos todos los días? ¿Por qué la Fiscalía persiste en criminalizarnos antes que en procurarnos justicia? ¿Por qué las madres trabajadoras que mueven el puerto más importante del país siguen sin acceso a guarderías? ¿Por qué se priorizan los espectáculos públicos sobre el acceso a la salud?
Ante la presencia histórica de mujeres en el poder —gabinetes paritarios, un Congreso con mayoría femenina y la titular del estado ¿por qué la mayoría parece salida de un mismo molde, con un lenguaje y una estética tan similares? ¿Es esta la diversidad de las colimenses o la estandarización del poder?
En la administración estatal, hemos visto una tendencia que invita a la reflexión profunda y seria: hay una nueva clase de gobernante mujeres que, en su ascenso al poder, parecen obligadas a cumplir con cánones de belleza recurriendo a cirugías que estandarizan su imagen. No se trata de juzgar la autonomía sobre sus cuerpos — derecho fundamental de toda mujer—, sino de cuestionar por qué el poder político en Colima impone una estética.
Esto genera una doble violencia simbólica: primero, envía el mensaje de que la experiencia, la trayectoria y la inteligencia de una mujer no son suficientes si no vienen acompañadas de una juventud y una simetría fabricadas; y segundo, crea una barrera de clase y raza. Si para ser una ‘mujer clave’ en el gobierno se requiere presencia física, una determinada forma de vestir, convirtiendo el capital erótico y la belleza patriarcal en un requisito no escrito, entonces el poder en Colima está cerrando la puerta a la mujer de a pie, a la activista de barrio, a la que envejece sin bisturí, a la diversidad real de las mujeres colimenses.
Este 8M, la historia recordará que el muro de acero y el gas lacrimógeno no solo protegen un edificio; resguardan una simulación y la traición de la Gobernadora feminista que te prefiere perfecta y silenciosa antes que viva y libre.