Anarquía constitucional, el régimen local

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

Malas Compañías

En franca violación a las disposiciones electorales, personajes que aspiran a diferentes cargos de elección popular iniciaron descaradas acciones de promoción personalizada, cuando falta más de un año para el inicio de las campañas por la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones locales.

Con la intención de madrugar a sus oponentes y en algunos casos a los propios rivales al interior de sus partidos, estos adelantados auspician de manera soterrada la pega de calcas, el reparto masivo de panfletos y la promoción ad nauseam de su imagen en redes sociales.

Muchos son los ejemplos, sin duda alguna el más evidente corresponde a la alcaldesa de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, quien busca convertirse en la candidata oficialista al gobierno estatal, para lo cual y a trasmano ha desplegado una burda campaña de posicionamiento en toda la entidad.

La estrategia de la presidenta municipal es sintomática, evidencia muchas cosas: ambición de poder o temor a que le agandallen la posición dentro de su partido y aliados, pero sobre todo muestra un profundo desprecio por la ley y las instituciones que regulan los procesos electorales.

El mensaje es grave. Si Bayardo Cabrera, quien además es autoridad en el presente, no respeta las reglas, es porque entiende que tiene la impunidad garantizada. Sabe que no le pasará nada, al contrario podría resultar premiada si eventualmente obtiene la candidatura que está buscando, es decir, quedará demostrado que la tranza sí funciona y es la forma de conseguir los objetivos.

Tan nociva moraleja es legitimada por la lideresa de Morena, Mitzuko Márquez, quien en el colmo de la indolencia sentencia que “todos andan en campaña”, o espeta un sesudo “no soy su mamá”, cuando se le pregunta por el proselitismo anticipado de la alcaldesa manzanillense.

Sin darse cuenta, avala que cualquier otro aspirante, incluso de partidos diferentes al oficialismo, tuerza la ley simplemente porque puede hacerlo, porque las autoridades electorales, los liderazgos políticos formales e incluso los responsables de las instituciones locales están pintados autorizan la trampa como medio efectivo para conseguir un fin.

La ley es muy clara, el Código Electoral del Estado de Colima, en su artículo 286 fracción IV, considera una violación “la realización anticipada de actos de precampaña o campaña”. No hay vuelta de hoja, la norma existe, pero se transgrede de manera sistemática.

Es doloroso que en un estado como Colima, azotado por los males de la inseguridad, la corrupción y el atraso, los gobernantes y políticos sean los primeros tramposos, los ejemplos más claros del irrespeto a las leyes y los emblemas de la corrupción. Con esos ejemplos, ¿cómo pretenden que actúen los ciudadanos?.

Las grotescas acciones de proselitismo electoral anticipados son también ofensivas, pues muestran supuestas bondades de personas que gobiernan municipios abandonados, con servicios públicos deficientes e infraestructura pública en franco deterioro.

Lo más lógico sería que de inmediato, el Instituto Electoral del Estado (IEE) emprendiera una investigación para determinar el origen de la propaganda a favor de Rosa María Bayardo; luego aplicara sanciones ejemplares que sirvan para disuadir estas prácticas que no tardan en replicar otros personajes igual de alborotados y extraviados que la presidenta municipal de Manzanillo.

Pero no será así. Tal parece que en Colima vivimos una especie de anarquía constitucional, es decir un sistema social con apariencia de legalidad y gobernanza, pero en el que se puede quebrar la ley sin consecuencias, en el que ninguna autoridad se hace responsable de nada y en el que se impera la ley del más gandalla, del que tiene menos escrúpulos y más habilidades para el cochupo.

Ahora Rosa María Bayardo, mañana cualquier otro. En el imaginario colectivo queda la certeza de que las prácticas en política y gobierno no han cambiado desde hace décadas, solamente se modifican los nombres. La alcaldesa de Manzanillo tranquilamente podría ser una política tradicional del priismo setentero, no existe ninguna diferencia en los hechos.

BREVE HISTORIA PARA CAMILA. La princesa me platica que sus compañeras de carrera que cursan semestres más adelantados, tienen que acudir tres veces por semana a escuelas públicas a impartir clases de inglés. A partir de lo anterior reflexiono: la SEP se ahorra el pago de maestros de inglés con los practicantes de la Universidad de Colima, pero además de la experiencia y la acreditación de sus prácticas profesionales, ¿los jóvenes no tendrían que ser compensados de alguna manera?. Si existe una beca del gobierno federal para quienes no estudian ni trabajan, ¿no tendría que existir otra para quienes sí estudian y sí trabajan?. Este mismo caso aplicaría para quienes realizan sus internados en hospitales públicos y tantos otros estudiantes que en los últimos años de su carrera profesional ofrecen su trabajo sin ninguna retribución, ni siquiera para el transporte o la alimentación.