Sentencia por homicidio de buscador en Guanajuato marca precedente contra la impunidad

México, Avanzada (27/03/2026).- La sentencia condenatoria dictada por la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato por el homicidio del buscador Francisco Javier Barajas Piña, ocurrido en mayo de 2021 en Salvatierra, representa un avance significativo en el acceso a la justicia y un precedente clave en los casos de ataques contra personas buscadoras en México.

El fallo, emitido el pasado 27 de febrero de 2026 por el órgano jurisdiccional a cargo del magistrado Luis Alberto Valdez López, reconoce la responsabilidad penal de los implicados en el asesinato de Barajas Piña, quien realizaba labores de búsqueda de su hermana Guadalupe Barajas, desaparecida en febrero de 2019 y posteriormente localizada en una fosa en el mismo municipio.

La resolución ha sido considerada como un mensaje contra la impunidad, tanto para la familia Barajas Piña como para el colectivo Ángeles de Pie Por Ti, así como para otros grupos de búsqueda en el país. Guanajuato es señalado como la entidad con mayor número de casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas, lo que otorga relevancia adicional al caso.

El proceso judicial se sustentó en un conjunto de pruebas que incluyó testimonios presenciales —uno de los cuales corresponde a una persona que fue desaparecida durante el desarrollo del juicio—, así como evidencia científica, entre ella la geolocalización de dispositivos móviles de los responsables y el aseguramiento del arma homicida en posesión de los detenidos.

A casi cinco años de los hechos, la sentencia también refleja el esfuerzo sostenido de los padres de la víctima, Javier Barajas y María Tránsito Piña, quienes, ante los riesgos derivados de su exigencia de justicia, se han visto obligados a desplazarse fuera del estado.

No obstante, el proceso aún no concluye. La audiencia de individualización de sanciones permanece pendiente debido a la interposición de un amparo directo por parte de uno de los sentenciados. Ante este escenario, se ha hecho un llamado al Poder Judicial de la Federación para que resuelva el recurso con celeridad y conforme a estándares de protección a personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con registros desde 2010, al menos 34 personas buscadoras han sido asesinadas en México, lo que coloca este caso como un referente en la exigencia de justicia y en la necesidad de establecer garantías de no repetición. El caso subraya un reclamo persistente: que la labor de búsqueda de personas desaparecidas no implique un riesgo mortal.