Gobierno atribuye desapariciones al crimen organizado y reconoce responsabilidad del Estado en la “Guerra Sucia”

Ciudad de México, Avanzada (27/03/2026).- El gobierno federal presentó un informe sobre la situación de personas desaparecidas en México, en el que estableció una división histórica del fenómeno y atribuyó, en su etapa más reciente, la mayoría de los casos a la delincuencia organizada, mientras que reconoció la responsabilidad del Estado en desapariciones ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia”.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de un diagnóstico detallado sobre la problemática, con énfasis en las acciones emprendidas desde el inicio de su administración en octubre de 2024 y tras las reformas legales en materia de desaparición publicadas en julio de 2025.

Al exponer el informe, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, explicó que el fenómeno de desaparición en el país puede entenderse en dos etapas. La primera, ubicada entre las décadas de 1950 y 1990, corresponde a la “Guerra Sucia”, periodo en el que —señaló— el Estado utilizó la desaparición forzada como mecanismo de represión contra opositores políticos y movimientos sociales.

La segunda etapa, indicó, se desarrolla a partir de 2006, tras el inicio de la estrategia de combate al narcotráfico, y está relacionada principalmente con la actuación de grupos del crimen organizado.

“El fenómeno representa una herida que requiere la atención más prioritaria del Estado mexicano”, sostuvo el funcionario.

Como parte del diagnóstico, el gobierno federal también cuestionó la calidad de los registros históricos de personas desaparecidas, al señalar que durante años se permitió el ingreso de información sin lineamientos claros ni verificación, lo que afectó la confiabilidad de las bases de datos.

En ese contexto, se destacó que la actual administración impulsa una nueva etapa basada en metodologías científicas y análisis de datos, así como en el fortalecimiento institucional de las tareas de búsqueda.

Entre las principales acciones, se encuentran las reformas legales publicadas en 2025, que contemplan la creación de una alerta nacional de búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, una plataforma única de identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

La presidenta también subrayó la coordinación permanente con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, a través de reuniones periódicas encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno de no utilizar a las fuerzas del Estado para reprimir a la población, en referencia al pasado histórico del país.

El caso de los 43 estudiantes de Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa será abordado en un informe específico, debido a su relevancia y características particulares, informó.

Con este informe, el gobierno busca reordenar la estrategia nacional de búsqueda y atención a víctimas, en un contexto donde la desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más sensibles y complejos del país.