El milagro de Acapulco

Columna

El Puercoespín

El Poder Legislativo desapareció 13 fideicomisos ilegales y abusivos que otorgaban privilegios a los miembros más altos de la estructura del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación los decretos aprobados por el Legislativo y, era cosa de días, para que los recursos fueran devueltos a la Tesorería de la Federación.

Acapulco trajo la solución. Acapulco dentro de su tragedia nos trajo la salvación a todos. La propuesta de donar los 15 mil millones de pesos para la reconstrucción de Guerrero abrió la puerta para una solución, justa y de Estado, donde nadie quedara como un perdedor total ni un ganador absoluto.

Ciertamente los fideicomisos ya no le pertenecen a la Poder Judicial legalmente. Tomar la decisión, por la Suprema Corte, la mete en el juego de plantarse frente a la sociedad como un Poder que no es ni intransigente ni abusivo, lavarse la cara. La verdad se dieron una nueva oportunidad, sensata, por cierto.

La argumentación de la ministra presidenta es políticamente impecable, textualmente sostiene: “Trabajamos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”

Digo que su argumento es políticamente impecable porque según una encuesta del periódico El País: el 51 % de los mexicanos están por la desaparición de los fideicomisos; el 58 % considera que el Poder Judicial gasta mucho más de lo que debiera para cumplir sus funciones; el 56 % cree que el Poder Legislativo tiene razón al imponer austeridad en el gasto; y el más importante, el 62 % no le tiene confianza a los jueces y su desconfianza va en creciendo.

Con base en la encuesta de apreciación el Poder Judicial está buscando ser empático con el pueblo de México y reducir la distancia que existe entre éste y la Suprema Corte, y que mejor momento que hacerlo en una situación de emergencia y donde se puede ser solidario con un impacto tangible, distribuir recursos y bienes concretos.

Además, su desaparición no afecta a los trabajadores en sus derechos y prestaciones, pues todos los recursos que necesitan para sus sobresueldos están contenidos en el presupuesto original del Poder Judicial.

Los argumentos de la derecha quedaron hechos añicos. Decían que sin esos fideicomisos no sería posible el funcionamiento del poder judicial, además argumentaban la perdida de derechos legítimos de los trabajadores y nada de eso resultó cierto.

Pero hoy, lo importante es que Poder Judicial abre la puerta de la negociación y rompe la tensión con los otros dos poderes de la República.

Y Guerrero podrá contar con 57 mil millones de peso para su reconstrucción: 18 mil millones del Fonden, 5 mmdp de seguros catastróficos, casi 9 mmdp de bonos de desastres severos, 10 mmdp de líneas presupuestales y los 15 mil millones de pesos del Poder Judicial (fideicomisos).

 Si el Poder Judicial no pone trabas para una buena negociación para su aplicación estaría inaugurándose una nueva etapa de relación política entre el gobierno y la oposición. Una nueva relación que, podría ser benéfica, para ambos polos políticos que tendría sus consecuencias en la totalidad de la política nacional.

El mecanismo de vigilancia y aplicación de los recursos de los fideicomisos es simple. Se trata de integrar una comisión de vigilancia tripartita donde convergerían los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Por otro lado, del presupuesto de 81 mil millones de pesos debe de aportar, el Poder Judicial, entre 2 mil a 3 mil millones de pesos que se destinarían a becas para estudiantes de primaria.   

Ojalá y los partidos políticos, aglutinados en el Frente Amplio por México, no tomen la postura de dinamitar esta negociación política y continúen con su política de polarización. El PAN y el PRI, principalmente, hasta las 10.30 p.m. no habían dicho nada públicamente.

Quienes han reaccionado al potencial acuerdo son el senador Emilio Álvarez Icaza y Javier Lozano, ambos en posiciones encontradas. El primero a favor del acuerdo y la transferencia de los recursos hacia Acapulco y lo expresó así “La ministra presidenta de la SCJN del Poder Judicial, Norma Piña, está dispuesta a dialogar con el Ejecutivo aun y cuando sean ocurrencias.” Y, el segundo, totalmente en contra y lo comunicó así a través de Twitter “De verdad, ya vale madre todo. Si la propia SCJN no sabe defender el patrimonio y derechos adquiridos de sus trabajadores y cae en la mezquina trampa del presidente, nosotros quedamos como alcahuetes. A ver cómo salen de la bronca en la metió su ´Ministra Presidenta´.”

Un tercer actor en contra es Juan Fernando Luevano, juez del Distrito XII de Chihuahua, que otorgó una suspensión provisional para detener la entrega o transferencia de los fondos contenidos en los 13 fideicomisos, con base en el amparo interpuesto por María del Carmen Cordero Martínez jueza chihuahuense.

El juez del Distrito XII de Chihuahua al conceder al amparo revive el afán confrontativo del Poder Judicial de transitar por las vías de la ilegalidad al tramitar amparos frene a sí mismos. Lo que los convierte en juez y parte. El cinismo a su máxima expresión.

 Esta línea confrontativa inicia la construcción meta legal de un super poder sobre los otros dos. Técnicamente está facción del Poder Judicial pretende continuar y ahondar la vía golpista, pues pretenden continuar con el desconocimiento de las facultades y ámbitos de competencia del Poder Legislativo como ya lo vienen haciendo, como en los casos del salario superior al del presidente que viola palmariamente la Constitución de la República. Está ruta, insostenible políticamente e insustentable legalmente, no pretende la defensa de la legalidad sino la búsqueda ambiciosa de convertir al Poder Judicial en un superpoder por encima de los poderes Legislativo y Judicial.

El camino de la confrontación y el golpe de Estado técnico pondrá a prueba el nivel de control que tiene Norma Piña en el Poder Judicial. Eso pronto se sabrá.

Algunos impactos inmediatos que provocó esta potencial negociación: la huelga de los trabajadores quedó, como lo apreciaron desde el inicio los ciudadanos, como una huelga de tontos útiles al servicio de los poderosos de la Corte y los ciudadanos que los apoyaron en el ridículo; Olga Sánchez Cordero como una corrupta que en los momento decisivos opta por la corrupción; las asociaciones de abogados, los silenciosos cómplices, lo que no abrieron la boca a favor de los ciudadanos quedaron exhibidos como partidarios del poder vertical y al servicio incondicional de los ostentadores del poder.

Lo cierto es que el Poder Judicial precisa de una gran reforma que debe darse lo más pronto posible. Eliminar los privilegios de todos los miembros del servicio público es una tarea que tiene largo camino por recorrer todavía.

El milagro de Acapulco está en vilo. Su concreción todavía precisa de mucho oficio político. La oportunidad de la política está tocando a la puerta.

*Imagen tomada de redes sociales.