La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que los servidores públicos autorizaron, mediante un convenio y un dictamen jurídico sin justificación, pagos de rentas e intereses moratorios por la ocupación de una parcela.
Colima, México, Avanzada (16/11/2026).— Dos funcionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo fueron inhabilitados por 10 años y sancionados con una indemnización solidaria de 33 millones de pesos, luego de que se acreditaron irregularidades administrativas que ocasionaron un daño al erario por ese monto, informó este lunes la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México.
Los servidores públicos sancionados fueron identificados como Javier S. y Hernán C., adscritos a las gerencias de Administración y Finanzas y Jurídica, respectivamente. De acuerdo con la dependencia federal, las irregularidades ocurrieron en 2017, cuando el primero suscribió un convenio y el segundo emitió un dictamen jurídico sin justificación jurídica para cubrir pagos de rentas e intereses moratorios por la ocupación de una parcela a favor de una ciudadana.
La Secretaría precisó que estas actuaciones ocasionaron un perjuicio económico de 33 millones de pesos al erario, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso a ambos funcionarios una inhabilitación de 10 años, además de la obligación solidaria de indemnizar el daño causado. La resolución fue incluida en el comunicado número 128, difundido este 16 de noviembre, en el que el Gobierno federal dio a conocer sanciones contra servidores públicos de distintas instituciones.
En el mismo documento, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó de otra sanción relacionada con Asipona Manzanillo. Se trata de Alfonso G., integrante de la Gerencia Jurídica, quien fue inhabilitado por un año debido a que en 2025 incurrió en faltas de respeto hacia una subordinada. Esta conducta fue incluida entre las faltas administrativas no graves sancionadas por las autoridades federales.
El comunicado no precisa la ubicación de la parcela involucrada en el daño patrimonial de 33 millones de pesos, la identidad de la ciudadana beneficiaria ni las condiciones específicas del convenio suscrito en 2017. Tampoco informa si los recursos públicos afectados ya fueron recuperados o si la indemnización impuesta a los dos funcionarios ha sido cubierta.
Las sanciones forman parte de las resoluciones anunciadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra 82 personas servidoras públicas, una persona particular y una empresa, con destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y sanciones económicas que, de acuerdo con el comunicado oficial, ascienden a 175 millones de pesos. La dependencia señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que, en caso de hacerlo, defenderá las determinaciones ante las instancias correspondientes.