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COLIMA

Seis años después, Fiscalía no informaba a familia dónde investigaba desaparición

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Fiscalía General del Estado de Colima
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La madre y la hermana de un hombre desaparecido en Tecomán enfrentaron falta de información, traslados innecesarios y ausencia de medidas de protección documentadas. La Comisión de Derechos Humanos exigió una disculpa pública y la investigación de posibles responsabilidades administrativas.

Colima, México, Avanzada (18/11/2026).— Después de más de seis años de haber denunciado la desaparición de un hombre en Tecomán, su madre y su hermana fueron informadas verbalmente de que la carpeta de investigación ya no se encontraba en ese municipio, sino en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE), sin que existiera constancia de una notificación formal previa sobre el traslado del expediente.

La irregularidad fue documentada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) en su Recomendación 01/2026, emitida el 22 de septiembre, en la que acreditó violaciones a los derechos humanos de ambas mujeres por las deficiencias en la atención y el seguimiento de la investigación relacionada con la desaparición de su familiar, denunciada el 10 de marzo de 2020.

El organismo señaló que, hasta el 17 de julio de 2026, la Fiscalía no había acreditado haber informado oportunamente a la familia sobre el cambio de sede de la investigación. La omisión dificultó que las mujeres conocieran qué oficina estaba a cargo del caso, ante quién podían aportar información y dónde debían solicitar avances de las diligencias.

La Comisión también determinó que no existió una comunicación sostenida, escrita u oral, de la Fiscalía con las familiares del desaparecido. Según la revisión del expediente, la autoridad se limitó a entregarles copias de la denuncia en 2020, sin acreditar mecanismos que garantizaran información continua, comprensible y actualizada sobre la búsqueda o el acceso a la totalidad de las actuaciones.

La situación se agravó en julio de 2026, cuando las mujeres, quienes ya residían fuera de Colima, acudieron a una diligencia de inspección de la carpeta programada para el día 17. Sin embargo, ésta no pudo desahogarse por impedimentos jurídicos y materiales atribuidos a la Fiscalía, por lo que debieron permanecer en la entidad hasta el 21 de julio, fecha en que se practicó una nueva revisión del expediente.

La CDHEC advirtió que los traslados y la permanencia de las familiares en Colima implicaron gastos, sin que la autoridad hubiera justificado la necesidad de su presencia ni adoptado ajustes para evitarles mayores cargas económicas. También encontró que no existían medidas de protección dictadas a su favor, a pesar de que habían cambiado su residencia a otra entidad.

En su resolución, el organismo precisó que las instituciones encargadas de la investigación y búsqueda tienen la obligación de mantener informadas a las víctimas indirectas y garantizar su participación, pero sin trasladarles la responsabilidad de localizar a sus familiares. Además, advirtió que la ausencia de información y de acompañamiento institucional puede profundizar las afectaciones físicas, emocionales y económicas que enfrentan las familias.

Ante las violaciones acreditadas, la Comisión recomendó a la Fiscalía colaborar con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para orientar a las mujeres en su inscripción al Registro Estatal de Víctimas y en el procedimiento para determinar una posible compensación por daño moral. También solicitó cubrir los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación relacionados con el seguimiento de las diligencias, conforme a la ley.

La recomendación incluye ofrecer atención psicológica gratuita, especializada y con consentimiento de las víctimas, así como elaborar un análisis de riesgo para determinar si corresponde otorgarles medidas de protección, considerando el contexto del caso y su desplazamiento fuera del estado.

Entre las medidas exigidas destaca la emisión de una disculpa pública dirigida a la madre y la hermana para reconocer las violaciones a sus derechos humanos. Asimismo, la CDHEC recomendó iniciar un procedimiento de investigación para establecer las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados y aplicar las sanciones que, en su caso, correspondan.

La resolución también solicita un programa de capacitación para el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas, con énfasis en derechos humanos, trato digno, seguridad jurídica y atención a mujeres buscadoras.

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