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COLIMA

Fiscalía tardó diez meses en solicitar videos de un desaparecido en Tecomán

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La Comisión de Derechos Humanos documentó que el Ministerio Público no agotó los requerimientos al C5i, duplicó una diligencia de identificación y dejó pasar más de cinco años sin obtener una muestra genética de una familiar.

Colima, México, Avanzada (18/11/2026).— La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) tardó diez meses en solicitar grabaciones de cámaras de videovigilancia relacionadas con la desaparición de un hombre en Tecomán y no documentó actuaciones posteriores suficientes para atender los requerimientos del C5i, según la Recomendación 01/2026 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).

La desaparición fue denunciada por la madre de la víctima el 10 de marzo de 2020. Sin embargo, fue hasta el 21 de enero de 2021 cuando el Ministerio Público elaboró el oficio 915/2021, dirigido al C5i, para solicitar grabaciones de cámaras ubicadas en las inmediaciones de una ladrillera rumbo a la localidad de Laguna de Alcuzahue, en Tecomán. El organismo advirtió que la demora pudo comprometer la disponibilidad del material, debido a los periodos de conservación de los sistemas de almacenamiento.

La Comisión documentó que el C5i respondió mediante distintos oficios que no encontraba coincidencias en la base de datos del 911 y que necesitaba información adicional para proporcionar las grabaciones. No obstante, en la carpeta de investigación no localizó constancias de que el Ministerio Público hubiera atendido ese requerimiento ni realizado nuevas actuaciones para superar el impedimento informado por la institución. La deficiencia también fue señalada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que intervino en el caso mediante la Acción Urgente 1462/2022.

Las irregularidades no se limitaron a la búsqueda de grabaciones. La CDHEC encontró que transcurrieron más de cinco años desde la presentación de la denuncia sin que se practicara una toma de muestra de sangre a la hermana del desaparecido para su eventual cotejo con perfiles genéticos. El organismo también señaló que no existía constancia de que se le hubiera informado debidamente sobre la utilidad de la diligencia, el consentimiento requerido y el procedimiento de identificación humana.

Otro error ocurrió con la aplicación del protocolo ante mórtem a la madre de la víctima. El cuestionario fue realizado el 26 de mayo de 2021, pero el 6 de abril de 2022 volvió a solicitarse, además de notificarse en un domicilio incorrecto. El 17 de mayo de ese año, el área encargada reconoció que el procedimiento ya se había efectuado y que no correspondía repetirlo. La Comisión consideró que estas actuaciones retrasaron el desarrollo de otras diligencias encaminadas a la localización.

Durante la inspección de la carpeta, el organismo tampoco encontró evidencia documental de coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima y la Comisión Nacional de Búsqueda, ni constancias de una inspección puntual en el sitio donde presuntamente ocurrió la privación de la libertad, cerca de un fraccionamiento cuyos datos fueron reservados en la versión pública de la recomendación.

La CDHEC también observó falta de seguimiento a información proporcionada por los familiares y señaló que diversas solicitudes enviadas a autoridades y particulares carecían de respuestas documentadas. En lugar de una estrategia con resultados verificables, identificó actuaciones consistentes principalmente en requerimientos esporádicos de información, sin un cronograma que permitiera evaluar el avance de la investigación.

El organismo determinó que estas deficiencias vulneraron derechos humanos relacionados con el debido proceso, el acceso a la justicia, la verdad y la obligación estatal de buscar a las personas desaparecidas. Por ello, recomendó subsanar los actos de investigación deficientes, agotar las líneas disponibles y elaborar un plan que establezca coordinación entre las áreas ministeriales, policiales, periciales y de búsqueda.

Al cierre de la investigación realizada por la CDHEC, más de seis años después de presentada la denuncia, la carpeta continuaba en etapa de investigación inicial y no se había esclarecido el paradero del hombre. El documento no acredita quién cometió la desaparición ni establece que las grabaciones solicitadas hayan sido destruidas; sí documenta los retrasos y las omisiones identificados en la actuación ministerial.

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