La gobernadora aseguró que las restricciones ambientales deben dar tranquilidad a los colimenses y cuestionó las advertencias sobre daños irreversibles. Sin embargo, la autorización federal contempla la eliminación de manglares y posibles alteraciones en la circulación del agua de la Laguna de Cuyutlán.
Colima, México, Avanzada (18/11/2026).— La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, restó importancia a las advertencias sobre posibles daños ambientales irreversibles derivados de la construcción del nuevo puerto de Manzanillo, al considerar que las restricciones impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deben dar tranquilidad a la población. Sin embargo, la autorización federal permite remover hasta 16.273 hectáreas de manglar y reconoce riesgos de alteraciones en el funcionamiento ecológico de la Laguna de Cuyutlán.
Durante los Diálogos por la Transformación de este miércoles, la mandataria sostuvo que algunos grupos han difundido un mensaje equivocado sobre las consecuencias ambientales del proyecto. “De pronto creo que se ha querido mandar por algunas personas o grupos un mensaje equivocado sobre que se está generando un daño ambiental irreversible, complicado, etc.”, expresó. Añadió que las condiciones establecidas por Semarnat permiten tener tranquilidad respecto del control de los dragados, la circulación del agua, la restauración de manglares y la protección de la fauna.
No obstante, el resolutivo SRA/DGIRA/DG-07904-26, fechado el 30 de septiembre de 2026, autoriza de manera condicionada la primera fase del proyecto, que comprende una superficie de 682.16 hectáreas en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán. Dentro de esa extensión, se contempla la remoción de 16.273 hectáreas de manglar y 45.352 hectáreas de vegetación secundaria de selva baja caducifolia, para un total de 61.625 hectáreas de cobertura vegetal. La autorización también comprende obras de dragado, canales de navegación, dársenas e infraestructura terrestre.
La evaluación ambiental reconoce que los dragados, rellenos y plataformas modificarán las condiciones hidrológicas del sistema lagunar. Entre los riesgos identificados se encuentran cambios en la circulación del agua, alteraciones en los procesos de sedimentación, mayor permanencia del agua en determinadas zonas y posibles condiciones de menor oxigenación, con consecuencias para la biodiversidad acuática. Por ello, Semarnat impuso medidas de prevención, mitigación, restauración, compensación y seguimiento ambiental, cuyo cumplimiento será determinante para evaluar los efectos de las obras.
Durante su intervención, Vizcaíno Silva señaló que la superficie intervenida será de aproximadamente 60 hectáreas, mientras que las obligaciones ambientales abarcarán más de 115 hectáreas, prácticamente el doble. Sin embargo, la cifra de 60 hectáreas se aproxima a la extensión de vegetación cuya remoción fue autorizada y no representa la superficie total de 682.16 hectáreas comprendida en la primera fase. Además, restaurar o compensar una extensión mayor no demuestra, por sí mismo, que puedan recuperarse todas las funciones ecológicas del manglar eliminado o evitarse las alteraciones hidrológicas previstas.
La gobernadora también presentó como una garantía adicional de conservación el procedimiento para declarar Área Natural Protegida una superficie cercana a 197 mil hectáreas en el entorno de la Laguna de Cuyutlán. No obstante, lo publicado el 17 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación fue un aviso para poner a consulta el estudio justificativo de una eventual declaratoria sobre 197 mil 337 hectáreas, no el decreto definitivo de protección. Mientras esa declaratoria permanece en trámite, la primera fase del nuevo puerto ya cuenta con autorización ambiental condicionada.
La resolución federal también establece que la segunda etapa del proyecto, prevista hacia 2050, deberá someterse a una nueva evaluación ambiental y no puede ejecutarse con el permiso actual. Asimismo, exige a la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo implementar un plan integral de gestión y seguimiento ambiental, además de atender las posibles afectaciones a pescadores, salineros y otros usuarios tradicionales de la laguna. De esta manera, aunque la gobernadora sostuvo que existen condiciones para mantener el equilibrio entre el desarrollo portuario y la protección del medio ambiente, la efectividad de esas medidas todavía tendrá que demostrarse durante la ejecución y operación de las obras.