Semarnat autoriza nuevo puerto de Manzanillo y permite afectar 16 hectáreas de manglar

La dependencia federal aprobó de manera condicionada la primera etapa del proyecto en la Laguna de Cuyutlán, que contempla intervenir 682 hectáreas. La segunda fase quedó sin autorización y se requerirán permisos adicionales para ejecutar determinadas obras.

Colima, México, Avanzada (13/11/2026).— La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de manera condicionada la construcción de la infraestructura básica del nuevo puerto de Manzanillo, en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán, y permitió la remoción de hasta 16.273 hectáreas de manglar y 45.352 hectáreas de vegetación secundaria de selva baja caducifolia durante la primera etapa del proyecto.

La decisión está contenida en el oficio SRA/DGIRA/DG-07904-26, fechado el 30 de septiembre de 2026, mediante el cual la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió favorablemente la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (Asipona). El documento, integrado por 975 páginas, establece que la primera fase abarcará 682.16 hectáreas y contempla el dragado de canales de navegación y dársenas, la preparación de plataformas para futuras terminales portuarias, vialidades, infraestructura ferroviaria y otras instalaciones de apoyo.

Aunque la dependencia federal consideró ambientalmente viable el proyecto, su resolución reconoce que las obras implicarán la eliminación de vegetación y modificaciones al ecosistema lagunar, por lo que estableció medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación ambiental. La superficie total de manglar contemplada para las dos fases del proyecto asciende a 23.203 hectáreas; sin embargo, Semarnat únicamente permitió intervenir 16.273 hectáreas durante la primera etapa y dejó sin autorización la remoción de las 6.93 hectáreas restantes.

El resolutivo también establece que la segunda fase, prevista para 2050, no podrá ejecutarse con la autorización actual. La dependencia argumentó que las condiciones ambientales de la Laguna de Cuyutlán podrían modificarse durante los años de operación de la primera etapa, por lo que Asipona deberá presentar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental antes de iniciar esas obras. La autorización vigente tendrá una duración de siete años para la preparación del sitio y construcción de la primera fase, contados a partir de que surta efectos su notificación, y de 50 años para su operación.

Durante el procedimiento de consulta pública, Semarnat recibió 57 escritos ciudadanos que fueron clasificados en 46 temas relacionados con los posibles impactos del proyecto. Entre los cuestionamientos se encuentran las alteraciones a la circulación del agua, el dragado, la disposición de sedimentos, la pérdida de manglar, las afectaciones a especies protegidas y las consecuencias para pescadores, salineros y acuicultores. La autoridad también documentó observaciones sobre la suficiencia de las medidas de mitigación y los posibles efectos acumulativos de las obras portuarias.

En respuesta, Semarnat impuso a Asipona la obligación de elaborar e implementar un Plan Integral de Gestión Ambiental y Seguimiento Adaptativo del Sistema Lagunar Laguna de Cuyutlán, además de medidas dirigidas a los sectores productivos afectados. La resolución establece que, antes de iniciar obras que ocasionen restricciones o pérdida de acceso al vaso II, deberán presentarse las medidas correspondientes para pescadores, salineros y otros usuarios tradicionales. También exige proponer una medida compensatoria para los sectores productivos directamente afectados mientras se implementa el programa integral.

La aprobación ambiental no significa que todas las obras puedan ejecutarse de inmediato. Asipona deberá obtener las autorizaciones adicionales que correspondan, entre ellas las relacionadas con el cambio de uso de suelo forestal, la ocupación de zona federal y el vertimiento del material dragado. Además, la resolución no autoriza la construcción ni operación de las futuras terminales portuarias a cargo de concesionarios, quienes deberán tramitar sus propias autorizaciones ambientales. De esta manera, el Gobierno federal permitió avanzar con la primera fase del nuevo puerto de Manzanillo, pero condicionó su ejecución al cumplimiento de las obligaciones establecidas para intervenir uno de los principales ecosistemas costeros de Colima.