La dependencia federal ordenó evaluar la reubicación de zonas pesqueras del vaso II de la Laguna de Cuyutlán y establecer medidas para garantizar la continuidad de esta actividad.
Colima, México, Avanzada (13/11/2026).— La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce la posibilidad de que la construcción del nuevo puerto de Manzanillo provoque el desplazamiento de actividades pesqueras en zonas tradicionales del vaso II de la Laguna de Cuyutlán, por lo que ordenó evaluar alternativas de reubicación y establecer medidas para garantizar la continuidad de la pesca.
La disposición se encuentra en el resolutivo SRA/DGIRA/DG-07904-26, que autorizó de manera condicionada la primera etapa del proyecto Puerto Laguna Cuyutlán (Puerto Nuevo Manzanillo). En ese documento, la dependencia federal exige a la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (Asipona) elaborar un Programa Integral Ambiental para mitigar las afectaciones al sector pesquero durante el desarrollo, construcción y operación de la infraestructura.
El programa deberá considerar expresamente las consecuencias del desplazamiento de actividades que se realizan en las zonas tradicionales de pesca del vaso II. Entre las alternativas que tendrán que valorarse se encuentran la reubicación de zonas pesqueras, la restauración de áreas afectadas, la reconversión productiva y otras medidas ambientales que permitan la continuidad de la pesca sostenible.
Sin embargo, Semarnat advirtió que trasladar las actividades a otras áreas de la laguna no podrá hacerse sin considerar sus consecuencias ambientales. El resolutivo establece que las zonas propuestas como alternativas deberán contar con capacidad ambiental y productiva suficiente para recibirlas, sin comprometer el equilibrio ecológico ni el funcionamiento de los ecosistemas receptores.
La dependencia justificó esta condición en la necesidad de impedir que el desplazamiento de actividades del vaso II genere presión adicional sobre los demás vasos de la Laguna de Cuyutlán. De esta manera, la eventual reubicación tendría que acompañarse de una evaluación que considere tanto las posibilidades de aprovechamiento pesquero como los efectos de concentrar actividades en otros sectores del humedal.
Asipona deberá presentar el Programa Integral Ambiental en un plazo de seis meses a partir de la notificación del resolutivo y podrá coordinar su elaboración con el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Mientras ese programa no se implemente, deberá proponer una medida compensatoria para los sectores productivos directamente afectados antes del inicio de las obras.
La resolución no establece todavía qué pescadores serían trasladados, cuántas zonas tradicionales resultarían afectadas ni cuáles serían los sitios alternativos. Esas decisiones forman parte de las medidas pendientes de evaluación y no pueden considerarse definidas por la autorización ambiental.
*Imagen ilustrativa, creada con inteligencia artificial.