La reforma al Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, amplía los delitos relacionados con derechos de autor y propiedad industrial, y establece sanciones por la reproducción, distribución y comercialización ilegal de obras protegidas, así como por la falsificación de marcas.
Colima, México, Avanzada (15/11/2026).— El gobierno federal publicó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que establece penas de hasta diez años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la reproducción y comercialización ilegal de obras protegidas por derechos de autor, además de reforzar las sanciones contra la falsificación de marcas y la distribución de productos apócrifos.
El decreto, publicado el 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modifica diversas disposiciones penales y establece sanciones para quienes produzcan, reproduzcan, introduzcan al país, exporten, almacenen, transporten, distribuyan, vendan o arrienden, a escala comercial y sin autorización, copias de libros, fonogramas, videogramas y otras obras protegidas.
De acuerdo con el artículo 424 Bis, estas conductas podrán castigarse con penas de cuatro a diez años de prisión y multas de dos mil a veinte mil días multa. Las mismas sanciones se contemplan para quienes proporcionen, con conocimiento de su destino, recursos económicos o materiales para financiar esas actividades ilegales.
La reforma también establece penas de dos a seis años de prisión para quienes vendan u ofrezcan obras reproducidas ilegalmente a escala comercial. Sin embargo, cuando esta actividad se realice de manera organizada o sistemática en establecimientos, puestos semifijos, locales comerciales o mediante plataformas electrónicas, las sanciones podrán incrementarse hasta diez años de cárcel.
Otro apartado contempla penas de cuatro a diez años de prisión para quienes divulguen, publiquen, comuniquen o distribuyan obras protegidas antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional, siempre que se actualicen las condiciones previstas por la legislación.
En materia de propiedad industrial, las modificaciones sancionan la falsificación comercial de marcas y la producción, almacenamiento, transporte, importación, exportación, distribución o venta de artículos que ostenten marcas falsificadas. El decreto también incorpora sanciones para determinadas conductas de suplantación de identidad gráfica institucional, cuando se utilicen para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
La reforma introduce criterios para determinar cuándo una conducta se realiza a escala comercial, considerando tanto el beneficio económico como el perjuicio significativo a los titulares de derechos. Además, establece que los delitos previstos en el apartado de derechos de autor serán perseguidos de oficio, con excepciones expresamente señaladas en la propia legislación.
El decreto entró en vigor el 14 de noviembre de 2026, un día después de su publicación. También dispone que los procedimientos penales iniciados antes de su entrada en vigor continuarán conforme a las disposiciones anteriores, salvo cuando las nuevas normas resulten más favorables para las personas imputadas, acusadas o sentenciadas.
Las modificaciones abarcan tanto los delitos contra los derechos de autor como los relacionados con la propiedad industrial, incluidos supuestos de piratería comercial, falsificación de marcas y uso indebido de mecanismos de protección tecnológica.