¿Dónde está el dinero del IPECOL?

Malas Compañías

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

En los últimos cinco años, el gobierno estatal de Morena acumuló una deuda de casi 750 millones de pesos con el Instituto de Pensiones de Colima (IPECOL), cifra que corresponde a las aportaciones patronales que debieron entregarse puntualmente al organismo pensionario, como parte de las obligaciones financieras del Poder Ejecutivo.

A pesar de que tal suma estaba presupuestada, es decir contemplada en el gasto público del último lustro, los recursos no fueron destinados al fin estipulado legalmente. La Secretaría de Finanzas, instruida seguramente por una autoridad superior, simplemente no pagó lo que le correspondía.

Entonces, más allá de los legítimos reclamos de la parte sindical, es razonable preguntarse ¿dónde está ese dinero?, ¿en qué se utilizó?, ¿por qué no fue entregado, si la gobernadora Indira Vizcaíno Silva presume de una sanidad financiera como nunca en la historia?.

Alguien, en el gobierno estatal, debe explicar en qué se utilizó esa cantidad millonaria o a dónde fueron a parar los recursos. No se trata de un simple atraso, sino de un impago sistemático desde que comenzó la presente administración, misma que presume de un manejo eficiente de las finanzas.

Ya anteriores gobiernos habían generado una deuda superior a los mil 100 millones de pesos con el IPECOL, por ese motivo el exgobernador Ignacio Peralta Sánchez está denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción y su antecesor, Mario Anguiano Moreno, estigmatizado como uno de los mandatarios más corruptos de los últimos tiempos.

En el caso de Indira Vizcaíno Silva llama la atención que mientras por un lado divulga un supuesto equilibrio económico, derivado de su pulcro manejo de las finanzas, por el otro acumule una deuda escandalosa que incluso ya supera a la de su vituperado predecesor.

También destaca la laxitud con que la mandataria aborda el incumplimiento de sus obligaciones. Pareciera que le molesta todo lo que no tenga que ver con el reparto de los recursos públicos en becas o apoyos asistenciales de la más variada índole, donde la gobernadora se siente cómoda y feliz.

Esta tendencia al uso patrimonialista del presupuesto y el escaso apego al cumplimiento de las responsabilidades es también una característica de Rosa María Bayardo Cabrera, alcaldesa con licencia de Manzanillo, quien, en menos de dos años, generó una deuda de 26 millones de pesos con el IPECOL.

La aspirante a la gubernatura estuvo solamente un año y medio en la presidencia municipal de Manzanillo. En ese tiempo desdeñó por completo sus obligaciones presupuestarias, pero en cambio invirtió cuantiosos recursos públicos en becas para jóvenes universitarios, lo que sería extraordinario si esos apoyos se equilibraran con el cumplimiento de los compromisos financieros del municipio.

Cuestionadas por sus adeudos, las dosfuncionarias responden con displicencia que se pagarán los pasivos. Esa es su mínima obligación y ni siquiera está a discusión, pero también deben responder qué hicieron con el dinero. ¿Si no lo entregaron al IPECOL, dónde están dichos recursos?.

La generación de deudas con el IPECOL refleja una tendencia discrecional al uso de los recursos públicos por parte de Indira Vizcaíno y Rosa María Bayardo, quienes destinan importantes porcentajes presupuestales a acciones que reditúen en votos de los sectores más vulnerables, pero de plano ignoran sus responsabilidades con otros segmentos de la población, en este caso los trabajadores municipales y del gobierno estatal.

Es decir, aparentan un manejo financiero impecable, pero la realidad podría ser distinta, pues apenas conocemos una parte de la misma. Si con el IPECOL las deudas son millonarias por omisiones de las autoridades, lo mismo podría estar sucediendo en otras áreas.

Continuarán y crecerán las suspicacias sobre el manejo de los recursos en el gobierno estatal, y ahora en el gobierno de Manzanillo, en tanto no salga un funcionario a explicar con toda claridad qué ha pasado con los recursos que no se entregaron al IPECOL.