IPECOL, una pieza más

Hechos recientes han puesto la mirada pública en el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), el cual es un organismo público descentralizado que está encargado de la rectoría en materia de pensiones, prestaciones sociales y préstamos para las personas trabajadoras en el sector público. El centro de la discusión ha estado en el déficit que presenta esa institución debido a los adeudos que tienen las partes patronales (entidades públicas) al no cumplir con sus obligaciones como es el pago de las aportaciones establecidas. A marzo de 2023, el tamaño de la deuda (compuesta, por un lado, de un adeudo histórico y, por otro lado, por la falta de pago de las obligaciones que tienen las entidades con el IPECOL) asciende a más de 1,600 millones de pesos. Esta situación representa, en voz de algunos legisladores, líderes sindicales y personas trabajadoras, un riesgo para garantizar pensiones justas, así como el derecho a la seguridad social de quienes laboran o laboraron en el sector público.

Actualmente, de acuerdo con el Balance de las Cuentas Institucionales presentado por el IPECOL a marzo de 2023, 25 % de las entidades públicas ha cumplido con el 100 % de sus obligaciones, 40 % tiene un cumplimiento superior al 90 % y 30 % tiene un rezago igual o mayor al 20 %. Entre las entidades más rezagadas están el H. Ayuntamiento de Armería con un cumplimiento de 57 %, la Fiscalía General del Estado con 57 %, el Gobierno Estatal con 55 % y el H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán con 44 % (véase en la gráfica siguiente). Al respecto, las posturas, centradas en el adeudo del gobierno estatal, plantean dos soluciones posibles al déficit financiero que presenta el IPECOL.

Por un lado, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado menciona sobre la posibilidad de un rescate financiero proveniente del Gobierno Federal, al que refieren él mismo ofreció. Y por otro lado, el Gobierno Estatal, quien ha minimizado el problema, sostiene que su solución es un tema de competencia estatal y que poco a poco realizará las aportaciones faltantes para estar al corriente en sus obligaciones. Ciertamente, de llegarse a cumplir alguna de esas alternativas, el IPECOL podría mejorar, al menos en el corto plazo, su situación financiera; pero parece lejos de garantizar que una situación similar se repita.

En efecto, la situación de déficit financiero que enfrenta actualmente el IPECOL es producto de un cúmulo de prácticas que forman parte de un sistema y andamiaje institucional (formal e informal) que favorece la discrecionalidad, la opacidad y la arbitrariedad del ejercicio del poder público. En otras palabras, la falta de transparencia sobre la información financiera del IPECOL, el nombramiento de altos funcionarios sin el perfil profesional idóneo, adecuado y pertinente para el cargo, el incumplimiento de los mandatos institucionales, la falta de rendición de cuentas, la ausencia de sanciones, entre otros, no son la excepción, sino la normalidad en la gestión cotidiana de los asuntos y recursos públicos. 

Aunado a la discrecionalidad, opacidad y arbitrariedad en el ejercicio del poder público, hay otros problemas que rodean al IPECOL: las entidades públicas cada vez tienen mayores presiones financieras para cumplir con sus obligaciones sin que se hayan planteado alternativas de solución en el mediano y largo plazo, continúa el engrosamiento de la nómina para pagar favores políticos y de grupo (lo que incrementa los montos por obligaciones al IPECOL), persisten condiciones laborales desproporcionadas y precarias para un sector grueso de las personas que conforman el servicio público (lo que impacta en las prestaciones para las y los trabajadores), y siguen sin existir mecanismos que favorezcan el desarrollo y crecimiento profesional en la administración pública (lo que genera incertidumbre en materia de estabilidad laboral al personal y desincentiva su especialización y expertisse). 

El tema pensionario y de seguridad social es complejo y por ello requiere de respuestas integrales y del involucramiento y participación de múltiples actores —las autoridades federales algo tienen que hacer para arreglar un sistema de seguridad social y de pensiones fragmentado, desarticulado y desigual—. Sin embargo, a nivel local la discusión parece estar estancada en el terreno de la política, sin transitar a la parte técnica del problema. Por su parte, para la ciudadanía el tema tampoco debe pasarse por alto debido a que de un sector público abierto, transparente, que rinda cuentas y de una burocracia con condiciones laborales justas, competente y profesional depende en gran medida la resolución, atención o mitigación de los problemas y necesidades de la población en general.