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Constantemente, la gobernadora Indira Vizcaíno suele recordar que recibió una situación crítica en las finanzas estatales. En su momento, todos le creímos porque meses antes del relevo gubernamental, el propio ex gobernador se había declarado públicamente insolvente, hasta para cubrir los sueldos de los trabajadores. Sin embargo, no hubo una claridad documental en las finanzas recibidas, ni un acta de entrega-recepción que describiera la gravedad de la situación en que se dejaba a la entidad, ni un estado de situación financiera que exhibiera públicamente la pésima administración de José Ignacio Peralta Sánchez. 

Como es costumbre en los gobiernos cuatroteístas, se siguen tirando pedradas al matorral aunque el conejo ya se haya ido, pero no se dan pasos serios para el fincamiento de las responsabilidades y sanciones que proceden. Y esta introducción viene a colación por la reciente noticia de que ha quedado vinculado a proceso el ex secretario de finanzas de ese sexenio, el ahora diputado local Carlos Noriega García, por un presunto delito de peculado por 70 millones de pesos.

Pareciera que el gobierno morenista nos quiere hacer creer que se iniciará así el ajuste de cuentas con los funcionarios del gobierno anterior, aunque la realidad resultará más decepcionante que la omisión por aplicar la justicia, pues se juega con el desconocimiento jurídico del común de los ciudadanos. Me explico por qué.

En principio, desde agosto del año pasado, se tiene instaurado un juicio político en contra de este exfuncionario, por el desfalco financiero que encabezó el ex gobernador, sin que hasta el momento la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado haya resuelto su instrumentación. La Fiscalía Anticorrupción, adscrita dentro de la Fiscalía General del Estado, tiene sendas denuncias por el uso irregular del crédito obtenido para la adquisición de los terrenos de la antigua zona militar y por el presunto desvío de retenciones de cuotas del Instituto de Pensiones del Estado, presentadas por el Órgano Superior de Fiscalización y la ex diputada Claudia Aguirre, respectivamente. Ninguna de estas denuncias se ha estructurado para la acusación formal, no obstante que son de mayor impacto y con mejores elementos de prueba, como es el caso del crédito. 

Así, la vinculación a proceso se ha hecho por otra acción: la desviación de un importe que fue pedido en préstamo al Ipecol y regresado diez días después a sus arcas. Cierto que los recursos del Instituto no debían prestarse al gobierno estatal, pero según juristas, la afectación que se hizo en este caso sería tan solo por los rendimientos de 70 millones de pesos durante diez días, que dejaron de percibirse mientras resolvían  la falta de liquidez en la secretaría de finanzas. Así que un legajo de cinco mil hojas para tan pobre afectación resulta exagerado por parte del fiscal. Incluso, según algunos enterados, ese importe de aproximadamente seis mil pesos ya se cubrió por el ex director del Ipecol, para dejarlo fuera del juicio y de responsabilidades.

Por eso la tranquilidad del indiciado, quien dice muy ufano que “tiene la conciencia tranquila”, aunque más bien sabe hasta dónde puede llegar la acción implementada en este circo mediático, para tranquilizar a algunas conciencias que, aseguran, se está actuando.

Por otro lado, la Contraloría del Estado está fallando e incumpliendo sus funciones, puesto que en los casos anteriores, sobre todo con las conclusiones del órgano superior de fiscalización en la revisión a las cuentas públicas, ya debió de haber fincado responsabilidades administrativas no solo al propio Carlos Noriega, sino a varios funcionarios más e incluso, al propio ex mandatario. Si penalmente la justicia es lenta y manipulable, administrativamente bien podrían haberse determinado separación del cargo e incluso, inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos.

 Pero, claro, esto sería si hubiese una firme postura de la gobernadora por aplicar los instrumentos de su encargo en el combate a la impunidad de su antecesor.  

Martha Leticia Sosa Govea

Originaria de Manzanillo, contadora pública, ex alcaldesa y ex legisladora federal y estatal.

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