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Fiscalía presume condena por peculado; defensa afirma que penas quedaron suspendidas

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Colima, México, Avanzada (02/10/2026).— La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra Carlos Arturo “N” y Nancy “N”, exservidores públicos de la administración estatal anterior, por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

En su comunicado, la Fiscalía señaló que a ambos se les impuso multa, amonestación e inhabilitación por seis años y ocho meses para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

La dependencia sostuvo que la sentencia fue resultado de las investigaciones y acciones ministeriales realizadas por hechos relacionados con posibles actos de corrupción.

Horas después, la defensa particular de los sentenciados difundió su propia versión sobre el desenlace del proceso y aseguró que el comunicado de la Fiscalía era impreciso.

El abogado Francisco Javier Arreola Medina afirmó que el proceso concluyó el pasado 30 de septiembre mediante una terminación anticipada y que las penas impuestas quedaron suspendidas condicionalmente durante 16 meses.

De acuerdo con la defensa, el asunto estuvo relacionado con créditos otorgados de manera irregular a trabajadores del Gobierno del Estado por un monto total de un millón 550 mil pesos.

La defensa sostuvo que ese dinero fue devuelto en su totalidad durante febrero y marzo de 2021, antes de que se presentara la denuncia. También afirmó que el Gobierno del Estado reconoció esa devolución hasta el 1 de septiembre de 2026, después de un análisis realizado durante el desarrollo del proceso.

Según el posicionamiento de la defensa, ese reconocimiento permitió alcanzar un acuerdo entre las partes para concluir anticipadamente el procedimiento. El abogado sostuvo que, dentro de ese acuerdo, se reconoció la irregularidad de las operaciones y se aceptó la imposición de algunas penas.

Sin embargo, señaló que esas sanciones quedaron suspendidas condicionalmente por 16 meses. La defensa aseguró además que sus representados no serán detenidos y que no tendrán que pagar multas ni reparación del daño, al sostener que no existió afectación económica al erario porque el monto reclamado ya había sido reintegrado.

En los materiales difundidos junto con su posicionamiento, la defensa resumió el caso en cinco puntos: el otorgamiento irregular de los créditos, la devolución del millón 550 mil pesos, el reconocimiento del pago por parte del Gobierno del Estado, el acuerdo para la terminación anticipada del proceso y la suspensión condicional de las penas.

La Fiscalía, por su parte, no informó en su comunicado el monto relacionado con el caso ni hizo referencia a la devolución del dinero señalada por la defensa. Tampoco mencionó la suspensión condicional de las penas durante 16 meses ni la versión de la defensa respecto de que no habrá pago de multas o reparaciones.

Así, las dos partes difundieron versiones con distintos niveles de detalle sobre la misma resolución: la Fiscalía destacó la existencia de una sentencia condenatoria, la multa, la amonestación y la inhabilitación; mientras que la defensa enfatizó la devolución previa de los recursos, la terminación anticipada del proceso y la suspensión condicional de las penas.

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