Oficio Ciudadano

Así como a nivel nacional lo hace el ejecutivo federal, a nivel local la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, ha emprendido acciones para aniquilar o colonizar a los órganos constitucionalmente autónomos que fueron creados en su momento por insistencia y presiones de la oposición – en la que ellos estaban – como son los casos del Instituto Electoral del Estado de Colima, conocido por sus siglas del IEEC,  y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, conocido por sus siglas de INFOCOL. 

En el primero de los casos, la estrategia para disminuir y debilitar a este organismo ha sido la de no presentar ante el Congreso de Estado el total del  monto presupuestal solicitado por el mismo IEEC, que le sea suficiente para funcionar,  tanto en el año anterior como en el presente, con lo que, si bien la mayoría legislativa de Morena aprueba sin modificar el proyecto de presupuesto anual presentado, en el apartado destinado a este organismo aparecen montos menores, sin justificar su deducción y solo a criterio y gusto de la ejecutivo estatal. Y aun cuando los representantes del órgano electoral solicitan el complemento, tanto al poder ejecutivo como al legislativo, no son escuchados, por lo que han venido haciendo malabarismos  como recortes al personal y al gasto corriente, para sobrevivir.

Por lo que se refiere al INFOCOL, la estrategia es distinta: la gobernadora presentó  y le aprobaron el año pasado, una iniciativa para modificar la ley que dio origen al instituto, ésta con el  fin de eliminar candados previstos en la misma, que impedían que políticos o militantes partidistas activos fueran propuestos como comisionados. Esta reforma fue impugnada por una controversia constitucional que promovieron 9 de los legisladores de oposición, por representar una violación constitucional que aún no se resuelve y mientras tanto, el organismo funciona – si es que puede hacerlo, aunque no lo creo – con uno solo de sus integrantes, pues dos deberían haberse nombrado hace ya varios meses. Es decir, que a la gobernadora no le importa si funciona o no este organismo, sino tener la vía libre para proponer a sus incondicionales en los cargos de los dos comisionados faltantes.  

Estos cargos, en el organismo garante de la transparencia son aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del poder legislativo estatal, que estén presentes en la sesión en la que se enliste en el orden del día las propuestas de la gobernadora, la que previamente debe recibir las proposiciones de las instituciones y organizaciones académicas, profesionales y gremiales de la entidad para, de las mismas, enviar las propuestas respectivas.

Ahora bien, para ser comisionado, cita el artículo 79  una serie de requisitos o condiciones para los aspirantes y en la fracción IX señala todavía: “No haber ocupado un cargo directivo en un partido o asociación política, ni haber participado como candidato a algún cargo de elección popular, durante al menos dos años previos a la fecha de la convocatoria”, y la fracción X, aclara también que: “No haber sido gobernador, diputado, alcalde, síndico, regidor, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ni del Tribunal Contencioso Administrativo, dentro de los tres años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria”.  Es claro que el legislador que dio origen a la ley en 2013 quiso impulsar la ciudadanización del organismo garante, limitando la participación de políticos en activo, al menos dos o tres años anteriores al nombramiento.  

Los consejeros electorales tienen también limitaciones constitucionales, como tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados y además se les prohíbe asumir un cargo público, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo. Es claro entonces, que dependen de su sueldo y con mayor razón los empleados electorales.

Y es que el INFOCOL debe funcionar con sus tres comisionados porque es importante para un sistema eficaz de contrapesos,  en el que el ciudadano esté en posibilidad de hacer un juicio fundado de la acción del Estado, teniendo la capacidad de obtener y analizar por sí mismo la información relativa a la gestión pública, más allá de lo que dicen los medios de comunicación y los demás ciudadanos.

 Esto es lo que garantiza la correcta integración y funcionamiento del órgano garante de la transparencia en el estado: establecer los mecanismos necesarios para que toda persona pueda tener acceso a la información pública, de forma sencilla y expedita;  por un lado, y por otro, una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados, a través de los generación y publicación de información sobre su gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Este es el organismo que pretende colonizar la gobernadora. Esperemos que el máximo tribunal de la nación no se lo permita.