Colima, México, Avanzada (28/09/2022).- Desde antes de concluir su sexenio y ya iniciado el siguiente, el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ha enfrentado una decena de denuncias por diversos hechos presuntamente delictivos, pero hasta la fecha no ha sido molestado por las autoridades que deberían investigarlo y enjuiciarlo.
Desde 2020, la Fiscalía Anticorrupción, recibió dos denuncias contra Peralta Sánchez de parte de la diputada morenista Claudia Gabriela Aguirre Luna, una de ellas el 14 de junio de ese año por presunto peculado con motivo de las presuntas irregularidades detectadas en la construcción y equipamiento del C5.
La segunda denuncia fue presentada ante la misma instancia el día 19 de junio siguiente, relacionada con la retención de las cuotas de los trabajadores de gobierno, que no fueron depositadas al IPECOL.
Asimismo, a principios de septiembre de 2021, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, denunció por esa misma razón al todavía gobernador.
Antes, el diputado Carlos Farías, del Partido del Trabajo, había pedido a la Fiscalía abrir una investigación relacionada con actos de presunta corrupción por parte de Peralta Sánchez, luego de las declaraciones realizadas por el exgobernador Mario Anguiano Moreno en torno a posibles irregularidades en la compra de los terrenos donde se encuentra el parque ecológico La Campana y la adquisición de las antiguas instalaciones de la XX Zona Militar.
Casi al final de su sexenio, Peralta fue denunciado otra vez ante la Fiscalía Anticorrupción, ahora por parte de los jubilados y pensionados del gobierno del estado, quienes se quejaron de que el mandatario utilizó el dinero destinado para el pago de sus pensiones para completar el monto del pago de mil millones de pesos a los bancos.
Así también, pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pues las acciones del entonces mandatario afectaron a 750 jubilados.
En enero de 2022, ya en el nuevo gobierno, la mandataria Indira Vizcaíno Silva anunció que por un presunto desvío de 400 millones de pesos en la construcción del edificio del centro de mando C5i, su administración presentó una denuncia penal contra Peralta Sánchez.
El mes previo, el gobierno de Vizcaíno había interpuesto otras denuncias y demandas ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
En una de ellas, denunció que se basificó ilegalmente a 229 trabajadores del anterior gobierno, pese a que no había soporte ni sustento presupuestal, además de que el proceso a partir del cual fueron otorgadas las plazas estuvo plagado de vicios y de irregularidades, toda vez que las personas no reunían las condiciones ni los requisitos para entrar en ese esquema.
Otras denuncias tuvieron que ver con la venta de siete inmuebles propiedad del Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), ubicados en los municipios de Villa de Álvarez y Tecomán y por la venta de una parcela de más de siete hectáreas en el municipio de Colima, por alrededor de 20 millones de pesos.
Una más se refiere a la adquisición de un sistema informático para el control del Insuvi, el cual se contrató para tener un programa que diera una nueva imagen a dicha dependencia, verificara su sistema y digitalizara la información.
En relación con esta denuncia, Vizcaíno informó que en 2020 se solicitaron 750 millones de pesos para diversos rubros, entre ellos la emergencia sanitaria por covid-19, la remodelación del palacio de gobierno y la conclusión del C5i.