Alcanza a Brugada el caos forense: Proyecto destapa cuerpos mezclados y registros fallidos en la fosa común de Dolores 

En el Plan de Recuperaciones Controladas, a las autoridades capitalinas les fallaron los datos: esperaban exhumar 27 cuerpos de una fosa, pero solo hallaron 23. La jefa de gobierno abrió el pasado noviembre en el cementerio más grande de México una “caja de pandora” que evidencia décadas de ineficiencia e impunidad, en las que se enterró sin orden ni cuidado a personas que podían haber sido identificadas 

Autores: Eui Chin Talamantes y Santiago Reyes para A dónde van los desaparecidos.

Durante los primeros cuatro días de trabajo del plan de búsqueda de personas desaparecidas en la fosa común del Panteón Civil de Dolores, los peritos encontraron solamente huesos. Más de 4,000 fragmentos que estaban esparcidos en la capa superior de la fosa 26 de la línea 2 bis, compuesta por tierra removida en exhumaciones previas.

El objetivo de este proyecto piloto del gobierno capitalino, que comenzó el pasado 18 de noviembre, era recuperar los 27 cuerpos que estaban presuntamente enterrados en el nivel quince de la fosa, el más cercano a la superficie, para obtener su información genética, cotejarla con muestras sanguíneas, identificarlos y devolverlos a sus familias, así como localizar a personas reportadas como desaparecidas que pudieran estar sepultadas en ese lugar. 

Cuando concluyeron los trabajos el 27 de noviembre, habían exhumado 23 cuerpos. Cuatro menos de los que, según el registro del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), debían encontrar; la mayoría correspondía, además, a alguno de los otros catorce niveles de la sepultura. Esto evidenció las deficiencias en los entierros destinados a la fosa común, una de las causas de la llamada “desaparición administrativa o institucional”.

El Plan de Recuperaciones Controladas de la Fosa Común del Panteón Civil de Dolores, anunciado seis meses antes por la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, como una de sus propuestas para la nueva estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, fue dirigido por el Incifo y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) de la Ciudad de México. Según el registro oficial, la CDMX suma más de 7,500 desapariciones.

Proyectos similares, debido a la crisis forense que enfrenta el país, se han implementado en estados como Coahuila y Morelos, pero en la capital tienen una magnitud mayor por ser el panteón de Dolores uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, inaugurado en 1875; con 240 hectáreas de extensión, es también el más grande de América Latina. 

Con un área de alrededor de ocho mil metros cuadrados, la fosa común de Dolores comenzó a operar desde la apertura del panteón; a ese espacio se destinaban los cuerpos que no eran reclamados o identificados. 

No existen registros anteriores a 2002 del número de entierros en la fosa común. Esto implica excavar en alrededor de 200 fosas que fueron llenándose desordenadamente con miles de cuerpos, sin documentos que permitan ubicarlos. Recuperar su identidad es una de las apuestas políticas de Brugada. 

Samuel Otero, jefe de la Unidad Departamental de Panteones de la alcaldía Miguel Hidalgo, afirma que, tan solo entre 2005 y 2025, fueron inhumados 20,292 elementos de origen humano —cadáveres, órganos, tejidos, piezas dentales y fetos— en la fosa común. De este número, 12,993 cuerpos corresponden a personas fallecidas, el 50% sin identificar. Apenas el pasado 21 de agosto fueron depositados nueve cuerpos no identificados de los 72 migrantes víctimas de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, ocurrida en 2010.

La primera etapa del proyecto fue una muestra del reto que exigirá exhumar la fosa común más grande del país: personas enterradas sin trazo ni registro, capas de tierra con alteraciones, cuerpos revueltos o perdidos en un universo de huesos desconocidos. Así fue el resultado preliminar de la puesta en marcha del programa de exhumaciones, ante las familias y gracias a su insistencia. Según afirmaron a este medio familiares, panteoneros, peritos y colectivos, el trabajo de esos días no se compara con la enorme tarea que tienen por delante.

Caja de pandora

El piloto del plan evidenció el descuido y la falta de rigor en las inhumaciones. “De las 23 personas que encontramos, según la información que tenemos, la mayoría pertenecen al nivel ocho de inhumación. Algunos provienen del nivel seis y otros del diez. Sin embargo, casi no encontramos cuerpos del nivel quince”, reconoce José Raúl Pérez García, jefe del Departamento de Identificación Humana del Incifo. Inicialmente, el objetivo era recuperar solo cuerpos de ese último nivel, el superior, al que podían acceder más fácilmente. Y después seguir exhumando cadáveres por capas. 

La explicación que dieron sobre la discrepancia fue que la fosa, con un total de 169 cuerpos, ya había sido exhumada al menos en cinco ocasiones —la última, en 2017—, y al remover los cuerpos pudieron haberse mezclado. El panteonero Israel Cancino Ambriz, un hombre de 77 años de bigote largo y canoso, fue el encargado de supervisar los trabajos.

“Sí, mira, lo que pasó es que en la última exhumación que se hizo, posiblemente yo me haya equivocado y haya echado los cuerpos al revés”, dice quien durante los últimos veinte años se ha encargado de gestionar la fosa común del panteón. “Pero los cuerpos que las autoridades esperaban encontrar, te lo puedo asegurar que ahí están, solo que ya en otro nivel”.

^{La fosa exhumada cuenta con quince niveles; solo se trabajó en el superior. (Santiago Reyes/ObturadorMX)}

El día que iniciaron los trabajos de exhumación, Jaqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino y madre de Jael Monserrat Uribe —localizada sin vida en el Ajusco a finales de 2024—, habló con las familias de cuatro de las 67 personas con hipótesis de identidad enterradas en la fosa 26-2 bis, que contiene cuerpos inhumados entre el 2003 y el 2015.  Según relata, estas cuatro familias habían denunciado en el extinto Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) —hoy la CBP— la desaparición de sus parientes,  pero hasta hace unos meses ninguna había sido notificada de que su familiar había sido destinado a la fosa común. 

De acuerdo con Palmeros, la explicación de las autoridades para haberlos sepultado fue que las víctimas vivían en situación de calle. Y se pregunta: “¿El hecho de que tú estés dentro de una vulnerabilidad así no te da derecho a que se le notifique a tu familia que has fallecido y que te vas a ir a una fosa común?”. 

“Había un CAPEA omiso, negligente e inhumano”, agrega la buscadora. “Tanto que existen fichas de desaparición de muchas personas que están en la fosa común y nunca se les buscó. ¿Cómo les buscaban entonces? ¿Cuáles eran los protocolos?”. 

En entrevista, Pérez García, del Incifo, explica que la razón de que tardaran tanto tiempo en obtener las hipótesis de identidad de los cuerpos fue que, hasta el inicio del Plan de Recuperaciones Controladas, en agosto de 2025, nunca se había realizado una confronta masiva entre las huellas dactilares de los cuerpos inhumados en la fosa común y la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Al hacer el cotejo, se dieron cuenta de que habían enterrado personas que pudieron haber sido identificadas hace mucho tiempo.

“Estos cuerpos son, en su mayoría, de 2013. Entonces no existía ningún convenio de colaboración para el intercambio de información con el INE. Hoy ya lo tenemos”, señala el funcionario. “Y si bien el convenio se firmó en 2016, el cruce de información lo estamos haciendo de adelante hacia atrás, es decir, de los casos más recientes a los más antiguos, porque hacia atrás la cantidad de información es enorme”.

Para Palmeros resulta claro que, sin la lucha que han mantenido por años las familias, no habría protocolos ni leyes, y nadie, ninguna institución, buscaría a las personas desaparecidas. Ellas obligaron a que se abrieran los sepulcros del país. 

“La muestra está aquí. Porque el Estado sabía que la fosa común del panteón de Dolores era una caja de pandora. Y que al abrir la primera, tienen que seguir abriendo las demás”.

Falta de protocolos

En la fosa común del panteón se realizan de manera ordinaria “exhumaciones prematuras”, cuando una persona es identificada y los familiares piden a la fiscalía recuperar su cuerpo. “Hay veces que tenemos que sacar hasta cien cuerpos para rescatar solo uno, y luego tratar de volverlos a echar más o menos como estaban para futuras recuperaciones”, explica el panteonero. 

A diferencia de las que contempla el plan de Brugada, en esas exhumaciones no está presente el personal del Incifo, por lo que se realizan sin peritos especializados. Quienes sacan los cadáveres son miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX. Las cinco intervenciones anteriores en la fosa 26-2 bis , mencionadas por Cancino Ambriz, fueron “exhumaciones prematuras”, por lo que solo acudieron el ministerio público, los bomberos, los panteoneros encargados, fumigadores particulares, y los familiares de las personas que desenterraron.

Con el riesgo de contraer infecciones debido al estado de descomposición de los cuerpos, excavando bajo la lluvia o cuando empieza a caer la noche, son las condiciones en  que trabajan los panteoneros cuando se hace una exhumación prematura. “Imagínate. Ya cansados y en esas circunstancias, a veces lo que queremos es ya depositar los cuerpos, tapar la fosa e irnos”, señala el encargado. “Hay mucha posibilidad de que, al jalar las bolsas [con los cadáveres], se rompan y se comiencen a revolver los restos. Así que ya no es una seguridad que te estés llevando exactamente lo que tú andas buscando. Porque te puedes llevar huesos de uno y de otro sin que tú lo sepas”.

En todo el país hay una problemática por la falta de protocolos para la gestión de restos humanos en las fosas comunes, explica la antropóloga Matilde Margarita Domínguez Cornejo, quien fungió como observadora independiente durante los trabajos. En México, las fosas comunes son gestionadas por el Estado; en este lugar son enterrados los cuerpos no identificados o no reclamados que están en las morgues del país. También se inhuman partes de cuerpos que fueron amputadas y residuos biológicos humanos de algunos hospitales.

“Lo que vas a encontrar [en las fosas comunes] son cuerpos mezclados y que no corresponden con los registros, lo que hace que sea mucho más difícil identificar a las personas. Se tienen que hacer investigaciones jurídicas, determinar de nuevo las cuartetas básicas —sexo, edad, grupo racial y estatura—, y volver a hacer análisis odontológicos y de ADN para saber de quién son esos cuerpos”, dice la especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

Para Domínguez Cornejo, la problemática va más allá de culpabilizar a una institución o una persona. ¿Qué fiscalía del mundo —se pregunta— puede procesar cada día decenas de cuerpos de víctimas de homicidio, a los que se debe realizar una autopsia? “El problema es que tenemos una política de seguridad pública punitiva que ha apostado por militarizar al país sin ningún programa social que evite la violencia. Y es bien sabido, por estudios tanto de organizaciones civiles como de académicos que, donde hay presencia de militares, la violencia aumenta exponencialmente. Entonces, es un combate directo al crimen organizado, pero que genera muchas muertes”.

El historiador Javier Yankelevich, experto en temas de desaparición, reconoce que la gestión de cuerpos en un país cuyos homicidios son resultado de atropellos o ataques por arma blanca, es más fácil que en uno donde las muertes son causadas por grupos criminales que mutilan e incineran personas, en un intento por ocultar o destruir los cuerpos. Entre 2019 y 2024, el investigador coordinó un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda especializado en integrar y cruzar bases de datos —como el Módulo de Fosas Comunes— para localizar a personas desaparecidas.

“Si quieres entender por qué tenemos esos problemas de resguardo de cadáveres en México, tienes que preguntarte por qué tenemos esos problemas de violencia. Una violencia que no pueden resolver los peritos de un Semefo [Servicio Médico Forense]”, plantea.

^{Vista del área en que se ubica la fosa 26-2 bis, de la que exhumaron 23 cuerpos. (Lucía Flores/ObturadorMX)}

Una investigación de A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab señala que, hasta diciembre de 2023 —cuando el número de personas desaparecidas superaba la cifra de 113,000—, en México había 72,172 cuerpos sin identificar, de los cuales 48,108 (67%) yacen en fosas comunes. Desde esa fecha hasta hoy, las desapariciones y el rezago en la identificación forense han ido en aumento. 

Son los colectivos de familias organizadas para la búsqueda quienes, durante al menos una década, han señalado que sus seres queridos desaparecidos podrían estar en fosas comunes, atrapados en una burocracia que no identifica, no registra, no informa ni comparte datos, entierra y pierde la ubicación. 

“Descubrieron la conexión y la pusieron una y otra y otra vez en la agenda hasta que los errores de la gestión institucional de los cuerpos fueron emergiendo”, dice Yankelevich, refiriéndose a hechos como la falta de recursos económicos y de infraestructura para el resguardo de cadáveres, que solo se hacen visibles cuando las familias de los desaparecidos se organizan. “Porque los fallecidos no protestan. Quienes protestan son sus familiares”. 

Hipótesis de identidad

En el panteón de Dolores, ubicado en el bosque de Chapultepec, el viento nocturno impregna la atmósfera de un olor a cadáver. Los peritos, vestidos con sus trajes de protección blancos, terminan de guardar sus herramientas. Este jueves 27 de noviembre fue un día largo, el último de los ocho que duró la jornada de exhumaciones. Sacaron de la fosa trece cuerpos, que serán trasladados al Incifo para su análisis e identificación.

En el lugar donde estaban los cuerpos solo queda un hoyo grande; en su interior, un grupo de madres buscadoras ha colocado un ramo de alcatraces y rosas junto a tres veladoras. Bajo las flores aún hay más de un centenar de personas que fueron enterradas sin identificar, o que se sabía quiénes eran, pero nunca avisaron a sus familias.

Antes de la caída del sol, las familias que acudieron como observadoras permanecían sentadas bajo una carpa blanca. Desde ahí, supervisaron cada día la recuperación de los cuerpos, anotando los datos en bitácoras; solo dejaban su lugar para ir a comer o desentumecer las piernas. A varios metros, la policía resguardaba la entrada al área de fosas comunes. Durante la realización de los trabajos, no se permitió ingresar a la prensa ni a nadie que no estuviera registrado como observador. 

“Carlitos, si estás aquí, mi amor, o si eres uno de los que ya salieron, dame una señal, hijo. Ayúdame para ir por ti aunque sea un ratito”, dice Ana María Maldonado, quien busca a su hijo Carlos Palomares desde el 22 de septiembre de 2010, cuando desapareció en la alcaldía Benito Juárez. Tenía 34 años; fue a una cita para encontrarse con el supuesto comprador de su colección de Star Wars, y ya no regresó.

“Que así sea”, responden sus compañeras.

Otra de las madres, Inés Lázaro, dirige sus palabras a los cuerpos que hoy se recuperaron. “Ustedes que ya salieron, y que esperemos pronto ya regresen a sus hogares, ayúdennos a encontrar a nuestros hijos, por favor. Pídanle a Dios que nos ayude”. Ella busca a su hijo Francisco Sandoval, desaparecido en el Ajusco el 26 de abril de 2018, cuando tenía 32 años y se dirigía a la colonia Tierra Colorada a buscar a su esposa.

^{En los trabajos participaron peritos de la fiscalía de la CDMX y del Incifo. (FGJ de la CDMX).}

Las autoridades decidieron exhumar la fosa 26-2 bis porque es la que tiene más hipótesis de identidad en todo el panteón: 67 en total. Es decir, “es la que tiene la mayor cantidad de personas que, según los registros, cuentan con una identidad ya determinada”, explica Luis Gómez Negrete, director de la CBP capitalina. 

Otra característica que influyó en la selección, agrega, es que priorizaron las fosas con cuerpos enterrados hace más de siete años, “ya que para facilitar el manejo de su información y su posterior resguardo es necesario encontrar a las personas fallecidas en un proceso de esqueletización”. El tercer requisito es que fuera una fosa con inhumaciones solicitadas por el Incifo, para asegurarse de que todos los cuerpos tuvieran una carpeta de investigación. 

De los 27 cuerpos que debían encontrarse en el nivel quince de la fosa —según el registro proporcionado por el Incifo y sistematizado por Cancino Ambriz—, diez cuentan con hipótesis de identidad y cuatro tienen una ficha de desaparición. Pero debido a que los 23 cuerpos recuperados no coinciden con los que se esperaba encontrar, hasta ahora se desconoce su identidad y si alguno de ellos está registrado como desaparecido.

“Solo después de que realicemos los análisis correspondientes y los confrontemos con los expedientes y la base de huellas digitales del INE, podremos determinar sus identidades”, aclara Pérez García, del Incifo. 

De acuerdo con Gabriela Huitrón López, miembro de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, no hay un tiempo aproximado para este proceso. Las familias lo saben, lo han padecido en carne propia.

“No podemos dar un tiempo estimado porque la mayoría de los cuerpos recuperados están en reducción esquelética, fracturados o con tejido blando ya muy descompuesto. Entonces, nos tomará mucho tiempo limpiarlos y reconstruirlos para su posterior análisis”, explica la antropóloga forense.

Los cuerpos que no logren ser identificados, precisan ambos funcionarios, serán resguardados temporalmente en la coordinación de investigación forense de la FGJ hasta que concluya la construcción del Centro de Resguardo Transitorio de Cadáveres No Identificados o No Reclamados de la CDMX, con un presupuesto de 150 millones de pesos, y que, según el titular de la CBP, se espera que comience a operar este año. Hasta la fecha no se han iniciado los trabajos de construcción ni se ha dado a conocer su ubicación.

^{Peritos se preparan para los trabajos de exhumación. (Johana Remigio/ObturadorMX)}

De acuerdo con Zacnité Minor Garduño, coordinadora del Plan de Recuperaciones Controladas, no se asignaron recursos extra para el proyecto, sino una parte del presupuesto —cuyo monto no fue especificado por la funcionaria— que, tanto el Tribunal Superior de Justicia —del que forma parte el Incifo— como la fiscalía y la CBP designan anualmente para la búsqueda e identificación de personas. 

“Se está trabajando en una modificación en la Ley de Búsqueda de Personas de la CDMX para asignar un presupuesto y un equipo de trabajo específico para las exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores. Prevemos que para el próximo año [2026] ya esté aprobado”, señala. 

Respecto al futuro de los trabajos, explica que el plan es terminar de exhumar los 14 niveles restantes de la fosa antes de que concluya este año. Dependerá del avance de otros proyectos, como la construcción del centro de resguardo que debe albergar los cadáveres no identificados, de si la siguiente exhumación se hace en las fosas 19-2 bis y 16-2 bis —que  cumplen con las mismas características de selección que la 26-2 bis: cuerpos enterrados hace más de siete años, inhumaciones solicitadas por el Incifo— o si se interviene una fosa más reciente donde haya cuerpos todavía en proceso de descomposición.

Un registro para encontrarlos

Nativo de Zacapu, Michoacán, Israel Cancino Ambriz era ayudante de albañil hasta que se quedó sin trabajo y un vecino le propuso: “Vamos al panteón”. No sabía a qué, no le dijo. “Que vamos a hacer una chambita. Órale, pues”. Era 1993, y de trabajo en trabajo se hizo de un lugar en el panteón de Dolores. Desde hace dos años lo ayuda su hijo, Israel Cancino Nicolás.

^{Israel Cancino Ambriz lee los registros de las inhumaciones en su oficina. (Santiago Reyes/ObturadorMX)}

Su labor ha sido clave para la localización de personas en la fosa común. Antes, los trabajadores no llevaban un registro. “El compañero anterior a mí, que en paz descanse, no nos dejó nada de documentación. Fui a buscar ahí, a la capillita donde tenemos nuestras cosas, y no encontré un documento, nada de eso. Quién sabe dónde los guardó”. 

El Semefo —actual Incifo— entregaba los cuerpos con un folio, pero en el panteón no se anotaba el sitio exacto dónde eran enterrados. Estaban ahí, pero no se sabía con exactitud en qué fosa. No eran sepulturas individuales; los cuerpos eran agrupados en un mismo espacio. Otero, jefe de la unidad de Panteones en la alcaldía Miguel Hidalgo, plantea: “La fosa común era lo peor y lo último. No había un cuidado porque casi nunca se trataba de rescatar a alguien”. 

La decisión de poner orden fue de Cancino Ambriz, quien lleva también un registro con los números de la averiguación previa o carpeta de investigación de la FGJ y el folio asignado por el Incifo. “Entonces, de ahí para acá, yo comencé a hacer mis registros, y pues ir poniendo en orden todo para no tener problemas para encontrar a las personas”. 

Jaqueline Palmeros señala que, desde hace más de tres años, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era jefa del gobierno capitalino, pidieron que se realizaran los trabajos de exhumación en la fosa común de Dolores, pero les respondieron que era una labor inmensa, demasiado ambiciosa para llevarla a cabo. 

“Obviamente, esto está impulsado por la necesidad de las familias de encontrar a sus seres queridos, es un logro de nosotras las familias. Pero ahora sí hay disposición de las autoridades”, afirma la buscadora. 

^{Familias visitan a sus seres queridos enterrados en la fosa común de Dolores durante la ofrenda del 2 de Noviembre. (Santiago Reyes/ObturadorMX).}

Otero, sin especificar la cifra, asegura que “han estado entregando muchos cuerpos” que estaban enterrados en la fosa común. “Vemos la reacción de los usuarios que, aunque ya se llevan huesitos o un cadáver en descomposición, están satisfechos de haber encontrado a quien buscaban”. En otros casos, no se llevan los cuerpos, pero ya saben dónde están.

“Para nosotros, es una satisfacción poder entregarle sus seres queridos a las personas que vienen a buscarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces son puras madres buscadoras”, dice Cancino Ambriz. En su oficina —entre crucifijos, imágenes de la Virgen de Guadalupe y algunos peluches que ha traído su hijo Otilio—, sostiene las carpetas con registros; toda una vida de trabajo.

Anteriormente, las exhumaciones tenían lugar, a veces, hasta cada seis meses, pero desde 2021, según Otero, la coordinación entre las diferentes autoridades capitalinas ha permitido que se hagan dos exhumaciones por semana, y hasta cinco. Lo que quiere decir, agrega, que se está logrando identificar a personas enterradas en la fosa común y que alguien las busca. 

Dada la limitada capacidad de almacenamiento del Incifo —250 espacios individuales—, el resguardo de cuerpos es solo de quince días. Después son enviados a la fosa común. La presión de los colectivos de familias de víctimas ha permitido un cambio en el protocolo: ahora, las autoridades deben agotar todos los recursos disponibles para la identificación del cuerpo y la localización de los familiares antes de sepultarlo. En 2025 se creó en la FGJ, además, la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familia, dedicada a apoyar a la CBP capitalina, y que trabaja en conjunto con el panteón de Dolores. Se han establecido convenios, tanto con el Incifo como con el INE, por ejemplo, para que conserven los cadáveres mientras cotejan sus huellas con el padrón electoral.

“Lo encontré ahí”

Teresa Baez, madre de Martín Alexis Torres, narra: “Lo encontré ahí. Ahí, donde puse su foto, está”. Su hijo de 27 años desapareció el 1 de enero de 2025 en Ecatepec, Estado de México, un día antes de su cumpleaños. La negligencia de las autoridades, dice Teresa, impidió identificarlo y fue enterrado en la fosa común de Dolores después de haber sido atropellado. “Busqué por cuatro meses a mi hijo”. 

Si bien la fosa en que encontraron a Martín no es la que se intervino durante el Plan de Recuperaciones Controladas, su caso remite a la ineficiencia de las autoridades para identificar a una persona fallecida, y al escaso esfuerzo que hacen para localizar a sus familiares.

“Hubo muchas cosas mal hechas, porque si bien mi hijo no llevaba su identificación cuando falleció, tenía una cicatriz en la mano, un diente mal, la placa de un dientito nada más. Cuando yo fui el día 4 de enero a buscarlo al Incifo y vi las fotos y la información de los cuerpos, no había nada. No tenían ningún dato de estos, tampoco de la ropa que traía”, cuenta Teresa. “También se supone que deben tomarles las huellas digitales para hacer el cruce con el INE, y eso no lo hicieron durante cuatro meses”. 

La madre de Martín afirma que su hijo ya se encontraba en el Incifo desde el 3 de enero, un día antes de que ella acudiera, y que el 27 del mismo mes fue trasladado a la fosa común de Dolores sin que nadie le notificara. “Hasta el 30 de abril lo vine a encontrar aquí”. Fue posible después de consultar los registros de Cancino Ambriz. 

^{La familia de Martín Alexis Torres Baez junto a la fosa donde fue enterrado. (Santiago Reyes/ObturadorMX)}

Esto, sobre todo, es una forma de revictimizar, asegura Palmeros. “Es un duelo suspendido para las familias que están buscando, y es totalmente inhumano mantenerlas así. Todo por una negligencia de las autoridades”. 

En el informe de seguridad del pasado noviembre, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, presumió la recuperación de los 23 cuerpos y anunció que se daría continuidad al Plan de Recuperaciones Controladas en el panteón de Dolores. También informó que se trabaja en la creación de “fotoboletines” de personas fallecidas no identificadas, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, para encontrar a sus familias.

Es muy importante lo que está ocurriendo, considera el especialista Javier Yankelevich. “Los errores que se hayan cometido, literalmente ocultos bajo tierra, van a ir saliendo a la luz. Se van a tener que encarar. Y, mucho más importante, se va a poder aprender de ellos. Es un triunfo de las familias que se iluminen esos subterráneos donde las instituciones acumulan fallos. Pero, sobre todo, es un triunfo que se pueda emerger de allí con respuestas sobre los desaparecidos, y con lecciones para mejorar la investigación de las muertes violentas y la gestión institucional de cadáveres en México. Porque esas carencias se han convertido en una de las causas de incertidumbre de las familias”. 

^{Familiares de personas desaparecidas en el acto inaugural del proyecto. (Johana Remigio/ObturadorMX)}

Al concluir los trabajos, aun cuando las familias buscadoras que acudieron como observadoras reconocieron que las exhumaciones se realizaron con profesionalismo y cuidado, colectivos como Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazonesy Justicia Nacional denunciaron haber recibido un trato revictimizante por parte de integrantes de la CBP capitalina. 

Reprocharon que se prohibieran acciones de memoria en el espacio destinado a las familias, ya que durante una de las jornadas de exhumación los colectivos de víctimas habían organizado actividades de bordado, pintura, escritura y oración —prácticas fundamentales para la contención emocional en este tipo de procesos—, pero las autoridades no les permitieron ingresar el material necesario.

La exhumación de la fosa común de Dolores es una deuda que tenían con las familias, considera Palmeros, pero hasta ver los resultados podrán saber si fue saldada. “Esto es apenas una prueba piloto, y lo que nosotras queremos es que se pueda identificar a todas las personas que descansan en esta fosa común”. 

**Foto de portada: La fosa 26, de la línea 2 bis, que forma parte del Plan de Recuperaciones Controladas de la Fosa Común del Panteón Civil de Dolores, se exhumó durante ocho jornadas. (FGJ CDMX)

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