La debida diligencia de las empresas en contextos de delincuencia organizada y corrupción: minería en México

¿Cuál ha sido el papel de la empresa Ternium en la lucha por la defensa del territorio en Aquila, Michoacán, y cómo se relaciona con la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz? Esta investigación publicada originalmente en Alemania en 2025 analiza este complejo caso

Por Christiane Schulz*

Las imágenes de mujeres conduciendo camiones monstruo en la mina Las Encinas de la empresa Ternium, situada en el estado mexicano de Michoacán, ejemplifican las perspectivas y oportunidades de promoción profesional que ofrece esa mina de hierro (Ternium 2022) y el informe de sostenibilidad de la empresa promete además inversiones en la asistencia sanitaria a nivel local (Ternium 2023a: 97). Sin embargo, la información que facilita la empresa luxemburguesa Ternium S.A. sobre esta mina de hierro en el distrito de Aquila no puede verificarse. Esta es una zona de acceso restringido para observadores externos y donde practicar el activismo supone poner en peligro la vida (1). Entre 2005 y 2023, fueron asesinados al menos 13 hombres en esta zona minera y dos más fueron víctimas de desaparición forzada (2). Lo que todos tenían en común era una vinculación profesional o el activismo político en relación con las actividades mineras de la empresa en Aquila. Ante esta situación cabe preguntarse cuales son las obligaciones de debida diligencia a que está comprometida la empresa Ternium. 

En 2005, el holding San Faustin, con sede en Luxemburgo, fundó la empresa Ternium S. A. dedicada a la minería y la producción de acero que concentra sus actividades económicas en México (Ternium 2006). Ternium explota actualmente 18 centros de producción en once países (Ternium 2023c). De los aproximadamente 34.000 empleados, el 98% trabaja en América Latina y casi un tercio de ellos en México (Ternium 2024). En México, las dos filiales “Las Encinas S.A. de C.V.” (Las Encinas para abreviar) y “Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V.” (3) (Peña Colorada para abreviar) explotan mineral de hierro. Además de las minas de hierro, Ternium posee acerías, plantas de refinado y centros de servicios en nueve emplazamientos más junto con una amplia red de distribución. Esto significa que cubre toda la cadena de valor en la producción de acero en México, desde la extracción de mineral de hierro hasta la fabricación de productos siderúrgicos especiales de alta calidad, incluidos los destinados a la industria del automóvil.

Este artículo analiza varios retos en materia de derechos humanos que se plantean en Michoacán donde, mientras diversos actores del crimen organizado han controlado la región militar, política y económicamente, la filial de Ternium S.A. ha ampliado continuamente sus actividades mineras. 

En México, las empresas mineras tienen la obligación de negociar con las personas propietarias de las tierras si quieren hacer uso de sus recursos minerales, pero estos procesos de negociación se han visto condicionados por un contexto de represión, violencia e impunidad. En este texto se analiza también la implementación de la obligación empresarial de diligencia en una realidad marcada por el crimen organizado y la corrupción.

El poder del crimen organizado

La producción y el comercio de drogas en Michoacán, inicialmente marihuana y más tarde cocaína, vienen siendo desde la década de 1990 actividades asociadas a los cárteles de droga y diversos grupos del crimen organizado, que han ido ampliado de manera sistemática su esfera de influencia. A partir de 2009 toda la vida económica, política y social de Michoacán se vio moldeada por el cártel conocido como los Caballeros Templarios (Zepeda Gil 2016: 117 y ss.) que, además del narcotráfico, expandió sus actividades ilegales a la trata de personas, el contrabando, la extorsión y la falsificación de productos y marcas (Buscaglia 2010: 97). Los Caballeros Templarios estaban presentes en todos los ámbitos relacionados con la minería y fueron acusados de chantajear a las empresas mineras Ternium, ArcelorMittal y Minera del Norte, que operaban en la región controlando todas las secciones de las cadena de valor y suministro y exigiendo dinero a cambio de protección (Tetreault 2016: 648 y ss.). Los empresarios que extraían mineral en minas sin licencia también cooperaban con el cártel. Igualmente dominaban el puerto de Lázaro Cárdenas, importante para las exportaciones de mineral, así como a la autoridad aduanera (Hernández Navarro 2014). Organizaban envíos de mineral de hierro extraído ilegalmente y negociaban acuerdos con compradores chinos violando la legislación mexicana (Tetreault 2016: 648 y ss.).

Los Caballeros Templarios dejaron de ser el actor con más poder en Michoacán en 2014, cuando se debilitaron significativamente por la detención o asesinato de siete de sus líderes (Heinle/Molzahn/Shirk 2015: 28 y ss.). En paralelo a este declive,  el grupo criminal  “Cartel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) amplió su esfera de influencia pactando alianzas con las fuerzas de seguridad del estado y con grupos locales para debilitar a los Caballeros Templarios. Los analistas interpretaron las acciones del cártel del CJNG como una estrategia regional para expandir su área de poder desde Jalisco hacia Michoacán y hacia otros estados (Pérez Caballero 2014). Desde 2019, la banda del CJNG controla amplias zonas de Michoacán. 

Procesos de negociación entre la escalada de violencia y una paz de cementerio

En el contexto general, caracterizado por la violencia sistemática, una mirada a la evolución de las actividades mineras en Aquila y a las negociaciones entre la empresa Las Encinas y quienes tienen la propiedad de las tierras saca a la luz un panorama diferenciado donde se observan diversos actores y alianzas. En México, las empresas mineras son titulares de concesiones conforme a la Ley de Minería y deben negociar el uso del suelo con las personas propietarias de las tierras (Masuch 2013). (4)

La propiedad de la tierra puede ser nacional, colectiva (ejidos y comunidades agrarias) o privada . En el distrito de Aquila, la propiedad colectiva de la tierra ronda el 80% del territorio (Martínez Silva 2015: 236). Las tierras colectivas cuentan con una protección especial otorgada por la Constitución mexicana y, en la medida en que las comunidades indígenas detentan la propiedad de tierras comunales, la población indígena puede hacer valer derechos de amplio alcance y participar en los procesos de toma de decisiones.

En el caso de Las Encinas, se pueden distinguir dos fases diferentes tras el registro de la mina en 2005. En la primera, Ternium amplió sus actividades económicas sin tener en cuenta las demandas de las y los propietarios de las tierras. Los conflictos violentos se fueron agravando y, en 2013, las estructuras organizativas de los dueños de las tierras acabaron reducidas al mínimo. En este periodo los principales actores de la violencia fueron los Caballeros Templarios, en alianza con autoridades políticas y apoyados por las fuerzas de seguridad del Estado. En una segunda fase aumentó la inversión económica de Ternium y sus esfuerzos por expandir las actividades mineras a nivel regional. Además de Aquila, el distrito vecino de Chinicuila también se vio afectado por los planes de la empresa. Durante esta fase el grupo criminal CJNG amplió cada vez más su esfera de influencia.

El desarrollo de las actividades mineras en un contexto de violencia sistemática

En los años que siguieron a la adquisición de la mina por Ternium, las personas que tenían la propiedad de las tierras exigieron en varias ocasiones que se cumplieran los acuerdos pactados. En 2005, año de la fundación de Ternium S.A., la población de la comunidad de San Miguel Aquila ya había llegado a un acuerdo con los anteriores operadores de la mina Las Encinas/Hylsa para la extracción de mineral de hierro. Los acuerdos alcanzados con la empresa minera Las Encinas incluían pagos regulares a un “banco social” de la comunidad (Fideicomiso para la Inversión y Fuente Alterna de Pago – FIDE), así como el compromiso de contratar en la comunidad servicios como el transporte del mineral de hierro extraído. El ayuntamiento fundó la empresa municipal LANESEK para gestionar este negocio (Martínez Silva 2015: 244). Después de que Ternium se hiciera cargo de la mina, en 2005, empresa y comuneros firmaron un acuerdo de colaboración incorporando novedades como un compromiso de no injerencia en los asuntos políticos de la comunidad indígena y el respeto a sus decisiones (ibíd.: 245). 

En las negociaciones, la toma de decisiones en nombre de la comunidad corresponde a los comuneros, hombres y mujeres que poseen colectivamente la propiedad de las tierras y representan los intereses de la comunidad. (Martínez Silva 2015: 249). 

Los comuneros expresaron de forma repetida su descontento por el incumplimiento de acuerdos para la implementación de medidas de protección medioambiental y el pago de licencias (Rojas 2005, Martínez Silva 2015: 244 y ss.) Finalmente bloquearon la mina varias veces entre 2011 y 2013 para obligar a la empresa a sentarse a la mesa de negociaciones (Martínez Silva 2015: 244 y ss.). En 2012, las fuerzas de seguridad del Estado disolvieron los bloqueos de la mina (Del Conde/Paredes Coronel 2019: 166). Unos meses más tarde, en 2013, representantes del pueblo de San Miguel Aquila, incluidos los negociadores con Ternium, organizaron una guardia comunitaria, una guardia del pueblo. Con ello pretendían proteger a la población de las bandas de delincuencia organizada. Los Caballeros Templarios extorsionaban a propietarios de las tierras para que les pagaran por su protección (Sígler 2014, Dávila 2014) y se dice que mataron a un activista de derechos humanos en 2011 (Graham 2011).

La guardia comunitaria no prosperó y un grupo operativo especial formado por militares, miembros de la marina y unidades de la policía nacional irrumpió en San Miguel Aquila en agosto de 2013 llevando a prisión a más de 40 personas (Chávez Pérez 2014a). Los encarcelados, entre los que se encontraban representantes legítimos de los comuneros, fueron acusados de tenencia ilícita de armas. Unos días después, el 20 de agosto de 2013, más de 1.000 miembros de la policía federal invadieron la comunidad, robaron las viviendas y hostigaron a la población. Asaltaron el edificio de la empresa municipal de servicios, amenazaron a los trabajadores presentes y mataron a dos guardias de seguridad (Dávila 2014). Mientras los detenidos permanecían bajo custodia, otros seis miembros de la comunidad fueron secuestrados, torturados y asesinados. Junto a dos de los cadáveres se dejó escrita la amenaza “Esto les pasará a todos los miembros de la comunidad” (Dávila 2014). Tres de las víctimas eran directivos de una empresa comunal que prestaba servicios a Ternium y que, al parecer, se dirigían a presentar documentación sobre una demanda contra esta empresa (Nuño 2023a).

Para finales de 2013, una alianza de responsables políticos locales, fuerzas de seguridad del Estado y el cártel de los Caballeros Templarios había conseguido destruir todos las estructuras organizativas de la comunidad. Ternium ha sido acusada de financiar fuerzas de seguridad privadas, apoyadas por unidades de la policía local, para impedir las protestas contra sus actividades mineras (Lemus 2014). Otro actor relevante fueron los presidentes municipales, a los que se acusó de actuar como intermediarios entre el crimen organizado y Ternium (SinEmbargo 2014, Proceso 2015) y de organizar el despliegue de fuerzas de seguridad del Estado contra grupos opositores y comuneros críticos. Al menos tres de los presidentes municipales posteriores a 2005, por aquel entonces todos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), actuaron en interés del crimen organizado. (5)

La cooperación entre los Caballeros Templarios y responsables políticos no se limitó solo  al nivel local sino que también tuvo una dimensión federal: se manipularon las elecciones federales de noviembre de 2011. Utilizando la corrupción, la represión y actuaciones de sus propios agentes hicieron posible la elección del gobernador Fausto Vallejo y así aseguraron su control político sobre Michoacán (Del Conde/Paredes Coronel 2019: 166). Pocos días después de los ataques, asesinatos y detenciones arbitrarias de Aquila, el vicegobernador Jesús Reyna García visitó la población, no para anunciar una investigación sobre los crímenes y ataques, sino como una señal de respaldo a la calma que había regresado (Dávila 2014). Jesús Reyna García permaneció detenido durante un año acusado de colaborar con los Caballeros Templarios (Cawley 2014). El gobernador Fausto Vallejo se vio obligado a renunciar a su cargo en 2014 también por vínculos con los Caballeros Templarios (Gil Olmos 2014). 

Las instancias públicas en materia agraria contribuyeron al debilitamiento de la posición de los comuneros. El tribunal agrario competente (Tribunal Unitario Agrario), encargado de dirimir los derechos de uso y propiedad de la tierra, así como del registro notarial de los representantes elegidos conforme a las leyes por los propietarios, omitió cumplir con los requisitos administrativos necesarios para comprobar quienes eran los representantes legítimos de los comuneros. Las autoridades públicas responsables de adjudicar las concesiones mineras fueron acusadas de haber autorizado nuevas actividades mineras de manera ilegal, apoyándose en miembros corruptos de la comunidad (Dávila 2014).

Tras los ataques armados de fuerzas de seguridad del Estado en Aquila, la detención de más de 40 miembros de la comunidad y los asesinatos y desapariciones, no está claro en qué contexto y con quién Ternium siguió negociando el uso de las tierras comunales. La capacidad de organización de los y las propietarios se vio gravemente mermada tras los violentos sucesos de 2013 en un contexto de falta de apoyo de las autoridades estatales (Martínez Elorriaga 2013 , Cendejas/Arroyo/Sánchez 2015: 275 y ss.).

La expansión de la mina en el nuevo contexto 

A partir de 2014, Ternium había expandido ilegalmente la mina sin consultar a la población local, en terrenos para los que no existía ni concesión ni acuerdos con la comunidad (Macías 2014). Además, también se ampliaron las actividades mineras legales. En el momento de la adquisición de la mina de Aquila, Las Encinas tenía derechos mineros para 76 hectáreas (Ternium 2012: 35). En 2017, según la información de la empresa, Ternium tenía 383 hectáreas de superficie de explotación en Aquila con el consentimiento de los y las propietarios de las tierras (Ternium 2017: 37, Ternium 2023b). Según Ternium, la superficie de explotación se amplió a 586 hectáreas en 2019 (Ternium 2019a: 37). Tras la represión sistemática de 2013, quienes eran propietarios no podían adoptar una postura colectiva frente a las actividades mineras. En este contexto, la filial de Ternium, Las Encinas, habría ampliado sus actividades sin consultar a la comunidad y sin obtener las concesiones correspondientes (Nuño 2023a, Martínez Elorriaga 2017). Mencionando ambigüedades en la representación legal de los y las propietarios de las tierras, Ternium también suspendió temporalmente el pago de indemnizaciones (Nuño 2023a, Ternium 2023b). 

La empresa presentó un peritaje sobre la expansión de la minería no solo para la comunidad de Aquila, sino también para la comunidad vecina de Chinicuila (Ternium 2019b). La comunidad nahua de Huizontla en el distrito de Chinicuila optó por la estrategia de seguir la vía legal para impedir las actividades mineras en sus tierras solicitando la cancelación de las concesiones otorgadas a las empresas mineras (Desinformémonos 2023) e invocando el derecho de los pueblos indígenas al Consentimiento Fundamentado Previo, es decir, a ser consultados con antelación para cualquier proyecto que afecten a su territorio (Centro Prodh 2021).

Paralelamente hubo cambios significativos en el contexto al surgir nuevos actores armados. Los Caballeros Templarios se consideran desarticulados desde 2014 (Heinle/Molzahn/Shirk 2015: 28 y ss.) pero otros grupos del crimen organizado de otras regiones extendieron su esfera de influencia a Michoacán. El representante especial Alfredo Castillo, designado por el entonces presidente de México, fundó en enero de 2014 las llamadas autodefensas con apoyo de la policía federal y de algunos habitantes de Aquila. Estas autodefensasformaron alianzas con otras fuerzas de seguridad estatales y con las bandas de Jalisco Nueva Generación (CJNG) (Chávez Pérez 2014b). Las bandas del CJNG han sido particularmente violentas desde 2019 en la comunidad de Chinicuila, que colinda con Aquila, obligando a huir a cientos de personas de la comunidad, dejando parcial o totalmente desiertos durante algún tiempo varios núcleos de población (Zamora Briseño 2021). La guardia nacional encargada de la seguridad nacional interna acudió a la comunidad pero no ofreció apoyo a las personas afectadas (Paredes 2024). El conflicto se agravó en 2021. Según información aportada por periodistas, los grupos del crimen organizado, fuertemente armados, actuaron con el objetivo de eliminar la resistencia a la expansión de la mina de Ternium mediante asesinatos y desapariciones (Paredes 2024).

La comunidad nahua logró una victoria legal en enero de 2022 pero la violencia que sufría aumentó significativamente. El juzgado de distrito responsable revocó las concesiones de la empresa minera Las Encinas en el territorio comunitario al no haberse respetado su derecho a la consulta, entre otros (Ruiz 2022, Desinformémonos 2023). Este único éxito del Estado de derecho, que confirmó legalmente que se habían vulnerado los derechos de los pueblos indígenas y prohibió a Las Encinas realizar más actividades mineras en la comunidad de Chinicuila, no representó ningún cambio de paradigma.

El crimen organizado y los grupos del CJNG ampliaron significativamente su control sobre la región y la población vio masivamente restringida su libertad de movimientos por la violencia generalizada. Tanto en Aquila como en la comunidad vecina de Chinicuila, las voces críticas fueron perseguidas, secuestradas, asesinadas o sufrieron desapariciones forzadas: a principios de 2023 tres miembros de la guardia comunitaria y un importante representante de la comunidad indígena fueron asesinados en pocas semanas (Paredes 2023a, Centro Prodh 2023). Otras dos personas, el activista comunitario Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Lagunes Gasca, fueron víctimas de desaparición forzada (Nuño 2023a).

Impunidad para el asesinato, criminalización para el activismo social: dos caras de la misma moneda

Entre 2005 y 2023, en Aquila y en otras comunidades vecinas afectadas por actividades mineras, 13 personas fueron víctimas de asesinatos y dos más sufrieron desaparición forzada. Entre ellas se encuentran miembros activos de las comunidades y propietarios de tierras que, desde el punto de vista legal, deberían participar en las negociaciones con la empresa minera Las Encinas, filial de Ternium. La policía y la justicia aún no han resuelto estos crímenes, de los que se desconocen tanto los autores como la información de contexto.

Ni las fuerzas de seguridad ni las autoridades policiales o judiciales han cumplido con su obligación de proteger a la población de ataques perpetrados por agentes estatales y por terceros, todo lo contrario, varias instancias estatales han apoyado, pasiva y activamente, los delitos cometidos y las actividades criminales. Al mismo tiempo , lo que sí han hecho las autoridades estatales ha sido criminalizar a la población. En el contexto de procesos políticos de toma de decisiones en San Miguel Aquila, las autoridades detuvieron arbitrariamente a más de 40 hombres durante varias semanas, llevando a varios de ellos a una prisión de alta seguridad (Chávez Pérez 2014a). El representante electo de la comunidad y otras dos personas fueron posteriormente condenados a largas penas de prisión por secuestro, penas que fueron revocadas cuatro años al ganar los recursos de apelación (Martínez Elorriaga 2017, Méndez 2017, Nuño 2017).

El papel de dos tipos de autoridades llama especialmente la atención en este caso: los presidentes municipales como responsables políticos locales y las autoridades de órganos e instituciones agrarias competentes en la región. Los presidentes municipales utilizaron su cargo no sólo para mantener un contacto directo con la empresa minera, sino también para actuar en interés del crimen organizado. Uno de los antiguos presidentes municipales, José Cortés Ramos, fue detenido en repetidas ocasiones por su pertenencia a uno de estos grupos de delincuencia organizada. Las autoridades nacionales iniciaron investigaciones sobre las desapariciones de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, sólo tras la intervención de actores internacionales, incluidas Naciones Unidas, como resultado de las cuales José Cortés Ramos fue detenido como uno de los presuntos responsables de estas desapariciones (Nuño 2023b).

Las autoridades de las instituciones agrarias son actores particularmente relevantes porque deciden sobre litigios por límites territoriales, derechos de propiedad, procesos colectivos y la expedición de los títulos de propiedad. En el presente caso, la autoridad agraria competente no actuó debidamente: las personas elegidas como representantes de la comunidad agraria no recibieron la legalización notarial y se registraron títulos de propiedad a favor de personas sin realizar previamente las debidas verificaciones. Además, en al menos un caso, se tomó una decisión arbitraria a favor de la delincuencia organizada (Dávila 2014).

Las actividades empresariales de Ternium y su filial Las Encinas se han desarrollado en un contexto de extrema violencia,  en la que las conductas delictivas no han sido perseguidas, desde la fundación de la empresa. Esto ha facilitado que los perpetradores de crímenes pueden seguir cometiendo delitos con total impunidad e incluso se vean alentados a  hacerlo. 

En este contexto destaca el hecho de que la corrupción haya llegado hasta la cooperación directa entre autoridades, responsables políticos y organizaciones criminales. La población local, propietaria de las tierras, se enfrenta a la criminalización por el Estado y a la persecución, asesinato o desaparición forzada de sus representantes legítimamente elegidos a manos de actores armados. No sólo los autores directos de los delitos se benefician de la impunidad, también los grupos de interés la utilizar para materializar sus objetivos por medio de estas alianzas entre la política y el crimen organizado, usando sistemáticamente la violencia.

La obligación de debida diligencia de las empresas

Las empresas tienen el deber de reforzar el desarrollo sostenible y de minimizar el impacto negativo de las actividades empresariales sobre las personas y el medio ambiente. Su marco de referencia para estas obligaciones está en las “Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre la Conducta Empresarial Responsable”, elaboradas en 1976 y actualizadas periódicamente (OCDE 2023) así como en los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’” (Naciones Unidas 2014). La OCDE ha creado puntos de contacto nacionales en todos sus países miembro para apoyar a las empresas y a los organismos gubernamentales en la implementación de estas directrices. Las Naciones Unidas también respaldan la aplicación de las obligaciones de debida diligencia de las empresas a través del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Corporaciones Transnacionales. 

En 2017, este Grupo de Trabajo presentó recomendaciones al Estado mexicano y a las empresas que operan en México. Entre otras cosas, se recomienda a las empresas identificar los riesgos existentes en materia de derechos humanos y tomar medidas preventivas, adoptar una postura clara contra las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y cumplir con la obligación de consulta a las comunidades afectadas (Naciones Unidas 2017: párr. 109).

Aspectos fundamentales de estas normas internacionales están siendo ignorados por Ternium en el sector minero. A pesar de sus promesas de contribuir a mejorar la situación de Aquila en los ámbitos de pobreza, educación y salud (Las Encinas S.A. 2007), los índices de pobreza en la comunidad seguían siendo en 2020 persistentemente elevados: el 16,2% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema y el 32,6% en situación de pobreza. Los datos de la autoridad nacional de estadística muestran que, si bien se generan ingresos en Aquila, el número de personas sin acceso a la seguridad social, vivienda y alimentación casi se duplicó de 2010 a 2020 llegando a alcanzar al 46.3% de la población (CONEVAL 2020).

La situación ambiental parece haber sufrido un deterioro significativo como consecuencia de los trabajos mineros. La población de Aquila ya había exigido mejoras en 2005 por  consecuencias negativas de la minería que incluían falta de suministro de agua potable y problemas de salud por el agua contaminada (Lemus 2015). En conclusión, se considera que los daños ecológicos causados por la minería han aumentado. (Martínez Silva 2015:246).

Otro aspecto a considerar son los derechos de la población indígena en la zona minera, es decir, las obligaciones asociadas al deber de proteger los derechos de los pueblos indígenas y a la propiedad colectiva de las tierras afectadas por la concesión. Los hechos expuestos demuestran que las personas propietarias de las tierras no han podido hacer uso del derecho a organizarse en defensa de sus intereses. El asesinato impune de 13 hombres, la desaparición de dos más, así como detenciones arbitrarias en las comunidades afectadas, han obstaculizado masivamente los procesos organizativos que les reconoce la ley. Hay informaciones de que Ternium creó una unidad de seguridad que usó la fuerza de manera arbitraria junto a otros grupos (Lemus 2014). Dos actores estatales: presidentes municipales y personal de las instituciones agrarias, actuaron en interés de terceros y hay sospechas de que la empresa minera recibía información de antemano cuando se planeaban medidas represivas. Por ejemplo, hay testigos que informaron de que la mina cesó sus actividades antes de la incursión de las fuerzas de seguridad en San Miguel Aquila en 2013 (Reforma 2013). Fue en 2013, en particular, cuando parece que convergieron los intereses del gobierno nacional, el gobierno estatal, el entonces presidente municipal de Aquila y la empresa Ternium. Como consecuencia, las y los comuneros fueron sometidos a presiones extremas, cometiéndose los delitos antes descritos (Gómez Urrutia 2013). 

En estas circunstancias, la libertad de reunión de los comuneros está gravemente comprometida. Los conflictos de intereses entre propietarios de tierras que trabajan para la empresa minera Las Encinas o son subcontratistas de la misma y quienes no lo hacen, son utilizados para polarizarles.

Aunque Ternium cita, entre sus riesgos generales, la presencia de delincuencia organizada en sus informes anuales 20-F (6) para las bolsas estadounidenses, no menciona otros riesgos. A partir de 2010, utiliza el término “comunidades nativas” y sólo en el informe anual de 2014 hace referencia a la cuestión de la tierra y al término ejido (Ternium 2010, 2014). Por lo tanto, para personas ajenas a la empresa no es reconocible que hay grupos de población con derechos especiales de protección, como son los grupos indígenas, afectados por las actividades mineras, ni que los títulos de propiedad colectiva de la tierra han de ser tenidos en cuenta a la hora de negociar los posibles usos de la superficie arrendada.

Tras la desaparición de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, Naciones Unidas pidió al gobierno mexicano que le proporcionara toda la documentación que pudiera tener relación con este caso (Naciones Unidas 2023). (7) La empresa se había limitado a afirmar en esta investigación que había actuado de conformidad con todas las leyes mexicanas (Ternium 2023b), sin aportar más datos. No hay pruebas de que Tertium haya cumplido con su deber de proteger los derechos humanos implementando una estrategia de actuación con participación de las partes interesadas (Pacto Mundial 2024). Tampoco consta que haya realizado otras actuaciones para cumplir con su deber empresarial en esta materia. No existe un sistema transparente de información sobre derechos humanos, ni se identifican o documentan riesgos de derechos humanos, derechos sociales ni derechos medioambientales. No existe un procedimiento seguro de denuncia, ni protección para los denunciantes frente a represalias.

En resumen, se ha demostrado que Ternium no sólo no ha tomado ninguna medida para cumplir con sus obligaciones empresariales de cuidar los derechos humanos, sino que existen pruebas de que las ha incumplido en varias ocasiones. Las actividades de la empresa en los ámbitos de la educación, la salud o la reducción de la pobreza no han promovido procesos de desarrollo sostenible. La empresa es activamente responsable de haber vulnerado leyes, ha causado daños medioambientales que conllevado perjuicios para la salud de la población afectada y también ha ignorado los derechos de la población indígena y de otros grupos vulnerables. Además, se ha beneficiado directamente del hecho de que el Estado y el crimen organizado hayan reprimido sistemáticamente a quienes representaban de manera legítima los intereses de la población afectada por la mina. En ningún momento Tertium ha apoyado a la población agredida ni ha contribuido a la investigación de las violaciones de los derechos humanos. Al contrario, ha intensificado sus actividades económicas en diferentes momentos en que se perpetraba con total impunidad una violencia sistemática contra los comuneros y la población indígena. Por lo tanto, la empresa no sólo es parcialmente responsable de la violencia sobre el terreno, sino que también es cómplice en las alianzas locales entre los actores estatales y el crimen organizado.

***

Christiane Schulz es politóloga, en su tesis de doctorado ha investigado sobre organizaciones de derechos humanos en México.  Ha trabajado en América Latina, es experta en Derechos Humanos.

*Una versión en alemán de este artículo fue publicada en agosto de 2025: Christiane Schulz:Unternehmerische Sorgfaltspflichten in Kontexten von organisierter Kriminalität und Korruption: Bergbau in Mexiko en Zeitschrift für Menschenrechte 1/2025: Menschenrechte, Kriminalitätsbekämpfung und nationale Sicherheit; Pag. 136 – 153.

Foto de portada: Familiares de personas desaparecidas instalaron un memorial en el Zócalo capitalino en conmemoración a los 3 años desde la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Diaz Valencia. Mariana Maytorena / Obturador MX.

Referencias:

1.  Un agradecimiento especial para Dominique Eckstein y Peter Clausing por su colaboración y por las investigaciones conjuntas realizadas en México en febrero de 2024. La autora también realizó entrevistas con personas expertas en octubre y noviembre de 2024 en México y verificó los antecedentes históricos y los datos citados. Por motivos de seguridad, no fue posible realizar viajes de investigación a Aquila. Desde hace varios años, abogados, periodistas y personas del mundo académico se han visto obligados a restringir sus actividades no viajando a esta región.
2. Las víctimas mortales documentadas son: José Trinidad de la Cruz en 2011 (Graham 2011), Salvador Ramos Eudave, Jacinto Alejandro Martínez Paulino, Emilio Martínez López, Miguel Martínez López, Miguel Alcalá Alcalá en 2013, Ignacio Martínez de la Cruz, Francisco Javier Ramos Uvalle y Carlos Zapién Díaz quienes fueron secuestrados en 2013, sus cadáveres fueron encontrados en 2014 (Dávila 2014). También en el 2023 Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano (Paredes 2023a) y Eustacio Alcalá Díaz (Centro Prodh 2023). Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca fueron víctimas de desaparición forzada en 2023 (Nuño 2023a). Los datos disponibles proceden de informes de organizaciones de derechos humanos y artículos de prensa.
3.  La empresa Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada pertenece en un 50% a Ternium y en un 50% a Acelor Mittal.
4.  La Ley de Minería mexicana, en su versión actual y en sus versiones anteriores, se encuentra publicada en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación 2023).
5. A estos alcaldes se les acusó de colaborar con los Caballeros Templarios: Mario Álvarez López, alcalde en 2005, entre otros, y sus colaboradores (Proceso 2014, Paredes 2023b); José Cortés Ramos (2008-2011) (Justice in Mexico 2009, Grayson 2015: 66) y su sucesor Juan Hernández Ramírez (SinEmbargo 2014, Proceso 2015, Castellanos 2021).
6.  Los denominados informes 20-F de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) deben ser elaborados anualmente por todos los emisores de valores extranjeros que cotizan en las bolsas estadounidenses. Los informes pueden consultarse en la página web de Ternium.
7. La carta fue firmada por las siguientes instancias de las Naciones Unidas: Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska, Robert McCorquodale), Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Francisco Cali Tzay), Relatora Especial sobre Defensores de los Derechos Humanos (Mary Lawlor), la Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión (Irene Khan), el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas (Aua Baldé, Gabriella Citroni, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska, Luciano Hazan) y el Relator Especial sobre los Derechos humanos y el Medio Ambiente (David R. Boyd).

Bibliografía:

Buscaglia, Eduardo (2010): México pierde la Guerra. In: Revista Esquire, (3/2010), 95–101.

Castellanos, Francisco (2021): Ejecutan al exalcalde de Aquila que apareció en fotografía con “La Tuta”. In: Revista Proceso, 05.01.2021, https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/5/ejecutan-al-exalcalde-de-aquila-que-aparecio-en-fotografia-con-la-tuta-255659.html (último acceso: 17 febrero 2025).

Cawley, Marguerite (2014): Ex-Michoacan Governor Case Spotlights Knights Templar Political Network. In: InSight Crime, 08.05.2014, https://insightcrime.org/news/brief/ex-michoacan-governor-case-spotlights-knights-templar-political-network/ (último acceso: 17 febrero 2025).

Cendejas, Josefina María/Arroyo, Omar/ Sánchez, Angélica (2015): Comunalidad y buen vivir como estrategias indígenas frente a la violencia en Michoacán: los casos de Cherán y San Miguel de Aquila. In: Revista Pueblos y Fronteras Digital, junio- -noviembre 2015, 257–284.

Centro Prodh (2021): Amicus Curiae, Expediente: Amparo en Revisión 134/2021.28.01.2021.

Centro Prodh (2023): Eustacio Alcalá: otro defensor comunitario del ambiente asesinado. In: Animal Político, 11.04.2023, Eustacio Alcalá: otro defensor comunitario del ambiente asesinado (último acceso: 17 febrero 2025).

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONVEAL] (2020), Data México, Aquila, http://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/aquila#equidad-pobreza (último acceso: 19 febrero 2025).

Chávez Pérez, Adazahira (2014a): En Aquila, la mina está detrás de todo en: Desinformémonos, 02.02.2014, https://desinformemonos.org/en-aquila-la-mina-esta-detras-de-todo/ (último acceso: 17 febrero 2025).

Chávez Pérez, Adazahira (2014b): En Aquila estamos aparte de las autodefensas y queremos que se nos respete. In: Desinformémonos, 02.02.2014, https://desinformemonos.org/en-aquila-estamos-aparte-de-las-autodefensas-y-queremos-que-se-nos-respete/ (último acceso: 17 febrero 2025).

Dávila, Patricia (2014): Michoacán: los nahuas de Aquila, atacados desde todos los frentes. In: Revista Proceso, 13.06.2014, https://www.proceso.com.mx/reportajes/2014/6/13/michoacan-los-nahuas-de-aquila-atacados-desde-todos-los-frentes-133671.html (último acceso: 10 mayo 2024).

Del Conde, Ana/Paredes Coronel, Heriberto (2019): Legal and Illegal Violence in Mexico: Organized Crime, Politics, and Mining in Michoacán. In: Paley, Dawn/Granovsky-Larsen, Simon (Ed.) (2019): Organized violence: capitalist warfare in Latin America, Regina: University of Regina Press, 162–177.

Desinformémonos (2023): Reportan asesinato del defensor indígena Eustacio Alcalá en Michoacán. In: Desinformémonos 04.04.2023, https://desinformemonos.org/reportan-asesinato-del-defensor-indigena-eustacio-alcala-en-michoacan (último acceso: 18 febrero 2025).

Gil Olmos, José (2014): La verdadera historia de los Vallejo. In: Revista Proceso, 29.07.2014, https://www.proceso.com.mx/reportajes/2014/7/29/la-verdadera-historia-de-los-vallejo-135404.html(último acceso: 24 mayo 2024).

Gómez Urrutia, Napoleón (2013): En Aquila: empresa minera que alienta el conflicto social. In: La Jornada, 22.08.2013, https://www.jornada.com.mx/2013/08/22/politica/019a1pol(último acceso: 21 febrero 2025).

Global Compact (2024): Stakeholderbeteiligung bei der Erfüllung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht, Stakeholdermanagement_Publikation.pdf (último acceso: 21 febrero 2025).

Graham, Ronan (2011): Mexico’s Peace Movement Suffers 3rd Killing, as Activist Found Dead. In: InSight Crime, 08.12.2011, https://insightcrime.org/news/brief/mexicos-peace-movement-suffers-3rd-killing-as-activist-found-dead/ (último acceso: 18 febrero 2025).

Grayson, Gerorge W. (2015): La Familia Drug Cartel: Implications for U.S.-Mexican Security. Carlisle, PA: USAWC Press.https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1589&context=monographs (último acceso: 2 junio 2024).

Heinle, Kimberly/Molzahn, Cory/Shirk, David A. (2015): Drug Violence in Mexico, Data and Analysis Through 2014. Justice in Mexico: San Diego. https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2015/04/2015-Drug-Violence-in-Mexico-final.pdf (último acceso: 28 mayo 2025).

Hernández Navarro, Luis (2014): La empresa templaria. In: La Jornada, 02.11.2014, https://www.jornada.com.mx/2014/02/11/opinion/017a2pol. (último acceso: 5 mayo 2024).

Justice in Mexico 2009: Federal crackdown on corruption in Michoacán: Nearly 30 local officials arrested. In: Justice in Mexico Project, Monthly News Report May, https://justiceinmexico.org/simultaneous-arrests-made-to-fight-organized-crime-in-michocan/(último acceso: 21 febrero 2025).

Las Encinas S.A. (2007): Proyecto de Ampliación de la Superficie de Explotación de la “Mina Aquila”. Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular.

Lemus, Jesús J. (2014): A la ley del metal. In: Reporte Indigo, 05.11.2014, https://www.reporteindigo.com/reporte/la-ley-del-metal/ (último acceso: 5 mayo 2024).

Lemus, Jesús J. (2015): Negocios tóxicos. In Reporte Indigo, 18.05.2015,https://www.reporteindigo.com/reporte/negocios-toxicos/ (último acceso: 5 junio 2024).

Macías, Verónica (2014): Minas de Aquila, explotadas ilegalmente por empresas. In: El Economista, 25.08.2014, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Minas-de-Aquila-explotadas-ilegalmente-por-empresas-20140824-0008.html (último acceso: 17 febrero 2025).

Martínez Elorriaga, Ernesto (2013): Niegan éxodo por la violencia en Aquila, In: La Jornada, 09.08.2013, https://www.jornada.com.mx/2013/08/09/estados/028n1est(último acceso: 17 febrero 2025).

Martínez Elorriaga, Ernesto (2017): Liberan a Agustín Villanueva, dirigente de autodefensas de Aquila, y a sus 2 hermanos. In: La Jornada, 14.10.2017, https://www.jornada.com.mx/2017/10/14/estados/024n1est(último acceso: 17 febrero) 2025.

Martínez Silva, Eleocadio (2015): “No te acabes tierra roja”. Consensos y resistencias en el enclave minero de Aquila, Michoacán. In: Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 144, 227–255.

Masuch, Dirk (2013): Der Bergbau in Mexiko. In: Miningscout, 24.02.2013, https://www.miningscout.de/blog/2013/02/24/der-bergbau-in-mexiko/ (último acceso: 17 febrero 2025).

Méndez, Angel (2017): Saldrá libre Agustín Villanueva tras reclasificación de delito. In: Quadratin, 11.10.2017, https://www.quadratin.com.mx/justicia/saldra-libre-agustin-villanueva-tras-reclasificacion-delito/(último acceso: 17 febrero 2025).

Nuño, Analy (2017): Ternium y su guerra contra los comunitarios. In: Pie de Página, 17.12.2017, https://piedepagina.mx/ternium-y-su-guerra-contra-los-comunitarios/ (último acceso: 17 febrero 2025).

Nuño, Analy (2023a): Desaparecen a defensores de Aquila tras amenaza de minera y persecuciones, acusan comuneros. In: A dónde van los desaparecidos, 31.01.2023, https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/01/31/desaparecen-a-defensores-de-aquila-tras-amenaza-de-minera-y-persecuciones-acusan-comuneros/?fbclid=IwAR1gWoH_3ILuRIHPwkvoKIdz6EWESVP6wvhHCHO-zX-mGxOT6VfWZwVU_us (último acceso: 17 febrero 2025).

Nuño, Analy (2023b): Siete claves en torno a la desaparición de defensores en Aquila, Michoacán. In: A dónde van los desaparecidos, 15.08.2023, https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/08/15/siete-claves-en-torno-a-la-desaparicion-de-los-defensores-de-aquila/ (último acceso: 17 febrero 2025).

OECD (2023): OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln. Paris: OECD Publishing.

Paredes, Heriberto (2023a): Nuevo ataque en Ostula deja 3 guardias comunales asesinados. In: Pie de Página, 13 enero 2023, https://piedepagina.mx/nuevo-ataque-a-la-comunidad-de-ostula-deja-3-guardias-comunales-asesinados/ (último acceso: 17 febrero 2025)

Paredes, Heriberto (2023b): Mujeres, sostenimiento y cuidados en la defensa de Santa María Ostula. In: ZonaDocs, 2023, https://www.zonadocs.mx/mujeres-cuidados-defensa-santa-maria-ostula/ (último acceso: 17 febrero 2025).

Paredes, Heriberto (2024): José Gabriel Pelayo, el profesor michoacano desaparecido en la zona de silencio, In: Pie de Página, 17.04.2024, https://piedepagina.mx/jose-gabriel-pelayo-el-profesor-michoacano-desaparecido-en-la-zona-de-silencio/ (último acceso: 17 febrero 2025)

Pérez Caballero, Jesús (2014): CJNG: Cómo adaptarse con éxito a la ‘guerra al narcotráfico’ en México. In: InSight Crime, 14.10.2014, https://insightcrime.org/es/noticias/analisis/cjng-como-adaptarse-guerra-narcotrafico-mexico/(último acceso: 17 febrero 2025).

Proceso (2014): Ligan al narco a tres regidores de Aquila, Michoacán. In: Revista Proceso, 24.12.2014, https://www.proceso.com.mx/nacional/2014/12/24/ligan-al-narco-tres-regidores-de-aquila-michoacan-141418.html (último acceso: 17 febrero 2025).

Proceso (2015): Formal prisión a alcalde de Aquila acusado de nexos con los Templarios. In: Revista Proceso, 08.06.2015, https://www.proceso.com.mx/nacional/2015/6/8/formal-prision-alcalde-de-aquila-acusado-de-nexos-con-los-templarios-148217.html (último acceso: 17 febrero 2025)

Reforma (2013): Culpan a minera Ternium por crisis en Aquila, Michoacán. In: El Diario 16.08.2013, https://diario.mx/Nacional/2013-08-16_fece33b4/culpan-a-minera-ternium-por-crisis-en-aquila-michoacan/ (último acceso: 21 febrero 2025).

Rojas, Rosa (2005): Causa una minera daños a la salud y el ambiente en Aquila, acusan representantes. En: La Jornada, 02.12.2005. https://www.jornada.com.mx/2005/12/02/index.php?section=sociedad&article=053n1soc (último acceso: 19 febrero 2025).

Ruiz, Alejandro (2022): Comunidad nahua gana amparo contra concesiones mineras. In: Pie de Página, 31.01.2022, https://piedepagina.mx/comunidad-nahua-gana-amparo-contra-concesiones-mineras/ (último acceso: 18 febrero 2025

Sígler, Edgar (2014): Hierro ‘forja’ narcoguerra en Michoacán. In: Expansion, 15.01.2014, https://expansion.mx/economia/2014/01/13/hierro-forja-narcoguerra-en-michoacan (último acceso: 4 mayo 2025).

SinEmbargo (2014): El Alcalde priista de Aquila, Michoacán, también es exhibido en una reunión con “La Tuta”. In: SinEmbargo, 26.09.2014, https://www.sinembargo.mx/1127917/el-alcalde-priista-de-aquila-michoacan-tambien-es-exhibido-en-una-reunion-con-la-tuta/ (último acceso: 17 febrero 2025).

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2023): Ley de Mineria — antes Ley Minera. https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=jo1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvarpglwCEyLSahkUHeCpt+4dZ49sE1EKRXGyip7rDMS1(último acceso: 5 junio 2025).

Ternium (2006): Form F-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933 – Securities and Exchange Commission, Washington, D.C., Ternium S.A., Luxemburg, January 10, 2006.

Ternium (2010): Form 20-F, Commission file number: 001-32734, Ternium S.A., Annual reportpursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2010.

Ternium (2012): Form 20-F, Commission file number: 001-32734, Ternium S.A., Annual reportpursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2012.

Ternium (2014): Form 20-F, Commission file number: 001-32734, Ternium S.A., Annual reportpursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2014.

Ternium (2017): Form 20-F, Commission file number: 01-3132734, Ternium S.A., Annual reportpursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2017.

Ternium (2019a): Form 20-F, Commission file number: 01-3132734, Ternium S.A., Annual reportpursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2019

Ternium (2019b): Manifestación de Impacto Ambiental, Ampliación del área de operaciones de la Mina Aquila, Municipios de Chinicuila y Aquila, , México.

Ternium (2022): Mujeres que transforman a Ternium, 08.03.2022, https://mx.ternium.com/es/novedades/noticias/ternium-diversidad-inclusion–00481798122 (último acceso: 17 febrero 2025).

Ternium (2023a): Reporte Sustentabilidad 2023, https://www.ternium.com/es/esg (último acceso: 17 febrero 2025).

Ternium (2023b): Respones to inquirí UA OTH 6/2023, Letter to Special Procedures Chief, Office of the High Commissionaire of the UN for Human Rights, 13.04.2023.

Ternium (2023c): Form 20-F, Commission file number: 01-3132734, Ternium S.A., Annual reportpursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 2013.

Ternium (2024): Annual Report 2023, https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc_news/archive/AGSM/2024/Annual-Report-2023.pdf (último acceso: 21 febrero 2025)

Tetreault, Darcy (2016): Free-Market Mining in Mexico. In: Critical Sociology, 42 (4-5), 643–659. https://doi.org/10.1177/0896920514540188

Valenzuela, Francisco (2023): Reapertura de mina en Aquila, por presiones de gobierno: comuneros. In: El Sol de Morelia, 05.07.2023, https://oem.com.mx/elsoldemorelia/local/reapertura-de-mina-en-aquila-por-presiones-de-gobierno-comuneros-18926182 (último acceso: 18 febrero 2025).

Vereinte Nationen (2014): Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, un-leitprinzipien-de-data.pdf (último acceso: 20 febrero 2025).

Vereinte Nationen (2017): Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México; A/HRC/35/32/Add.2

Vereinte Nationen (2023): México debe esclarecer la suerte y el paradero de los defensores de los derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz y las empresas deben colaborar: Expertos de la ONU, 20 febrero 2023, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/02/mexico-must-clarify-fate-and-whereabouts-human-rights-defenders-ricardo(último acceso: 18 mayo 2025).

Zamora Briseño, Pedro (2021): Prisioneros del miedo. In: Revista Proceso, 11.12.2021, https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/12/11/prisioneros-del-miedo-277327.html (último acceso: 17 febrero 2025).

Zepeda Gil, Raul (2016): Violencia en Tierra Caliente: guerra criminal e intervenciones federales de 2000 a 2014 (trabajo de master). Ciudad de México: El Colegio de México.