Colima, México, Avanzada (07/01/2026).- Después de siete años de permanecer archivado, el proyecto inmobiliario denominado “Fraccionamiento Puerto Santiago”, a desarrollarse sobre más de 56 hectáreas en las márgenes de la Laguna de Juluapan, fue reactivado y se encuentra formalmente en evaluación ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El Documento Técnico Unificado (DTU), en su modalidad B–Particular, fue ingresado recientemente para que la autoridad federal determine si el desarrollo obtiene o no la autorización en materia ambiental, un paso necesario para su eventual ejecución en el municipio de Manzanillo.
La promovente, Puerto Santiago Manzanillo, S. de R.L. de C.V., sostiene que sólo 32.39 hectáreas serán directamente afectadas por las obras, en tanto que el cambio de uso de suelo forestal solicitado ante Semarnat abarca 23.17 hectáreas, de las cuales 17.08 corresponden a selva baja caducifolia y 6.09 a manglar.
El estudio reconoce la remoción de más de 13 mil árboles, así como miles de arbustos, palmas, helechos y bejucos, incluidos mangles blanco, rojo y botoncillo.
La empresa argumenta que buena parte de esta vegetación se encuentra en estado de degradación —desde ligera hasta extrema— y que la afectación real sería menor al área total solicitada para el cambio de uso de suelo, debido a la pérdida previa de cobertura vegetal.
El proyecto plantea la urbanización de un polígono de 56.38 hectáreas ubicado a un costado de la laguna de Juluapan, frente a la playa La Boquita, de cuya superficie total 32.39 hectáreas serían destinadas al aprovechamiento urbano, mientras que 23.99 hectáreas quedarían como áreas de conservación, según se detalla en el resumen ejecutivo del estudio ambiental en poder de Avanzada.
El predio está conformado por dos propiedades colindantes: una fracción de 51.03 hectáreas perteneciente a la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S. de R.L. de C.V. y otra de 5.35 hectáreas propiedad de Marhnos Inmobiliaria, S.A. de C.V., superficies que fueron consideradas dentro del Plan Parcial de Urbanización impulsado por la primera empresa.
El proyecto colinda con la Zona Federal Marítimo Terrestre y contempla dentro de su polígono dos áreas catalogadas como “terrenos ganados al mar”, con una superficie aproximada de 4 mil 859 metros cuadrados, además de queuna parte significativa del área a intervenir presenta vegetación de manglar y selva baja caducifolia.
De acuerdo con el levantamiento forestal incluido en el DTU, en el sitio se identificaron 23.67 hectáreas de selva baja caducifolia y 20.48 hectáreas de manglar, distribuidas en distintos polígonos.
El proyecto contempla actividades de desmonte, despalme, urbanización y habilitación de servicios como redes de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, energía eléctrica, vialidades internas, banquetas, áreas verdes y lotificación.
La construcción se realizaría en dos etapas, con un periodo estimado de dos años, mientras que la vida útil del fraccionamiento se proyecta en al menos 30 años, sin considerar una etapa de abandono.
En materia ambiental, el promovente asegura que los impactos identificados —principalmente sobre paisaje, suelo, vegetación, fauna, aire y agua— son mitigables mediante programas de rescate de flora y fauna, reforestación con especies nativas, obras de conservación de suelo, control de escurrimientos, terrazas, barreras de retención y compensaciones ambientales tanto dentro como fuera del polígono del proyecto.
El DTU reconoce incrementos temporales en la erosión del suelo y una disminución inicial en la capacidad de infiltración de agua, pero sostiene que estos efectos se compensarían con las medidas propuestas y que, a partir del quinto o sexto año, se obtendría un saldo ambiental positivo.
También se afirma que el desarrollo no comprometerá la biodiversidad ni los servicios ambientales, al ubicarse —según el documento— en una zona ya presionada por actividades humanas y clasificada en los instrumentos de ordenamiento como de aprovechamiento urbano.
A lo largo de más de 25 años se han realizado varios intentos por edificar un proyecto inmobiliario en las márgenes de la Laguna de Juluapan, pero en cada ocasión han brotado muestras de descontento por parte de ramaderos y de organizaciones ambientalistas.
A principios de 2018, la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S. de R.L. de C.V. ingresó el proyecto ante la Semarnat para solicitar la autorización en materia ambiental, pero meses después, sin explicaciones, se desistió del trámite.
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