Más de 60 países aún criminalizan a la comunidad LGBT+, pese al consenso científico

Avanzada (28/12/2025).- A finales de 2025, la situación de la comunidad LGBT+ en el mundo exhibe una contradicción profunda: mientras la ciencia médica internacional ha dejado atrás la idea de que la diversidad sexual y de género constituye una patología, decenas de países mantienen leyes que criminalizan —y en algunos casos castigan con extrema severidad— las relaciones entre personas del mismo sexo.

Desde hace más de tres décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su clasificación de enfermedades mentales, en 1990, y en años recientes hizo lo propio con la transexualidad, al retirarla del apartado de trastornos mentales en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Este consenso científico es hoy ampliamente aceptado por la comunidad médica global y sustenta políticas de salud pública basadas en derechos humanos.

No obstante, en el plano jurídico y político, la realidad es distinta en amplias regiones del mundo. Aunque ningún país reconoce oficialmente —con respaldo científico— a las identidades LGBT+ como enfermedades mentales, en algunos Estados persisten prácticas administrativas, judiciales o discursos oficiales que, en los hechos, refuerzan la estigmatización.

En Rusia, por ejemplo, la reciente designación del llamado “movimiento LGBT” como una organización extremista ha servido como base para una persecución política y social más amplia, aunque sin una reclasificación médica formal. En otros países, como China o Indonesia, si bien la homosexualidad fue despenalizada o retirada de manuales médicos hace años, subsisten interpretaciones institucionales o discursos conservadores que siguen alimentando la idea de una “anormalidad”, sin respaldo de la ciencia contemporánea.

En paralelo, la criminalización directa sigue siendo una realidad contundente. Para diciembre de 2025, alrededor de 60 a 65 países mantienen leyes que castigan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo. En estos Estados, las sanciones van desde multas y penas de prisión de varios años hasta la cadena perpetua.

El escenario más extremo se observa en aquellos países donde la legislación contempla la pena de muerte. Irán, Afganistán, Yemen, Nigeria (en varios estados del norte que aplican la sharía) y Brunei mantienen en sus códigos legales la posibilidad de castigos capitales, aunque en algunos casos existan moratorias o una aplicación irregular. En otros países, como Mauritania o Somalia, la pena máxima también es jurídicamente posible bajo determinadas interpretaciones legales o religiosas.

África y Medio Oriente concentran buena parte de las legislaciones más restrictivas, aunque el fenómeno no es exclusivo de esas regiones. En el Caribe y partes de Asia persisten leyes heredadas de la época colonial que aún penalizan la homosexualidad, pese a los crecientes cuestionamientos judiciales y sociales.

El mapa legal, sin embargo, no es estático. En 2025, algunos países avanzaron en la despenalización y en el reconocimiento de derechos, mientras otros dieron pasos en sentido contrario, endureciendo sus marcos normativos. Esta dinámica refleja una disputa global entre el consenso científico y de derechos humanos, y proyectos políticos que apelan a valores tradicionales, religiosos o identitarios para justificar la exclusión.

Así, la comunidad LGBT+ enfrenta en pleno siglo XXI una paradoja persistente: ser reconocida por la ciencia como parte de la diversidad humana, pero perseguida por la ley en amplias zonas del planeta.