Colima, México, Avanzada (22/12/2025).- La muerte de una recién nacida en el Hospital General de Manzanillo, ocurrida la noche del 31 de diciembre de 2018, dejó no sólo una familia en duelo, sino una cadena de irregularidades institucionales que, siete años después, fueron motivo de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).
El organismo concluyó que la Secretaría de Salud estatal violó el derecho a la seguridad jurídica de los padres de la menor, al carecer de protocolos claros y actuar de manera contradictoria en un caso particularmente sensible.
La niña nació el 27 de diciembre de 2018 en una clínica privada de Tecomán, dos días después, madre e hija fueron dadas de alta y regresaron a casa de familiares en el municipio de Armería.
El 30 de diciembre, los padres detectaron una lesión en la zona de los glúteos de la bebé y notaron cambios en su coloración y respiración, por lo que, alarmados, buscaron atención médica inmediata.
El pediatra que la revisó diagnosticó un estado grave, conproblemas respiratorios, arritmia y una posible falla cardiopulmonar, pero ante la falta de una unidad de cuidados intensivos neonatales en Tecomán, recomendó su traslado urgente al Hospital General de Manzanillo, donde la menor ingresó alrededor de las 11 de la mañana del 31 de diciembre.
De acuerdo con el testimonio de los padres, durante varias horas sólo pudieron verla brevemente y el personal médico les pidió retirarse y mantenerse localizables, pero esa misma noche, a las 22:50 horas, la recién nacida falleció por causa de muerte “indeterminada”, según se reportó en el acta de defunción.
Posteriormente, personal del hospital dio aviso al Ministerio Público bajo la sospecha de que la menor había sufrido violencia sexual, al advertirse lesiones en la región anal y genital, lo que detonó una investigación penal, entrevistas ministeriales, inspecciones y el levantamiento del cuerpo en la unidad de cuidados intensivos neonatales, sin embargodías después la necropsia descartó la existencia de violación.
Para los padres, el señalamiento resultó devastador porque además de perder a su hija, enfrentaron una sospecha pública y un proceso institucional que, según acreditó la CDHEC, se manejó sin claridad, sin protocolos específicos y sin un enfoque humanizado.
En su recomendación, la Comisión determinó que el Hospital General de Manzanillo y la Secretaría de Salud del Estado carecían de un procedimiento interno para atender casos de presunta violencia sexual en recién nacidos, situación que provocó inconsistencias, contradicciones y un trato que generó una afectación emocional innecesaria a la familia.
La CDHEC subrayó que, si bien el personal de salud tiene la obligación legal de dar aviso al Ministerio Público ante muertes violentas o presuntamente ilícitas, también debe garantizar certeza jurídica, respeto a la dignidad humana y apego a normas como la NOM-046-SSA2-2005, que establece criterios para la atención de casos de violencia familiar y sexual.
En este caso, reconoció el organismo, esa norma fue citada, pero no aplicada de manera adecuada al tratarse de una víctima recién nacida.
El pronunciamiento dejó claro que no se acreditó una violación directa a los derechos a la vida o a la salud de la menor por parte del personal médico, ámbito que corresponde a la investigación penal, sin embargo, sí se demostró responsabilidad institucional por la violación al derecho a la seguridad jurídica de los padres, considerados víctimas indirectas.
Como resultado, la CDHEC emitió una serie de recomendaciones, entre ellas brindar asesoría jurídica y atención psicológica a la familia; inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas; ofrecer una disculpa pública; iniciar procedimientos administrativos contra el personal responsable; y, de manera central, diseñar e implementar un protocolo específico para la atención de presuntos casos de violencia sexual en niñas y niños, así como capacitar al personal de la unidad de cuidados intensivos neonatales.