Extesorero de Manzanillo atribuye proceso penal a “error administrativo” en emisión de licencia comercial

Colima, México, Avanzada (06/01/2026).- El extesorero municipal de Manzanillo, Eduardo Camarena Berra, afirmó que el proceso penal iniciado en su contra y contra otro exservidor público por parte de la Fiscalía General del Estado de Colima deriva exclusivamente de un error administrativo relacionado con la emisión de una licencia comercial a una empresa dedicada a la venta de gas, y no de gasolina, como —dijo— se ha difundido de manera incorrecta en redes sociales.

En un posicionamiento público, Camarena explicó que durante las administraciones encabezadas por Griselda Martínez Martínez se implementó un sistema electrónico para la expedición de licencias comerciales, el cual sustituyó las firmas autógrafas con el objetivo de agilizar trámites y evitar actos de corrupción, modelo que —aseguró— continúa operando en la actual administración municipal de Rosa María Bayardo Cabrera.

Detalló que el procedimiento administrativo separaba claramente las funciones de cada servidor público y que, en caso de existir irregularidades en la licencia otorgada a la empresa gasera —un giro especial con requisitos adicionales—, éstas corresponderían a una omisión del área responsable de la verificación, no a la Tesorería Municipal.

Camarena Berra subrayó que, como tesorero, no tuvo contacto directo con los solicitantes, ni acceso físico a los expedientes, y que su responsabilidad se limitaba a mantener operando el sistema para incentivar la apertura de negocios. Indicó que durante los seis años de gobierno se pasó de aproximadamente 5 mil a 8 mil licencias comerciales activas en el municipio.

Rechazó categóricamente cualquier vínculo con la empresa señalada y calificó como falsas y tendenciosas las imputaciones que buscan relacionarlo con actividades ilícitas, incluyendo señalamientos de huachicol, los cuales —aseveró— carecen de sustento.

Asimismo, recordó que la autorización y supervisión de la venta de gas corresponde a autoridades federales, independientemente de la licencia municipal, por lo que consideró que existen omisiones en ese ámbito.

En su defensa, Camarena enumeró los resultados financieros y de obra pública de las administraciones 2018-2021 y 2021-2024, destacando el saneamiento de las finanzas municipales, el pago de alrededor de 500 millones de pesos en deuda, inversiones millonarias en infraestructura, seguridad pública, servicios municipales, alumbrado LED y sistemas informáticos.

Finalmente, sostuvo que el señalamiento penal tiene un trasfondo político y busca afectar la imagen de la exalcaldesa Griselda Martínez. Afirmó que enfrentará las denuncias “hasta las últimas instancias” y confió en que prevalezca la justicia.