El impedimento del consejero jurídico para ser magistrado del Supremo Tribunal

Estricto Derecho

Como lo comentábamos en este espacio la semana anterior, la gobernadora ha puesto en marcha un plan para someter al Poder Judicial del Estado, y lo piensa llevar a cabo mediante la remoción de diversas magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, ya que en dichos espacios piensa nombrar a sus incondicionales.

También señalábamos que uno de sus achichincles a los que Indira contempla premiar con una magistratura es Roberto Rubio Torres, quien fuera nombrado previamente como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo por la propia gobernadora, al asumir el cargo el día 1º de noviembre de 2021.

Y precisamente este nombramiento de Consejero Jurídico de la gobernadora es lo que se convierte en un impedimento constitucional para que Roberto Rubio pueda ser nombrado Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Me explico.

El artículo 116 de la Constitución federal, en el que se establecen los lineamientos mínimos a los que deben sujetarse los poderes públicos de los estados de la República, es claro al precisar, en el tercer párrafo de su fracción III, relativa a los poderes judiciales locales, lo siguiente: “Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.”

La disposición es clara: si quieres ser Magistrado del Poder Judicial del Estado, es un requisito indispensable que no hayas ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, durante el año previo al día que te designen. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque ciertamente el Consejero Jurídico no es un Secretario, pero dicho cargo sí es equivalente al de un Secretario. Entonces, el impedimento sí se actualiza.

Sin embargo, la norma constitucional no expresa una prohibición tajante. Al hacer una correcta interpretación de dicho precepto, se advierte que, para estar impedido de que lo nombren Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejero Jurídico debió haber ocupado dicho cargo durante el año anterior al día de su designación. Y esto se pone más interesante todavía, porque de acuerdo con el documento que analizábamos la semana pasada, la gobernadora tiene el 10 de septiembre de 2024 como fecha límite para no ratificar al magistrado y a la magistrada que quiere quitar del cargo.

¿Qué significa esto? Que, si Roberto Rubio Torres estaba planeando, junto con la gobernadora, el mecanismo mediante el cual pudiera ser nombrado Magistrado del Supremo Tribunal, debió separarse de su cargo de Consejero Jurídico a más tardar el 09 de septiembre de 2023, para que no se configurara la prohibición constitucional.

Y casualmente, desde finales del año pasado, el Consejero Jurídico está desaparecido de la escena pública. Como por arte de magia, de un plumazo borraron todo rastro de Roberto Rubio: ya no registra apariciones en actos públicos del gobierno estatal, dejó de firmar documentos oficiales, ya no comparece en los juicios defendiendo a su jefa.

Para no ir tan lejos, el acuerdo administrativo que analizamos la semana pasada, mediante el cual la gobernadora anunció que quiere evaluar a las magistraturas del Supremo Tribunal, no fue firmado por el Consejero, sino por la Directora General de Control y Gestión Jurídica de la Consejería Jurídica.

Según susurran en los pasillos de las oficinas de gobierno, el Consejero vive escondido y, aunque sigue haciéndole el trabajo sucio a su jefa, se encuentra supuestamente de licencia, para que así la gobernadora pueda nombrarlo Magistrado del Supremo Tribunal, argumentando que el último año no ejerció el cargo de Consejero Jurídico y, por ende, no se configuró el impedimento. ¡Qué ilusos!

¿Por qué decimos esto? Porque, legalmente, no hay manera de que Roberto Rubio Torres pueda ser nombrado Magistrado. Explicaremos la razón: decíamos que Indira tiene como fecha límite para nombrar nuevos Magistrados el 10 de septiembre de 2024 porque, de no hacerlo así, los que están ahorita serían ratificados en su cargo; o si solamente los quita, pero no nombra a quienes los sustituirán, entonces les da chance de que se amparen y le paralicen todo el procedimiento.

Por tanto, para cumplir el requisito de no haber desempeñado un cargo equivalente al de un Secretario del gabinete durante el año previo al día de su designación, el Consejero Jurídico debió haber solicitado licencia a más tardar el 09 de septiembre de 2023, y no lo hizo, porque aun cuando ahora pretenden simular dicha licencia, existe evidencia fehaciente de que, con posterioridad a esa fecha, Roberto Rubio siguió desempeñándose como Consejero Jurídico de la gobernadora, de ahí que no pueda ser nombrado antes de la fecha que Indira necesita hacerlo, así que ya debería irse buscando otros perfiles.

Adicionalmente, dada su subordinación a Indira Vizcaíno, Roberto Rubio es un perfil que no garantiza dos atributos que son inexcusables en cualquier juzgador: autonomía e independencia, ya que siempre se ha caracterizado por estar al servicio del gobernante en turno, como ocurriera también en 2014, cuando su llegada al Tribunal Electoral del Estado fue solamente para cuidar los intereses del entonces gobernador Mario Anguiano, aunque ahora pretenda borrar su pasado y quiera aparentar que siempre ha sido de cuna morenista, lo que también le inhabilita para el cargo, dado el sesgo partidista que le caracteriza, pues incluso fue el representante de Morena y de Indira como candidata en el pasado proceso electoral.

Por último, y no por ello menos importante, si Indira hace magistrado del Supremo Tribunal de Justicia a su Consejero Jurídico, con ello revelará, una vez más, en grado superlativo, que la gobernadora es una hipócrita, y que su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres es nulo, particularmente con el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, ya que debemos tener presente que, hasta este momento, el mayor logro de Roberto Rubio Torres consiste en haber ultrajado, con violencia, a la magistrada Rocío López Llerenas Zamora, en diciembre de 2013, por haber sido una voz disidente a las órdenes del entonces Presidente del Supremo Tribunal. Y aquí aclaro que no es solamente mi dicho; hay evidencia en video de la agresión que estoy mencionando, y está disponible en Youtube, a la vista de cualquier persona.

¿Ahora de qué se va a disfrazar Indira? ¿Cómo va a justificar que otro violentador de mujeres forme parte de la larga lista de funcionarios que cobija bajo su manto de corrupción? Ya hasta parece requisito para trabajar en su gobierno…

OTROSÍ 1: Corren peligro las postulaciones de Morena y aliados a las presidencias municipales, porque su acuerdo de coalición fue impugnado y, muy probablemente, los tribunales electorales lo modifiquen, reconfigurando totalmente los géneros que tienen definidos hasta ahora.  

OTROSÍ 2: Se deshojó la margarita, y quedaron tirados en el suelo sus maltrechos pétalos. Quiso reventar a los partidos que la postularon, y ella fue la más perjudicada. Si nuevamente es candidata, se avecina un desastre mayor, porque su suplente no piensa estar de adorno.

OTROSÍ 3: Indira Vizcaíno, la gobernadora que, sin pudor alguno, se subió a un escenario a cantar un narcocorrido y se mostraba orgullosa de que la nombraran como la versión femenina de uno de los grandes capos del narcotráfico en México, ahora dice que es irresponsable que la vinculen con el crimen organizado. Alguien regálele tantita… congruencia.