Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela inconsistencias en el pago de impuestos de una finca campestre atribuida a la mandataria estatal, que durante meses fue registrada como terreno baldío pese a contar con construcciones.
Guanajuato, México, Avanzada (29/03/2026).- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, pagó apenas 413 pesos anuales de impuesto predial por una propiedad de más de dos hectáreas ubicada en Silao, pese a que en el lugar ya existían construcciones desde finales de 2023, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El bajo monto del impuesto se explica porque el predio fue clasificado oficialmente como terreno baldío, con cero metros cuadrados construidos. Esta condición permitió aplicar la tarifa mínima, equivalente a 68 pesos bimestrales, aun cuando imágenes satelitales evidencian la existencia de una casa campestre, construcciones adicionales y un camino interior de más de 500 metros.
Documentos catastrales muestran que el 19 de enero de 2024 se realizó el pago del predial bajo esa clasificación, con un valor fiscal de apenas 35 mil 362 pesos. Sin embargo, desde noviembre de 2023 ya se observaba una vivienda de dos niveles, de aproximadamente 274 metros cuadrados, además de otras edificaciones en proceso y una barda perimetral de 400 metros lineales.
La situación se mantuvo durante buena parte de 2025. Incluso en el quinto bimestre de ese año, correspondiente a septiembre-octubre, el predio seguía registrado sin construcciones, sin actualización en su valor fiscal y con el mismo pago mínimo.
Fue hasta el 20 de octubre de 2025 —tres semanas después de la publicación del reportaje de MCCI titulado “Gobernadores de Guanajuato transformaron parcelas ejidales en enormes ranchos”— cuando la oficina de catastro de Silao actualizó la información del inmueble. Para entonces, el registro ya reconocía 585.7 metros cuadrados de construcción dentro de una superficie total de 20 mil metros cuadrados.
Con la regularización, el valor fiscal del predio se elevó a 3 millones 403 mil 410 pesos y el impuesto correspondiente al último bimestre ascendió a mil 021 pesos, marcando el primer reconocimiento oficial de las edificaciones en los documentos tributarios.
El caso también evidencia una discrepancia significativa entre el valor fiscal y el valor comercial estimado de la propiedad. Mientras el catastro fijó el inmueble en poco más de 3.4 millones de pesos, un avalúo presentado por la propia gobernadora en marzo de 2024 lo ubicó en 8.9 millones. No obstante, dicho cálculo ha sido cuestionado por omitir diversas amenidades visibles, como canchas deportivas, alberca techada y área de juegos infantiles.
La finca, localizada en el ejido Baños de Agua Caliente, entre Silao y León, cuenta además con una casa de servicio, plantación de olivos y diversas instalaciones recreativas. Imágenes de marzo de 2025 muestran incluso la ampliación del bardeado hacia un terreno contiguo de aproximadamente 2 mil 800 metros cuadrados.
Rogelio Santoyo Guevara, abogado e integrante de la organización Silaoenses Unidos Contra la Corrupción, señaló que la cronología del caso revela inconsistencias técnicas en la actualización catastral.
“La propiedad pagó el predial durante un periodo prolongado como si fuera un terreno vacío, pese a contar con construcciones posteriormente reconocidas. La secuencia bimestral y la regularización posterior resultan incongruentes y generan dudas sobre la consistencia del proceso administrativo”, afirmó.
De acuerdo con MCCI, la actualización del registro ocurrió únicamente después de la exposición pública del caso, lo que abre cuestionamientos sobre la oportunidad de las autoridades municipales para reflejar la realidad física de los inmuebles en sus registros fiscales.