¿Cuándo rendirá cuentas el Fiscal General del Estado?

Estricto Derecho

Como recordarán, durante su desempeño como primer Fiscal General del Estado, Gabriel Verduzco presentó su primer informe en una sesión solemne del Congreso el 26 de septiembre de 2019; su segundo informe lo entregó al Legislativo por escrito el 26 de octubre de 2020; finalmente, su tercer y último informe lo rindió el 30 de septiembre de 2021.

Previamente, el 24 de septiembre de 2021, Gabriel Verduzco Rodríguez había presentado su renuncia al cargo, la cual le fue aceptada por Ignacio Peralta, entonces Gobernador, quien propuso como nuevo Fiscal General a Bryant García Ramírez por indicaciones de Indira Vizcaíno (para disimular el conflicto de interés), aprobándose el nombramiento sin mayor trámite por la LIX Legislatura, el 27 de septiembre siguiente.

Como también recordarán, el año pasado fue necesario estar arreando a Bryant García para que rindiera su informe. Dado que protestó su cargo el 1º de noviembre de 2021, y en esa fecha empezó a ejercerlo, llama la atención que su informe comprendiera, atípicamente, de julio de 2021 a noviembre de 2022, y más aún, que lo presentara hasta el 16 de diciembre de 2022, en una reunión privada con legisladores en la sala de juntas del Legislativo, sin ningún escrutinio público y sin que, hasta la fecha, el Congreso local haya hecho la glosa respectiva, para que el fiscal explique, amplíe o conteste las interrogantes que puedan formularle los legisladores. ¿Qué le hizo el Congreso a ese informe? Quizá lo guardó en un cajón el presidente de la Junta de Coordinación Política o la presidenta de la Comisión de Justicia. Ojalá lo revisen en lo que resta del año, todavía alcanzan.

¿Y por qué debe rendir un informe el Fiscal General? Porque así lo dispone el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que, en su último párrafo, dice: “El fiscal general presentará anualmente a los poderes legislativo y ejecutivo del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión”. Este año no ha comparecido, y el informe no sabemos si lo rendirá o, en todo caso, ¿cuándo lo hará?

También debe hacerlo en observancia de la obligación de transparentar la actuación de las autoridades y, particularmente, para hacer realidad el principio de máxima publicidad, por ello debería informar a la brevedad en una sesión pública del Congreso, respecto de la investigación y la persecución de los delitos que se cometen en Colima, sobre todo en este año que, como decíamos la semana pasada, nos ha tocado padecer todos los días homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros, robos en negocios, en casas habitación y a personas en la vía pública y, a últimas fechas, hasta incendios en bares, comercios, viviendas e incluso escuelas. No se vale que la maleza, entiéndase la delincuencia organizada, siga reinando en Colima, ante la mirada complaciente (más bien cómplice) de Indira y su ahijado Bryant.

Sobre todo, debe hacerlo porque, al contrario de lo que ha ocurrido con otras instituciones, al momento de repartir el dinero público, ha habido mucha generosidad para con la Fiscalía: en el año 2019, al primer fiscal se le asignaron 428 millones de pesos; en 2020, 442 millones; en 2021, 443 millones; en 2022, el primer año de Bryant, le suben a 447 millones; para este año 2023, le autorizaron 462 millones; y para el próximo año, como su madrina Indira lo quiere mucho, le incrementará el presupuesto a más de 481 millones.

Estamos hablando de casi 500 millones de pesos que se gastarán según la voluntad del fiscal general. Y nadie fiscaliza adecuadamente cómo se gastan esos millones. ¿Es tan perfecta la forma en que la fiscalía gasta todo ese dinero, como para que OSAFIG nunca le señale irregularidades? ¿O está más preocupada la Auditora por cubrirse las espaldas? Porque en diciembre se va y no ha logrado amarrar un nuevo cargo que le permita seguir viviendo del erario.

Aunque el ente fiscalizador no lo diga, la opinión pública sí lo expresa, y sobre todo quienes tienen contacto directo con la fiscalía, de manera generalizada, señalan que no están gastándose adecuadamente esos millones ¿Por qué? Porque hay personal insuficiente y mal pagado, hay carencias graves tanto de agentes del ministerio público, como de policías de investigación y de peritos; la terrible lentitud al integrar carpetas de investigación; los diferimientos frecuentes de audiencias, porque el personal no se da abasto para cubrir las labores asignadas y, sin embargo, el rubro de servicios personales que es el utilizado para estos efectos, en el primer año de Bryant fueron 338 millones de pesos; el año actual son 353 millones, o sea, 15 millones más; y para el próximo año piensan aprobarle más de 378 millones, esto es, otros 25 millones de pesos más. ¿Qué le hace a ese dinero?

En la fiscalía ni siquiera hay hojas para imprimir copias, no hay papel de baño en las oficinas, no hay gasolina para los vehículos, no hay patrullas que sirvan (las nuevas que les dieron son en las que se pasea la gobernadora cuando anda por Colima). Sin embargo, al rubro de materiales y suministros le destinaron 36 millones de pesos en el primer año de Bryant; en el segundo, la misma cantidad, y para el próximo año planean aprobarle solamente 34 millones, como si este apartado estuviera sobrado de recursos.

Como se advierte, es más que necesario que el fiscal aclare públicamente estos temas y otros, como el nombramiento discrecional de la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, que en su momento debió contar con el aval del Congreso, pero el fiscal optó por proponer que le aprobaran una nueva ley orgánica, en la que los legisladores ya no intervinieran en las designaciones de las fiscalías especializadas y, obsequiosamente, el Legislativo validó quitarse esa facultad, siendo que la Primera Sala de la Suprema Corte acaba de señalar, el pasado 16 de noviembre, que una fiscalía especializada tiene que ser autónoma tanto en lo técnico como en lo operativo, y para ello su nombramiento no debe estar a la disposición del fiscal general, como sucede con esta nueva ley que recién se expidió, la cual adecuaron para que el fiscal pueda nombrar y remover fiscales especializados a su antojo, aun cuando eso sea inconstitucional

Sumado a ello, hay muchos asuntos más que siguen sin resolverse, como los miles de defraudados por el sobrino del anterior Vicefiscal de Procedimientos Penales; o los gravísimos hechos de corrupción atribuidos a Nacho Peralta y a Carlos Noriega, que en su momento hicieron escándalo los de Morena con ese tema y absolutamente todo sigue igual; o también los interminables abusos contra el personal que labora en la fiscalía, quienes fueron cambiados arbitrariamente de régimen en el que estaban registrados en el IMSS, o que les descuentan lo de IPECOL, pero la Fiscalía no paga, de ahí que ni siquiera pueden tener acceso a préstamos.

En fin, de todos estos temas es necesario que el fiscal general rinda cuentas públicamente, no puede seguir evadiendo esta responsabilidad, no le va a pasar nada si acude a una sesión y se somete a estos cuestionamientos que a toda la sociedad nos interesa que los responda. Su madrina Indira ya se animó a acudir al Congreso, ¿Por qué él no? A ver si la oposición ya se pone las pilas en este tema o, como en muchos otros, sigue durmiendo el sueño de los justos.

OTROSÍ: La renuncia de Arturo Zaldívar al cargo de ministro generó una vacante no solo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también en la Primera Sala del Máximo Tribunal. Este espacio, a partir de la semana anterior, ya fue ocupado por la ministra Loretta Ortiz, quien anteriormente estaba adscrita a la Segunda Sala. Recordemos que la ministra Loretta tenía a su cargo la instrucción de la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición en contra de la ley de revocación de mandato expedida por el Congreso. Sin embargo, con este movimiento, el caso ha quedado huérfano, lo cual no es malo, porque ahora sí podrá ser resuelto, dado que la ministra Loretta ya no podrá seguir favoreciendo a la gobernadora al mantener en la congeladora este expediente. Así que próximamente tendremos noticias acerca de este tema, y les anticipo que no serán favorables para Indira. ¡Es cuánto!