Oficio Ciudadano

Dos hechos significativos han marcado los casi 9 meses de este gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, con Indira Vizcaíno Silva al frente de él en el estado de Colima. Estos hechos han sido los de mayor relevancia, que no los únicos, que retratan de cuerpo entero a la mandataria más joven del país.

El primero, a principios de año, fue el amotinamiento con muertes de reos y descubrimiento de armas en el Cereso de la capital, en el que no supo reaccionar ni en el primer momento ni en los días posteriores, instruyendo primero al Secretario de Seguridad para que diera las explicaciones  pertinentes, que resultaron increíbles y fantasiosas por decir lo menos, y olvidándose después de seguir las investigaciones y despedir a los funcionarios responsables del descuido que desencadenó en la muerte de varios detenidos.

El segundo, lo acabamos de presenciar hace unos días, cuando el líder del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno estatal, ante la negativa de acceder al aumento de sueldos solicitado, ventiló en medios la nómina gubernamental en la que se pudo apreciar el desmedido incremento de sueldos que sí se había otorgado, pero a los trabajadores de confianza del primer nivel y de la misma gobernadora, desde la segunda quincena del mes de abril.

La información causó malestar e indignación entre los colimenses, de tal suerte que la presión social mostrada en medios y redes digitales, motivó a que Indira Vizcaíno diera la pasada semana una rueda de prensa, para explicar dichos incrementos. Fiel a su costumbre, indicó al Subsecretario de Administración que informara lo conducente.

La explicación del funcionario resultó torpe al pretender hacer creer que no había habido incremento sino solo un “ajuste justo” en los sueldos, ajuste que pretendió justificar recurriendo al trillado argumento de las irregularidades encontradas en su llegada al gobierno y de que los 22 funcionarios beneficiados no tenían negocios ni ingresos extras, como se acostumbraba en el pasado. De nueva cuenta, creció la indignación popular.

Entonces sí, la gobernadora dio la cara. A través de un video informó que había escuchado los reclamos y daba marcha atrás a los incrementos en las percepciones de sus funcionarios y de ella misma, aunque – no dejó de deslindarse –  dijo que habían sido por un error del área de finanzas. Es decir, que aun cuando tuvo que intervenir para detener la espiral que ya resultaba un escándalo, se lavó las manos con un funcionario menor, que seguramente solo cumplía órdenes.

No creemos que haya despido de funcionarios, como no los hubo en el sistema penitenciario y de seguridad pública en su momento, además de que ahora sabe la gobernadora que la responsabilidad por este error es de ella en primer término, por lo que sería muy injusta con su colaborador en el área de finanzas si llegara a despedirlo.

Tenemos pues en Colima a la gobernadora más joven del país y quizás la más carismática, pero es una gobernante incapaz en momentos de crisis, en los que  recurre a escudarse en sus funcionarios, como si ellos hubieran sido los electos por el pueblo de Colima para dirigir el estado.

Y apenas van 9 meses. En materia de seguridad y de finanzas ya nos demostró que es igual que su antecesor: indolente para enfrentar y resolver problemas de violencia pero eficaz y desmedida para la nómina gubernamental.

Ojalá que en verdad, el monto que se devuelva a las arcas por los indebidos aumentos, se destine a incrementar el sueldo del cuerpo policiaco, que desde la administración anterior se queja no solo de lo bajo de sus sueldos, sino incluso de no contar con armas, equipo y materiales para hacer bien su trabajo. Los trabajadores sindicalizados seguirán esperando.