Construir capacidades

Existen problemas graves en el estado que difícilmente podrán ser resueltos de manera inmediata y con los recursos y capacidades disponibles en las instituciones públicas. La crisis financiera del sector público, la pandemia por Covid-19 y la inseguridad y violencia (exacerbada en estos últimos días), por mencionar algunos, son problemas con múltiples variables en juego —muchas de ellas ocultas a los ojos de analistas y especialistas, así como de las teorías disponibles para describirlos y explicarlos— que son dinámicas e interdependientes y cuya modificación requiere de esfuerzos colaborativos y de largo aliento. Además, los recursos son limitados y existen múltiples restricciones a la acción gubernamental. El escenario es complejo, pues las soluciones o “recetas” univocas, inequívocas y definitivas a estos problemas son inexistentes.

El desafío de los gobiernos en el estado (y en general) consiste tanto en dar respuestas a los problemas actuales como en generar las condiciones adecuadas para atenderlos y afrontarlos. Con esto último, me refiero a la urgente necesidad de construir capacidades que permitan a las instituciones públicas de la entidad fijar objetivos de mediano y largo plazo y construir rutas de acción plausibles, factibles y sostenibles en el tiempo que les permitan alcanzarlos. Sin estrategias de acción pertinentes, explícitas, coherentes y medibles difícilmente las instituciones podrán mejorar o transformar las adversidades que aquejan a las y los colimenses. Y para ello, el sector público requiere de capacidades para, por ejemplo, la adecuada gestión de las finanzas públicas, de los recursos humanos, de la información y de la evaluación de la acción gubernamental.

Para frasearlo de otra manera, las organizaciones públicas difícilmente podrán ser bien dirigidas y conducidas si los mecanismos de selección de los altos y medios mandos recaen en criterios partidistas y de grupo por encima del mérito y la profesionalización. Las políticas públicas difícilmente podrán ser eficientes y eficaces en sus propósitos si los criterios políticos y la improvisación prevalecen sobre los técnicos y los operativos. La coordinación entre dependencias y niveles de gobierno difícilmente dará frutos si no existen mecanismos para generar y compartir información confiable y de calidad, si el personal rota constantemente o si está sujeta a los vaivenes políticos. Y la evaluación rendirá pocos frutos si está orientada únicamente a darle seguimiento a la aplicación de los recursos sin preocuparse por medir sus resultados e impactos.

Frente a la complejidad y la gravedad de los problemas presentes en el estado, la alternativa es ir mejorando las condiciones institucionales para afrontarlos de la mejor manera posible. Y ello requiere, indispensablemente, de la construcción de capacidades en las instituciones públicas. Sin embargo, esto no sucederá de manera automática ni es producto de la voluntad o del cambio político. Peor aún, menos sucederá si las instituciones y sus puestos y recursos siguen siendo el botín para repartir cada tres o seis años o si se cae en el ya lugar común de culpar al pasado sin ofrecer estrategias o una ruta clara de cambio institucional. Hoy más que nunca la ciudadanía colimense requiere de gobiernos fuertes, eficientes y eficaces en la consecución de sus objetivos y en la solución de los problemas públicos.