Lesividad o complicidad/Corrupción o cooperación

Escrito por: José Francisco Gallardo Rodríguez.

Caso Altozano/Indira Vizcaíno Silva

Un manto de corrupción e impunidad se extiende sobre Colima; ¡sin embargo, nunca existe el crimen perfecto!  

En su momento el partido morena (con minúsculas), generó grandes expectativas sobre cambios profundos del conjunto de normas y reglas que rigen a nuestro país, 30 millones de votos avalaban ese deseado cambio. Sin embargo, ya sentado en el poder se quebró todo, no fue un engaño al pueblo de México, sino una traición. Se trata de un principio de ética y de moral política.

Con ambos objetivos la ética política podría contribuir modestamente a la revitalización moral del sistema democrático y, por ende, a una mejor defensa de la dignidad de la persona, siempre amenazada por la vorágine del poder.

Los estatutos de morena lo tienen bien definido ¿Por qué luchamos? Por una ética republicana y contra la corrupción, la vida pública, privada y social de nuestro país vive en una profunda corrupción, las instituciones se encuentran capturadas por los poderes fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen graves delitos en contra de las mayorías, tal cual, el caso que nos ocupa; Luchamos contra toda forma de corrupción, de utilización del poder público para el enriquecimiento personal y de grupo, contra el tráfico de influencias y el manejo de recursos públicos para beneficio de unos cuantos; Luchamos por instaurar un verdadero sentido del servicio público; Luchamos por la eliminación del dispendio de recursos públicos, de salarios excesivos y derroche de la alta burocracia. El dispendio del gobierno ofende al pueblo. 

La ausencia de un régimen democrático y la impunidad hacen que se multiplique la corrupción; Luchamos porque el ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la sociedad.

Sin embargo, ya en territorio las cosas cambiaron, hay una contradicción que llevará al partido a su extinción: Robar, Mentir y Traicionar.

Veamos: Es la historia de un desfalco millonario al pueblo de Cuauhtémoc, Altozano, un complejo residencial para muy ricos y ricos muy pobres, cumple más de una década, en una segunda etapa completa 712 lotes de entre 300 y 500 m² con un costo por metro de 4 mil 200 pesos, contará con un área que incluye cuatro lagos, cascadas, áreas verdes y gimnasio. 

El gerente indicó que como inversión es bueno adquirir terrenos en Altozano, pues “la plusvalía ha subido el 60 por ciento”, ya que los terrenos que durante el inicio de la primera etapa costaban 2 mil 650 pesos por m², actualmente valen más de cuatro mil pesos. (Ángel Guardián)

Esto viene a cuento puesto que, residentes del municipio de Cuauhtémoc, hicieron llegar a 

la “Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.”; el Expediente 1339/2017, un atestado de 266 fojas, donde se desprende que: 

A fines de 2009 el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, aprobó el Programa Parcial de Urbanización de Altozano (PPA), publicado en el Periódico Oficial el 21/11/09, señala como área de cesión a favor del Ayuntamiento 69,443.71 m², aproximado 7 ha.

En diciembre de 2012, José Luis Aguirre Ávalos, Ingeniero, perito valuador con registro BA-BI/025. Fijó al área en cuestión un valor comercial de $10’751,952.31 pesos, donde se advierte que cada m² de Altozano tiene para tal efecto, un precio de $154.67, cuando el valor actual es más de 4 mil. 

Se aprecia en el Amparo 231/2016-1, presentado por el Presidente Municipal, Rafael Mendoza, contra Altozano, quien pretende se publique la modificación al PPA, promovido por Indira Vizcaino Silva, al verse imposibilitado por la inexistencia del acta donde el perito haya sido propuesto y aprobado por el cabildo. Donde subsiste un antijurídico por emitir un dictamen sin la autorización legal, causando un daño patrimonial por $95′ 250,000 pesos. Equivalente a un año de ejercicio para el municipio $91’906,523.30 (INTHEC)  

En marzo de 2013, Indira Vizcaino Silva, Juan Manuel Preciado Barbosa, y Ana Bertha Zamora Prieto, presidenta, síndico y secretaria del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, autorizaron la sustitución de Áreas de Cesión para Destinos, con INVERCOL/Altozano. En la declaración III.5 del Convenio, se asienta que el valuador Aguirre Avalos, fue “reconocido y aceptado por el propio Ayuntamiento”, lo que contradice la declaración “no existe acta…”, en el Amparo 231/2016-I. (foja.11)

También, se desprenden más anomalías: la modificación al PPA es nulo de origen porque, la Ley de Asentamiento Humanos del Estado de Colima, prohíbe la sustitución de las Áreas de Cesión, por otras, por tanto, obliga a los urbanizadores a pagar el valor comercial ya urbanizado de las áreas descritas, y con esos recursos deberá en su caso adquirir otros predios para equipamiento urbano o su mejoramiento en la misma colonia, barrio o zona donde se localice el predio. Además, las claves catastrales que aparecen en el Convenio no existen, ni son las correspondientes a dichos predios, y no se tiene la certeza de cuáles son dichas claves catastrales. 

No obstante, las observaciones de la Auditoria del Estado, nunca fueron atendidas, los procedimientos marcados en la ley, se incumplieron, las áreas de cesión peritadas no se encuentran urbanizadas, ni pueden ser permutadas, por lo que se debió pagar al valor comercial urbanizado, tampoco representa una mejora efectiva para la comunidad. 

Qué sigue, cuando todo parece perdido, cuando vemos que el pillo huye y se oculta impune bajo la sombra del poder. A la indiferencia de la justicia, surge una luz.

Consultando a peritos, procede el juicio de lesividad, el promovido por una autoridad en contra de una resolución favorable a un ciudadano, en el caso el pueblo de Cuauhtémoc, quien resulta agraviado en su patrimonio. Es decir, trata de la anulación del fallo sobre las Modificaciones al Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Altozano. De lo que resulta una prueba fundatoria para encausar penalmente a los responsables, a la otrora presidenta municipal Indira Vizcaíno Silva, a todo su cabildo y ahora hasta a las autoridades encubridoras.  

Para la 4t, acuerdo, mata constitución, ley y estatuto. El ejercicio indebido del servicio público, es una afrenta a la justicia y al Estado de Derecho.