El gobierno busca reducir costos políticos de ampliación portuaria: Ambientalistas

Colima, México, Avanzada (30/01/2026).- Organizaciones ambientalistas acusaron a las autoridades estatales y ambientales de Colima de intentar “lavar” la imagen del proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), al considerar que existe un riesgo socioambiental no evaluado en la Laguna de Cuyutlán.

En un posicionamiento público, las asociaciones civiles Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem) y Tsikini señalaron que las declaraciones de la gobernadora Indira Vizcaíno y de la directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades), Angélica Jiménez, buscan presentar el rechazo de la MIA como un simple “ajuste técnico” para lograr “un puerto mejor planeado”, cuando en realidad, sostienen, confirma la gravedad de los impactos no analizados y la alta sensibilidad del ecosistema lagunar.

Las agrupaciones advirtieron que este discurso forma parte de una estrategia de comunicación para reducir el costo político y social del proyecto, al reencuadrar la discusión pública sin atender el fondo del problema, que es la amenaza a un sistema ambiental clave y a comunidades que dependen directamente de la laguna.

La asociación también cuestionó el anuncio de una supuesta Área Natural Protegida de hasta 200 mil hectáreas, que según las autoridades abarcaría mar, montaña, la Laguna de Cuyutlán y el Volcán de Colima.

Para Demarem y Tsikini, este planteamiento funciona como un distractor mediático, pues no “compensa” ni exime los impactos de la expansión portuaria y recordaron que en zonas que se pretende integrar a ese polígono, como regiones vinculadas a la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, persiste una presión histórica por actividades extractivas, especialmente mineras, con amplias áreas ya devastadas.

Además, advirtieron que esa eventual ANP se vería vulnerada y contaminada inmediatamente después de la ampliación del puerto y del incremento de la actividad portuaria.

Así también, desmintieron que pescadores y salineros estén de acuerdo con el proyecto o que hayan sido consultados, como se ha difundido en medios y discursos oficiales.

“La consulta no puede reducirse a reuniones informales, anuncios mediáticos o encuentros selectivos”, señalaron, al insistir en que debe ser previa, libre, informada, transparente, documentada y representativa, con acceso público a información técnica completa y comprensible.

Los grupos ambientalistas llamaron a la ciudadanía colimense a no dejarse engañar por discursos que prometen beneficios generales mientras ocultan impactos reales y costos irreversibles.

“La Laguna de Cuyutlán no es un detalle técnico, es un sistema vivo del que dependen economías locales, identidad territorial, biodiversidad y servicios ambientales esenciales para Colima”, subrayaron.

Entre sus principales demandas, plantearon: “Publicación completa y accesible de toda la información técnica del proyecto, Consulta real y verificable con pescadores y salineros, con actas públicas, Evaluación ambiental independiente, sin conflictos de interés, además de que el interés público y socioambiental esté por encima de agendas privadas.

El pronunciamiento concluyó que existe un movimiento amplio de ciudadanía, asociaciones, especialistas, pescadores y salineros que se oponen a la ampliación del puerto en su forma actual, al considerar que amenaza un ecosistema clave y un modo de vida digno en Colima.