Comunidades y ONG’s demandan cancelación definitiva de nuevo puerto en Cuyutlán

Colima, México, Avanzada (24/01/2026).- Luego de que las autoridades ambientales negaron la autorización para el desarrollo de un nuevo puerto en la Laguna de Cuyutlán, comunidades tradicionales y organizaciones sociales se pronunciaron por la cancelación definitiva del proyecto promovido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo.

Consideraron que a partir de los puntos que sustentan la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se puede concluir, que “no es social,económica ni ambientalmente viable la construcción de un puerto en la Laguna de Cuyutlán, debido a impactos trascendentales que no pueden ser resueltos por ninguna vía técnica o científica moderna”.

El posicionamiento fue suscrito por la Cooperativa de Apicultores, Cooperativa de Salineros, Cooperativa de Pescadoras, Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem), Pura Vida, Tsikini, Vigilemos Manzanillo, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Conexiones Climáticas y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).

Además de la cancelación del proyecto, se pronunciaron por la derogación de los decretos presidenciales “Acuerdo por el que se delimita y determina el recinto portuario del Vaso IIdel Puerto Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2023; y el “Decreto de habilitación del puerto de Laguna de Cuyutlán, ubicado en el Municipio de Manzanillo, en el Estado de Colima”, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 2023.

La decisión de la Semarnat de negar la autorización ambiental, estimaron, es coherente con las comunidades y colectividades que han señalado que no existe sustento social, técnico, económico ni ambiental que garantice que este proyecto pueda realizarse sin profundizar la crisis social por la pérdida de bienes culturales y de medios de vida de comunidades tradicionales que dan identidad a los colimenses, por la pérdida de biodiversidad; por la exposición a tóxicos derivada de derrames durante la operación; por la destrucción de la laguna y por el incremento de impactos asociados al cambio climático.

Tal y como se reconoce en el resolutivo No. SRA/DGIRA/DG-10367-25, del expediente06CL2025V0012-68, el proyecto —e incluso la reconfiguración que plantearon los evaluadores de la Universidad de Colima y la Asipona durante el proceso de evaluación de impacto ambiental— presenta efectos e impactos que no han sido debidamente identificados, evaluados ni atendidos, y que ponen en riesgo la integridad ecológica, social y productiva de la Laguna de Cuyutlán.

A través de un manifiesto, propusieron reconocer a la Laguna de Cuyutlán como una solución basada en la naturaleza ante la triple crisis planetaria reconocida por la ONU por la pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación tóxica, con el propósito de impulsar un programa de conservación, restauración y desarrollo sostenible para las comunidades tradicionales, así como su uso como espacio de educación ambiental, adaptación y mitigación de los efectos negativos de esta crisis.

Así también, plantearon la necesidad de ampliar el reconocimiento como sitio Ramsar a los vasos I y II, y realizar la consulta y creación de las áreas naturales protegidas terrestres, lagunares y marinas necesarias y actualmente en trámite.

Las agrupaciones reivindicaron que el verdadero progreso y desarrollo de la región debe construirse fortaleciendo a quienes han sostenido, por décadas, formas de vida y economías locales vinculadas de manera sustentable a la Laguna de Cuyutlán y su ecosistema.

“Exigimos políticas públicas, inversión y programas que apoyen de manera real y permanente a salineros, agricultoras y agricultores, apicultoras y apicultores, cooperativas pesqueras, iniciativas de ecoturismo, conservación y estudio y demás actividades comunitarias que dependen de la salud de la laguna”. añadieron.

Se mostraron en desacuerdo con el hecho de que se venda como “progreso” o “desarrollo” la destrucción del ecosistema, pues “destruir la laguna es destruir trabajo, cultura, identidad y futuro para Manzanillo y Colima y perder la oportunidad de enderezar el rumbo hacia una forma de coexistencia armónica entre las personas y las distintas formas de vida que nos sostienen”.

Convocaron a la sociedad civil a mantenerse informada, organizada y activa frente a “un proyecto que traería más destrucción, más contaminación y más problemas para Colima: La defensa de la Laguna de Cuyutlán es la defensa de la vida, del trabajo digno y del futuro de Manzanillo”. 

En el contexto del Acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso, participación y consulta para asegurar que las comunidades colindantes cuenten con información adecuada para influir en las decisiones, señalaron que no puede repetirse el clima de amenazas y falta de transparencia que encabezó el anterior encargado del proyecto, el capitán de Marina Francisco Javier Robles Carbajal, removido tras las denuncias presentadas.

Tras indicar que la seguridad de las personas defensoras y periodistas es un pilar fundamental de Escazú, denunciaron que “agentes del gobierno se han presentado en domicilios particulares de personas de los ejidos afectados para presionarlas, señalando que, si no aceptan el proyecto, podrían perder su pensión del Bienestar, práctica queconstituye una forma de coacción inaceptable que vulnera el derecho a una participación libre, informada y sin amenazas”. 

No obstante, persisten prácticas que calificaron como preocupantes, pues tanto la Asipona como la Marina continúan retirando celulares en reuniones con cooperativas y comunidades, y se mantiene la falta de acceso efectivo a la información, transparencia y convocatoria a espacios adecuados de consulta y deliberación, no solamente de presentación unilateral de información.

*Imagen ilustrativa.