La justicia bajo el asedio de la 4T

ESTRICTO DERECHO

El pasado viernes 16 de agosto, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el proyecto del dictamen de reforma a la Constitución Federal relativo al Poder Judicial, tanto federal como de las entidades federativas. Se vienen los jueces a modo para el gobierno y para Morena, los jueces por tómbola, los jueces recién egresados de las escuelas de leyes, los jueces con 8 de calificación en sus estudios, los jueces que llegarán al cargo avalados por cinco cartas de recomendación de sus vecinos…

De esta manera tan absurda, el oficialismo ha iniciado el asalto frontal en contra del único de los tres poderes del estado que no controla. Así culmina un sexenio de mentiras, de ataques, de insultos contra el Poder Judicial de la Federación, solo por no haberse sometido a un presidente que terminó hecho un aprendiz de dictador, y que al final quedó evidenciado como un cobarde. 

 Parafraseando a Diego Valadés, cabría preguntarnos si López Obrador todo este tiempo ha tenido pruebas contra los juzgadores que señala, ¿por qué nunca las presentó?;eso lo deja como un encubridor de aquellos a quienes acusa. Pero hay algo peor: si nunca ha tenido pruebas, y aun así los acusó, entonces es un difamador.

En respuesta al agravio causado, el pasado lunes 29 de agosto, en diversos estados del país y en la CDMX, la base trabajadora del PJF comenzó a hacer paros de labores. Ese mismo día, juezas, jueces, magistradas y magistrados que conforman los diversos juzgados y tribunales del PJF votaron a favor de suspender las labores jurisdiccionales (más de 1200 de un total de 1402, esto es, superior al 86%). ¿Qué significa esto? Que tendremos un cierre, casi total (excepto casos urgentes), de la justicia federal. Las mexicanas y los mexicanos, a partir del primer minuto del 21 de agosto, nos quedamos sin la posibilidad de acudir ante un juez o un tribunal federal que nos proteja y nos ampare en contra de las arbitrariedades de las autoridades. A ver si así logramos valorarlos en su justa medida. 

En lo personal, considero que es una medida sumamente grave, pero necesaria. En todo momento he sostenido, y ahora lo reafirmo públicamente, mi respaldo a cualquier protesta que realice el PJF en defensa de la independencia judicial, de la división de poderes, de la democracia y, en última instancia, de la República, antes de terminar de convertirnos en una dictadura, como ha sucedido en países como Venezuela. E invito, también públicamente, a las barras y colegios de abogados, a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil, a los partidos políticos de oposición, a cualquier persona, a que se sumen a este reclamo legítimo. Lo poco rescatable que aún queda de México está en peligro de desaparecer. Y será imposible recuperarlo en el corto plazo.

En lo particular, como abogado, no será nada fácil trabajar sin contar con los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, habrá que explicarle a cada cliente que este cierre es por un bien mayor: es para que sigamos teniendo tribunales independientes del poder público y, sobre todo, para no vivir sometidos a un partido, ni besándoles los pies a político/a alguno, porque esa será la única forma de ganar un litigio a partir de ahora, en caso de que logren aprobar la reforma judicial. Espero y confío en que no pasará, aunque espero el pronunciamiento de las y los ministros que integran la propia Suprema Corte de Justicia, respaldando a los operadores judiciales.

Y si al Poder Judicial federal le aplican la ley del garrote, al de Colima están queriendo que acepte la ley de la zanahoria. El pasado 08 de agosto, la gobernadora publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto 479, por el que se adicionó un artículo transitorio a la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos delEstado de Colima y, además, tres artículos transitorios a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de incentivar a diversos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que acepten jubilarse o pensionarse y, así, le dejen algunos espacios disponibles a la gobernadora para que pueda acomodar ahí a su gente. 

En principio, llama la atención la incompetencia y la ineptitud de quienes asesoran jurídicamente a Indira Vizcaíno (y de ella misma, pues recordemos que es abogada y hasta maestra en derechos humanos) para llevar a buen puerto el proceso que inició el pasado mes de enero para evaluar a diversas magistraturas del citado tribunal. Hasta ahora, solo han terminado el de la Magistrada Lilia Hernández, y aunque el Consejero Roberto Rubio la presionó de todas las formas posibles para que le cediera su lugar, no les quedó de otra más que ratificarla. En cuanto a las tres magistraturas restantes, a dos les acaban de conceder suspensión el Tribunal Colegiado de este circuito, así que solo les queda apropiarse del espacio del todavía magistrado René Rodríguez. 

Pero como va a ser difícil quitarle el lugar al único que pueden hacerlo, no le quedó de otra a Indira que cargarle al erario sus caprichos. Por eso instruyó a sus obedientes legisladores que le aprobaran esta reforma, mediante la cual se autoriza que, si un magistrado acepta jubilarse, el IPECOL le apruebe una pensión por la cantidad tope, esto es, por un poco más de 52 mil pesos y, al mismo tiempo, con cargo a su presupuesto (como si no hubiera necesidad de gastar el dinero en otros rubros), el Poder Judicial del Estado le cubrirá, adicionalmente, la cantidad que falte para completar lo que actualmente percibe. Esto quiere decir que, sin tener derecho a ello, les pagarían entre 60 y 70 mil pesos más, aparte de la pensión que sí les corresponde, todo con tal de que le generen vacantes a Indira para que nombre ahí a sus cuates (y cuatas también). 

Hay que decirlo con todas sus letras, esta reforma es abiertamente inconstitucional. Violenta el principio de igualdad, al dar un trato diferenciado e injustificado a quienes desempeñan una magistratura, ya que estas nuevas disposiciones no se aplicarían a ninguna otra persona que labore para el estado o algún municipio. ¿No que no quieren privilegios? Además, la reforma es inequitativa y no es proporcional, ya que esos magistrados no han pagado cuotas para tener derecho a una pensión por el 100% de sus actuales percepciones, de ahí que tampoco tendría viabilidad financiera. Debe ser impugnada; esperemos que tanto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, como los sindicatos de burócratas en lo particular, impugnen este despropósito. No puede permitirse un abuso de esa naturaleza. Mejor ese dinero debería utilizarlo la gobernadora para cubrir lo que adeuda actualmente al IPECOL, que es mucho.

En las próximas semanas veremos quiénes son los magistrados que se evidenciarán como mercenarios de la justicia, aceptando este ofrecimiento tan indigno. Hagan sus apuestas a ver quién será el primero que le gane el hambre desmedida y la ambición del dinero… Es cuánto.

OTROSÍ 1. Aunque pasó desapercibido, es relevante destacar que ya se autorizó la jubilación de la magistrada María Elena Díaz Rivera, quien fungía como Presidenta del Tribunal Electoral del Estado. Dentro del paquete de pensiones que se publicó en el Periódico Oficial la semana pasada, se aprobó que le paguen más de $52,000 pesos mensuales. Qué triste para ella que no le tocó el ofrecimiento especial que la gobernadora le hizo a las magistraturas del Supremo Tribunal. No hubo zanahoria para la magistrada Díaz Rivera.

OTROSÍ 2. La Sala Regional Toluca confirmó la validez del triunfo de Riult Rivera como alcalde del municipio de Colima, para que sea el próximo presidente municipal de nuestra ciudad capital. A pesar de las impugnaciones que promovieron en su contra, se está confirmando la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a su favor.

OTROSÍ 3. Ante el cierre de la justicia federal, llama la atención que los juzgadores locales no se pronuncien al respecto. ¿Por qué no reclaman? ¿Por qué no respaldan a sus colegas? Seguramente creen que no les afecta, y no es así. No obstante, hay que recordarles que ahora tendrán a su cargo una tarea muy importante, ya que, si alguien lo necesita, la ley establece que en situaciones como ésta el amparo podría promoverse ante la justicia local (en este caso deberá, porque será la única opción disponible). En resumen, ahora que están suspendidas las labores en el Poder Judicial de la Federación, la carga de trabajo que ordinariamente enfrentan deberá ser atendida por los tribunales locales. Ni modo, es el precio por cubrir a cambio de permanecer callado ante el atropello que se está produciendo frente a sus ojos.