Sociedad política colimense debe deslindarse del narco

Columna

El Puercoespín

Una característica de los gobiernos locales es su vinculación directa con el narco. El narco pone y quita gobernadores con el poder del dinero.

Según Ricardo Ravelo, los procesos están cambiando. En el caso de las gubernaturas, antes los políticos ponían condiciones a los narcos para poder operar en las plazas, pero esto ya cambió, y ahora, los narcos, por vía del financiamiento de campañas, impone al títere de su conveniencia, designando directamente a los funcionarios del gabinete, así ocurre también con los presidentes municipales. A continuación, el ejemplo de Morelos. El gobernador “Jorge Carrillo Olea — gobernó de 1993 a 1998—, quien fue vinculado con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos; Sergio Estrada Cajigal —con igual condición desde 2000 hasta 2006, relacionado con Juan José Esparragoza, El Azul—; Marco Adame Castillo también enfrentó escándalos similares. Ninguno de los tres ha pisado la cárcel. Adame Castillo gobernó de 2006 a 2012. En mayo de 2009 el Movimiento Magisterial de Bases demandó al Congreso del Estado de Morelos un juicio político en su contra debido a los escándalos de corrupción en que incurrió. El más fuerte, el arraigo por la Siedo de su secretario de Seguridad Pública —Luis Ángel Cabeza de Vaca— acusado de tener nexos con el narcotráfico. Como medida de protesta, los docentes sacaron a relucir pancartas plagadas de consignas: “¡Juicio político a ‘Narco’ Adame y a Sergio Álvarez ‘Rata’!”, también gritaban en coro frente al Palacio de Gobierno morelense. De forma similar, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo se ha caracterizado por las balaceras, matanzas, robo de autos, secuestros y otros delitos.”

El partido por el que llegan no modifica las maneras de operar, nada cambia, lo único verdaderamente apreciable es que el crimen organizado cada vez es menos invisible y su visibilidad no es producto de que se les haya pillado, sino que ellos mismos buscan ser visibles ante la sociedad.

Colima, Michoacán, Guerrero, Nayarit, entre otros estados, están dentro de las entidades federativas donde cada vez es más evidente la presencia del narco en el control de los puestos públicos.

Ningún partido político ha planteado la desvinculación pública de los políticos y el narco, ninguno. Desde tiempos de Elías Zamora fue ostentoso y descarado el vínculo entre sociedad política y crimen organizado. Son públicas las fotos de Juan Manuel Salcido Uzeta, mejor conocido como el Cochiloco, en giras de trabajo de Elías Zamora por el estado. A propósito, la gobernadora no pierde oportunidad de presumir su parentesco familiar con Elías Zamora, al que llama tío, con timbre de orgullo. Tener un tío, ex gobernador, fotografiado con un narco da caché.

Los panistas, en Colima, en los tiempos de Fox y Calderón, hacían la broma de que cada político tenía un narco de cabecera. Hasta un mediocre ex presidente municipal panista de Colima presumía públicamente su cercanía con Germán Torres Anguiano, dueño del restaurante El Marino Corp, ubicado en Villa de Álvarez.

Ricardo Ravelo también, en su libro El amo de Jalisco un gobierno con estructura criminal revela lo siguiente: “Desde la segunda mitad del siglo xx, Jalisco se convirtió en refugio seguro para familiares de narcotraficantes emblemáticos. El territorio pasó a ser estratégicamente importante por su cercanía con los puertos del Pacífico mexicano. Consecuencia de esas complejas transformaciones, el cjng se ha especializado en el tráfico de drogas químicas, entre otras, del fentanilo, que elabora con precursores traídos de Alemania e Indonesia y que luego de procesarlas, quedan listos para exportarse a Estados Unidos por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los cuales mantienen bajo su control a base de cañonazos de dólares y amenazas.”

En otras palabras, en Jalisco están los laboratorios productores de las drogas producidas por el CJNG y Colima está convertido en un corredor de transito vía la aduana portuaria. Entonces cobra sentido la urgencia de la gobernadora y su pandilla por imponer en el puerto a una incondicional que garantice los negocios.

Recientemente durante el operativo de la Sedena en Tapalpa, donde se castigó a un grupo de criminales que asesinaron a un coronel del Ejército mexicano, se tuvieron ecos de esas contiendas en Colima, ya que, varios establecimientos comerciales fueron incendiados y otros tantos asaltados; sin embargo, el gobierno de Colima no hizo nada, permaneció congelado, se comportó como si nada hubiera sucedido y los criminales actuaron como Juan por su casa.

En un principio, para justificar su fracaso en Seguridad, la gobernadora pretendió victimizarse y el presidente -cómplice de la misma farsa- hizo la declaración pública donde dijo que la gobernadora se encontraba amenazada de muerte por el crimen organizado, lo cual, a juzgar por los actos de la responsable del Ejecutivo estatal, no resultan convincentes, pues ella se hizo célebre, a nivel nacional, por cantar en el foro principal de la Feria de Colima la canción Jefe de jefes que celebra al mayor criminal y referente de los actuales delincuentes.

El gobierno de Indira en lugar de combatir al crimen organizado da muestras de todo lo contrario. Los homicidios dolosos van en aumento, lo que significa que al crimen organizado lo dejan operar a sus anchas. En lugar de combatir a los corruptos responsables que dejaron las finanzas públicas colapsadas, ha optado por emplear la procuración de la justicia para todo lo contrario, combatir a las personas que mejor están trabajando, en su ámbito de competencia, para hacer un buen gobierno como es el caso de Martha Zepeda y Griselda Martínez en el puerto de Manzanillo, que resulta estratégico para la pacificación del estado. Si la gobernadora las sigue combatiendo e impulsando a una inútil para operar en ese importante puerto lo único que podemos deducir es que los criminales tienen en Indira una aliada de ocasión, víctima de su ineptitud, o definitivamente, a un miembro más de la organización.

Sería conveniente un deslinde público para que se aclare para quién trabaja la gobernadora. O trabaja para los habitantes de Colima o trabaja para alguien más.

La sociedad política colimense está nadando de muertito y ve los actos criminales que nos rodean y son tan cobardes, o cómplices, que no se deslindan del crimen organizado. ¿Por qué será?

Los colimenses tenemos derecho a saber.

La política, lo hemos aprendido en el transcurso de estos tiempos convulsionados, es muy importante, por lo que resulta irresponsable dejarla en manos de narco-políticos.

El vínculo entre políticos y narco debe disolverse ya.