FGE: el laboratorio de la ignominia

Lo ocurrido el viernes pasado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum es sumamente preocupante. Mientras la gobernadora Indira Vizcaíno presumía el “desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo” en Villa de Álvarez —repitiendo el boletín oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE)—, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, le devolvió la realidad con un balde de agua fría: “No había laboratorio confirmado… solo almacenamiento”.

La contradicción no es menor. En términos de seguridad, hay una distancia abismal entre una bodega de almacenamiento y un centro de producción. La primera habla de logística; el segundo, de infraestructura química. Pero en términos políticos e internacionales, la diferencia es, literalmente, el argumento que Estados Unidos necesita para justificar una intervención en suelo mexicano.

La insistencia de la FGE Colima en mantener un comunicado que ya fue desmentido por la máxima autoridad de seguridad en el país es una irresponsabilidad de proporciones mayúsculas. Mientras el gobierno de Donald Trump amaga con utilizar misiles contra los cárteles terroristas y los supuestos laboratorios, las autoridades locales de Colima parecen ignorar que sus “errores” de redacción son los insumos que alimentan la narrativa intervencionista.

Si en México se fabrica fentanilo, se le da la razón a los sectores más radicales de la derecha estadounidense. Por eso, que una Fiscalía estatal invente o “infle” un laboratorio donde solo hay catorce millones de dosis en bolsas y pastillas almacenadas, no es una pifia publicitaria; es un atentado contra la estrategia de defensa de la soberanía nacional.

¿Por qué la FGE Colima, a cargo de Bryant Alejandro García Ramírez, no ha emitido una fe de erratas? El silencio de la institución, ante el desmentido público de Harfuch, solo puede interpretarse de dos formas: o existe una soberbia burocrática que les impide reconocer el error, o hay una negligencia técnica tan profunda que ni siquiera saben lo que incautaron.

El protocolo de comunicación en crisis dicta que, ante una contradicción de este calibre, la institución debe aclarar el origen de la discrepancia. Al no hacerlo, la FGE deja a la gobernadora en la indefensión política y al estado de Colima como un ente que miente para inflar sus indicadores de éxito.

Un fiscal que ni aclara ni desmiente, que deja pasar el tiempo esperando que el ruido pase, es un funcionario que ha renunciado a su obligación de informar con veracidad. La justicia en Colima no puede ser una narrativa de ficción diseñada para el aplauso fácil en las mesas de coordinación.

El fentanilo es hoy la palabra más peligrosa del mundo. Usarla con ligereza para “colgarse una medalla” es jugar con fuego en una habitación llena de gasolina. La FGE debe una explicación, no solo a los colimenses, sino a un país que hoy, más que nunca, exige certidumbre y no laboratorios imaginarios fabricados por el hambre de propaganda.