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COLIMA

En Colima: impunidad; en otros estados: exgobernadores en la cárcel

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Colima, México, Avanzada (19/11/2023).- Mientras en otros estados los exgobernadores han pisado la cárcel por delitos cometidos durante su gestión, en Colima los políticos son poco menos que virtuosos, ninguno ha estado tras las rejas.

En Sonora, el exgobernador Guillermo Padrés estuvo en prisión dos años acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. En Nayarit, el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda permanece en prisión desde junio de 2021, sujeto a varios procesos penales en su contra, actualmente: por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo mismo sucede con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, permanece en prisión desde hace más de seis años, actualmente sujeto a proceso por desaparición forzada.

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva expía una pena de 28 años de prisión por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud. El exgobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, permaneció cuatro años en prisión acusado de tener nexos con el crimen organizado. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, estuvo preso en el penal de Apodaca acusado por delitos electorales y abuso de autoridad.

El caso Mario Anguiano

A pesar de acusaciones probadas, el exgobernador priista Mario Anguiano Moreno continúa circulando impune, desafiando las acusaciones en medio de la ineficacia del Congreso del Estado para cobrar los 515 millones de pesos que adeuda y la complacencia del gobierno de Indira Vizcaíno Silva.

El exmandatario, acusado de peculado y desvío de recursos, cumple este noviembre ocho años desde que dejó la titularidad del Poder Ejecutivo en Colima. Las acusaciones se remontan a octubre de 2016, cuando una auditoría del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) reveló el desvío de más de 2 mil millones de pesos durante los últimos tres años de su gobierno (2009-2015).

El informe del entonces auditor estatal, Armando Zamora González, destacó peculados notorios en servicios personales, donde se desviaron originalmente mil 867 millones de pesos presupuestados para obra pública. Asimismo, se revelaron gastos indebidos en alcohol, viajes y comidas por un monto de 6 millones 578 mil pesos del despacho del gobernador.

A pesar de las siete denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la simulación de reintegros de fondos federales, el exgobernador se enfrentó a consecuencias legales dos años después, cuando el Congreso local lo sancionó en septiembre de 2018 con una multa de 515 millones 174 mil 928 pesos y la propuesta de inhabilitación por hasta 14 años para ocupar cargos públicos.

Sin embargo, el exmandatario ha eludido el pago de la multa, alegando falta de solvencia económica en una declaración hecha en febrero de 2020 ante la Fiscalía General del Estado. A pesar de las acusaciones y la sanción, Mario Anguiano continúa participando en eventos públicos, campañas electorales y hasta formando asociaciones civiles, como “Actuemos Colima Ahora”, desde donde critica la administración estatal actual.

La falta de acción del Congreso, actualmente con mayoría de diputados de Morena y partidos aliados, así como la indiferencia del gobierno de Indira Vizcaíno respecto al pago de la multa, evidencian la impunidad que rodea el caso. Con recursos legales agotados, el exgobernador podría apostar a que la sanción prescriba en 2025, mientras la complacencia y la mayoría política morenista en el Congreso y el Ejecutivo persisten, exhibiendo la cara de la impunidad en Colima.

José Ignacio Peralta: vive feliz, ¡seguro!

A pesar de enfrentar una decena de denuncias por presuntos actos delictivos desde antes de concluir su sexenio, José Ignacio Peralta Sánchez, exgobernador de Colima, sigue sin ser objeto de acciones judiciales por parte de las autoridades encargadas de investigarlo y enjuiciarlo.

En 2020, la Fiscalía Anticorrupción recibió dos denuncias presentadas por la diputada morenista Claudia Gabriela Aguirre Luna. La primera, el 14 de junio, relacionada con presunto peculado en la construcción y equipamiento del C5. La segunda, el 19 de junio, vinculada a la retención de cuotas de trabajadores que no fueron depositadas al IPECOL.

En septiembre de 2021, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado denunció al entonces gobernador por la misma razón. El diputado Carlos Farías del Partido del Trabajo también solicitó a la Fiscalía abrir una investigación tras declaraciones de Mario Anguiano Moreno sobre posibles irregularidades en la compra de terrenos y antiguas instalaciones militares.

Casi al final de su mandato, Peralta fue denunciado nuevamente por jubilados y pensionados, quienes alegaron que utilizaron fondos destinados a sus pensiones para pagar deudas bancarias por mil millones de pesos, afectado a 750 jubilados.

En enero de 2022, la actual gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, anunció una denuncia penal por un presunto desvío de 400 millones de pesos en la construcción del centro de mando C5i. Además, se interpusieron denuncias sobre basificaciones ilegales, venta de inmuebles del Insuvi y la adquisición irregular de un sistema informático.

A pesar de estas denuncias, Peralta Sánchez sigue sin enfrentar consecuencias legales. La falta de acciones judiciales ha suscitado críticas por la inacción en la procuración de justicia y desconfianza en la población hacia la gobernadora, por su incumplimiento en su promesa de devolver al pueblo lo que le pertenece.

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