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COLIMA

Las componendas de los políticos a juicio público

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Columna

El Puercoespín 

El debate público entre Griselda Martínez y Gabriela Benavidez no es una disputa vulgar entre políticas que debaten asuntos concretos de sus intereses facciosos o personales.

La verdadera discusión de fondo es la puesta a juicio público de las componendas, complicidades, corruptelas del gobierno del estado y sus aliados, todos impresentables.

La disputa pública que involucra a la gobernadora, a una senadora y una presidenta municipal va más allá de una simple disputa facciosa. De inicio lo es, pero el fondo es más profundo. 

El debate público es producto de una Fiscalía General del Estado incapaz e indolente y el actuar faccioso y a plena disposición de su madrina, la gobernadora, del titular de la dependencia. Una fiscalía inmóvil y facciosa.

También pone de manifiesto el vergonzante papel del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y todo el Poder Judicial estatal que, de acuerdo con la última actuación, donde quedaron a salvo los corruptos miembros del Cabildo de Villa de Álvarez de los tiempos de Felipe Cruz, además exhibieron su proclividad a la componenda.

El debate entre la gobernadora, la senadora y la presidenta municipal exhibe la asociación de los políticos para liquidar a otro grupo, pero que en ese afán político se llevan entre las patas a dos instituciones, supuestamente autónomas, que son expuestas públicamente sus prácticas que, vienen de lejos, pero se rehúsan a abandonar en una sociedad que ya cambió y la gobernadora y la senadora no parecen darse cuenta.

Los casos de Locho, donde se usó el Congreso para exonerarlo; el caso de Felipe Cruz se usó en combinación al Congreso y al STJE para, simulando un proceso de juicio político, para  terminar por exonerarlo; y el caso de Manzanillo, donde pretenden parar las denuncias de corrupción contra la senadora Gabriela Benavidez y su socio Virgilio Mendoza de la presidenta municipal y usan la Fiscalía General de Justicia para chantajear a las presidenta que busca combatir la corrupción, que dicho sea de paso, es la única que lo está haciendo frente a la inacción del resto de los ayuntamientos.

¿Qué estamos viviendo?

Una denuncia del uso descarado y abusivo de los recursos públicos para beneficio personal. Abuso realizado durante su periodo constitucional en la administración municipal, pero lo siguieron haciendo más allá de los tiempos legales.

Gaby Benavidez y Virgilio Mendoza deben de aclarar, ante la sociedad manzanillense en particular y la colimense en general, el asunto de las tarjetas American Express vinculadas a las cuentas del ayuntamiento y que usaron millones de pesos para pagos personales. Deben justificar en forma pormenorizada cómo y para qué usaron los recursos del erario municipal.

Si son inocentes, con las pruebas que presenten públicamente lo podrán demostrar, de lo contrario, solo están intentado enredar más el asunto para crear dudas y confusiones. Eso solo se hace cuando algo se esconde y huele a culpabilidad.

La gobernadora en forma descarada y abusiva está usando las instituciones del gobierno para proteger a sus aliados, para ella, es bien sabido que pone sus intereses facciosos en primer lugar y poco le importa el daño que le está haciendo a las instituciones, supuestamente autónomas, como son la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

Ante el uso faccioso de las instituciones, la discusión en las redes es un espacio alternativo. Las redes sociales, hoy en día, son el escenario de esta disputa porque los medios de comunicación tradicionales también están involucrados en la querella y nos pretenden comunicar que tan solo se trata de una más de las disputas de antaño. No hay causas políticas ni programas que defender solo intereses de los habitantes de los palacios de gobierno estatal y municipales.

Los tiempos de transformación permiten hacer visibles, como nunca, el uso faccioso de las instituciones. Los tiempos son otros y la gobernadora no pondera eso.

La presidenta municipal de Manzanillo decidió litigar en las redes sociales porque la Fiscalía General del Estado está inmovilizada y manipulada por la gobernadora; no se confía en los tribunales porque éstos también dieron muestras de estar en el juego de facciones políticas, pues no entienden la política de otra manera.

La presidenta municipal de Manzanillo es quizá la política que tiene muy claro el papel preponderante que está jugando la sociedad y la está metiendo a la cancha.

Se está litigando en las redes es porque los procuradores y los juzgadores están desprestigiados y han perdido la confianza de casi todos los ciudadanos, un porcentaje muy elevado de los ciudadanos no confía en los jueces y tribunales. Su reputación es muy mala. Litigar ante la sociedad tiene más sentido y consecuencias. Ni las fiscalías ni los jueces castigan a los criminales, al contrario, los liberan.

 Tiene más forma, sentido y consecuencias políticas litigar en las redes sociales de lo que imaginan los políticos que en los tribunales.

El veredicto de la sociedad, no se ve ni se notifica en forma inmediata, pero su veredicto será implacable.

El gobierno del estado y sus aliados utilizarán a todos sus chayoteros para intentar crear una narrativa que justifique, en el corto y mediano plazos, el uso de la Fiscalía y al Poder Judicial, pero son tan torpes y la sociedad está tan politizada que no prosperarán y harán nuevamente el ridículo.

Básicamente, las componendas de los políticos aliados -del pasado y actuales- al gobierno del estado son los que están realmente en el banquillo de los acusados.

No olvidemos que la corrupción sigue siendo un rubro que lo tiene la gente muy presente en su agenda. Por cierto, según la empresa demoscópica Transparency International, el 60 % de los mexicanos piensa que la corrupción creció en los doce meses de 2022, por tanto, la corrupción es una asignatura pendiente que deja el gobierno de Amlo.

Lo único cierto en Colima es que el manejo de las instituciones por parte de Indira son un desastre y el único contrapeso político real es el del grupo político de Griselda Martínez en Manzanillo y, por lo tanto, es perfectamente entendible la búsqueda de Indira y todo el ejercito de priistas aliados de la destrucción de sus competidores políticos exitosos y con amplios consensos políticos dentro de la sociedad colimense.

La pobreza de resultados de Indira y su gobierno, su vulgar ambición de poder y sus venganzas personales, además de la envidia personal frente a una política con resultados, son los móviles de la facción de Indira para justificar el uso de las instituciones gubernamentales para destruir a sus enemigos políticos.

Al final de cuentas son dos proyectos en pugna: la corrupción de Indira versus la Cuarta Transformación representada por Griselda Martínez.

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