Se impuso la política y perdió la justicia

Columna

El Puercoespín

Se impuso la política y perdió la justicia: Felipe Cruz Calvario, Karina Heredia, Héctor Magaña, Perla Vásquez no fueron declarados inocentes, pero tampoco culpables, y, dado el empate técnico, quedaron a salvo de la aplicación de la justicia. La indefinición los salvó, pero los acusados fueron incapaces de demostrar su inocencia, también la indefinición así lo demuestra.

Los magistrados miembros del Supremo Tribunal de Justicia del Estado votaron de la siguiente manera: a favor de castigarlos, Juan Carlos Montes, Lilia Hernández, Rafael García, René Rodríguez, y José Alfredo Jiménez; en contra de castigarlos, María Luisa Ruiz, Leticia Chávez, Miguel García de la Mora, Sergio Marcelino Bravo y Bernardo Salazar. Con esta resolución los derechos de Felipe y sus amigos quedan a salvo y rechinando de limpios.

La fiesta de la corrupción seguirá para estos políticos que ya aprendieron que se puede violar la ley y, efectivamente, aunque se proceda y se instaure un juicio, finalmente, no pasará nada.

Este episodio dio una muestra concreta de cómo los políticos usan las instituciones para muchas cosas, menos para aplicar justicia.

La sociedad política se comporta -no muy distinta a la nacional- aldeana y prístinamente en el manejo de las instituciones y los recursos para la aplicación de la justicia.

Como malos políticos terminaron haciendo cada grupo político, de la oposición y del gobierno, lo necesario para hacer prosperar sus intereses y la ampliación de sus espacios hegemónicos.

La gobernadora manejó al Congreso para procesar al Ayuntamiento de Villa de Álvarez -presidido por Felipe Cruz (2018-2021)-, pero los miembros del ayuntamiento usaron a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para contrarrestar las acusaciones.

Los partidos políticos, las organizaciones civiles y los interesados vinculados al STJE, los medios y los analistas políticos vieron el caso como el enfrentamiento dos bandos donde “ganó” el que fue capaz de imponer sus intereses a través de todos los medios -chantaje, cabildeo o presiones- y demostró por qué es el predominante, como si se tratara de una virtud o procedimientos válidos, tanto políticos, como éticos.

En el fondo vieron en ese proceso legal, ese juicio político, una extensión de la cancha política que quien ganara sería el más gandalla.

El resultado fue un empate técnico que terminó beneficiando a los acusados.

Los opositores al gobierno de Indira verán un triunfo de la oposición y los partidarios de Indira verán un bloqueo de los conservadores. En el clásico infantilismo de ver la política a través del análisis palaciego de la misma, protegerse entre bandos opositores es natural, necesario, deseable, moral y políticamente válido y donde la gana el más hábil o el más sinvergüenza o el más gandalla.

Y los ciudadanos estamos viendo una disputa entre facciones de la sociedad política que usan las instituciones y los instrumentos de éstas, como el juicio político, para dirimir sus contradicciones y dejando a un lado la defensa de los intereses de las instituciones del Estado mexicano y los intereses de los ciudadanos.

El no haberse hecho justicia es una derrota para los ciudadanos. En estas disputas políticas los ciudadanos seguimos siendo invitados de piedra. La disputa es, pues, entre sinvergüenzas.

El empate sospechoso o pacto entre sinvergüenzas

El empate bien pudo haber sido un acuerdo entre sinvergüenzas que solo simulan buscar justicia, pero solamente en el mundo de las apariencias. En el fondo es quizá una forma muy ingeniosa, según ellos, donde todos ganan.

Con el empate nadie salió lastimado. Los jueces, dirán muchos, dieron muestra de ser independientes, la gobernadora se verá como un Ejecutivo que lucha en el seno del Congreso y empuja justicia, pero la decisión equilibrada en el STJE salvará a los acusados, que, dicho sea de paso, ese mismo día, desde temprano, se declararon perseguidos políticos, la clásica vía de la victimización que suele funcionar, pues la falta de autoridad moral del gobierno local se los permite.

Todos gana, nadie pierde. Ganó la gobernadora, ganó el Congreso, ganaron los jueces, ganaron los sinvergüenzas. ¿Quiénes perdieron? La justicia y los ciudadanos.

Al final de cuentas Felipe y sus cómplices volverán a la carga a buscar nuevos cargos políticos, al igual que lo hará Leoncio Morán que fue exonerado por el Congreso, allí sí, en una descarada decisión política del contubernio de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que al final de cuentas todos se verán muy campantes gastándose el presupuesto de los colimenses en las próximas elecciones.

Perdimos los ciudadanos, ganaron los políticos de siempre, así estén en el bando de la oposición o del gobierno.

Se impuso la política y perdieron la justicia y los colimenses.

Los ciudadanos lo tenemos muy claro si los políticos cometieron delitos éstos deben de ser castigados.

Si Felipe Cruz cometió un delito debe pagarlo; si Locho Moran cometió un delito debe ser castigado. Lo que estamos viendo es un juego de artificios en un mundo aparte de los ciudadanos, un mundo de artificios, un juego de mascaradas donde los ciudadanos los vemos corromperse. Montan dramas que, lo único que logran, es proyectar una sociedad política colimense patética.

Discutirlo a través del análisis palaciego solo lleva a inventar héroes y villanos que luchan por la justicia, buenos y malos que no existen, cosas muy lejanas a la realidad política local. Juegos fatuos.

Los juicios políticos en el Congreso y su culminación en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado solo fueron montajes para a seguir usufructuando los recursos del gobierno por todos, gobierno y oposición.