Revocación de mandato obligatoria

Columna

El Puercoespín 

La sociedad política colimense -todos los partidos incluidos- no parece darse por enterada de las demandas de la sociedad que buscan gobiernos sin corrupción y que éstos cumplan con las propuestas publicitadas en las campañas políticas, es decir, un proyecto mínimo.

La sociedad también está demandando consistentemente la legislación que dé vida a instrumentos concretos para destituir al gobierno electo, en el caso de no ajustarse a los estándares de eficacia y no cumplir con índices aceptables de probidad.

Contrariamente, todos los partidos y los gobiernos que encabezan dedican toda su fuerza política para alejarse de la sociedad y que ésta última participe, lo menos posible, en la vida pública para ellos hacer y deshacer a discrecionalidad.

Cada día, con más fuerza y elevación de voces, las sociedades locales están demandando la legislación de instrumentos democráticos como revocación de mandato y consulta popular.

La revocación de mandato, en Colima, está aprobada a medias y con la total convicción del gobierno estatal y los partidos de oposición de imponer toda suerte de trabas y requisitos para que, en la práctica, la revocación de mandato se convierta en un instrumento difícil de aplicar, provocando el desánimo de los ciudadanos y éstos terminen por rendirse y no buscar más la instrumentación del mecanismo democrático.

Revocación de mandato sin trámites

Los gobernadores, por ley, deberían de poner a disposición de los ciudadanos su puesto en las elecciones intermedias sin que nadie lo demande ni interponga solicitudes de aplicación ninguna.

Todo gobernador, por ley, debería poner el cargo a disposición de los ciudadanos haya tenido, o no, buen desempeño, lo demanden, o no, parte de la sociedad.

En la actualidad para que la revocación de mandato sea una realidad es necesario cubrir requisitos, casi imposibles, de cumplir por los ciudadanos ordinarios. En la actualidad el inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al diez por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores en el estado de Colima, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos seis municipios de la entidad y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una (sic) de ellos, pero, debiendo en su conjunto representar cuando menos el diez por ciento del listado estatal de referencia, además si se llega a realizar el proceso, según el artículo siete de la Constitución, será vinculante cuando participen al menos el 40 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Además, el proceso electoral implica gastos y movilización después de un año de haber realizado una elección intermedia. Lo que significaría, en términos reales, vivir en constante procesos electorales desgastantes y seguir en la inoperancia de siempre.

Por ello, es importante que los gobernadores pongan a disposición de los ciudadanos en las elecciones intermedias donde los ciudadanos tendríamos las siguientes ventajas: primero, se eliminarían los requisitos desgastantes de recaudar firmas; segundo, a los tres primeros años de ejercicio del Ejecutivo se estaría haciendo una suerte de referéndum sobre su desempeño y eficacia en la instrumentación de proyectos ofrecidos en campaña.

Lo anterior provocaría que los gobernadores, si ganan la consulta de permanencia, rectificar o ahondar en sus métodos de desempeño; o en su caso, hacer las modificaciones necesarias para rectificar y mejorar su trabajo.

Y en caso de perder sería relevado en su puesto en una elección extraordinaria.

Poner a disposición de los ciudadanos el cargo en las elecciones intermedias provocaría que los gobernadores se aplicaran en su trabajo y procurarían resultados tangibles.

Los desempeños gubernamentales de Mario Anguiano Moreno y José Ignacio Peralta Sánchez fueron para el olvido; sin embargo, los colimense tuvimos que aguantarlos hasta el final de sus periodos constitucionales porque, en la ley, no existía el instrumento necesario para revocarles el mandato.

Indira Vizcaíno Silva en los años que lleva al frente del Poder Ejecutivo ha tenido un pésimo desempeño; sin embargo, aunque existe la ley de revocación de mandato, ella, los diputados de Morena y sus aliados como el PT y el Verde en el Congreso, así como parte de la oposición se han unido para que no se aplique la ley de revocación de mandato sino hasta terminando su periodo.

Como lo hemos experimentado los colimenses toda la sociedad política ha luchado, de una forma u otra, en hacer casi imposible aplicar la ley de revocación de mandato, para ellos, permanecer impunes en el poder haciendo y robando a manos anchas.

La revocación de mandato debe ser expedita, para ello, es necesario que los gobernadores pongan a disposición de los ciudadanos su puesto en las elecciones intermedias obligatoriamente, por lo tanto, ganaríamos todos y nos ahorraríamos esfuerzo y dinero que, bien podría emplearse, en programas de beneficio universal.